POSADAS. Con el camino hacia la despenalización del consumo de drogas que empieza a liberarse a raíz del proyecto que fue analizado la semana pasada en Diputados (y de ser votado en el recinto modificará la Ley 23.737 en artículos clave que descriminalizarán el uso personal y permitirán el autocultivo de marihuana); PRIMERA EDICIÓN indagó con profesionales locales de la salud, del derecho y referentes sociales a fin de interpretar la especial mirada que debe hacerse en Misiones, teniendo en cuenta que se trata de una provincia fronteriza considerada zona de alto tráfico y consumo de estupefacientes y donde tanto los hospitales públicos, como el monoclínico Manantial, están saturados, indicaron en la charla. En lo que hubo coincidencia total fue en que de “modificarse la ley se logrará un gran avance, ya que se dejará de ver como criminal al consumidor”. En este sentido, el abogado penalista Eduardo Paredes argumentó que “mientras esté vigente la Ley 23.737 se sigue criminalizando al consumidor. Actualmente la prohibición genera todo un ámbito donde el estado no tiene control y la situación se maneja de modo represivo. En ese sentido, la eliminación del artículo 14 de esa ley va a tener efecto”, señaló Paredes para quien, en cualquier caso “se está tomando una medida insuficiente. Yo sostengo, siguiendo el pensamiento de importantes constitucionalistas, que lo que hay que eliminar es la política de prohibición. Debería eliminarse todo tipo de prohibicionismo en el tema drogas. Está demostrado históricamente que todo lo que se prohíbe genera mafias. Prohibiendo las drogas también es un modo de explotar -por izquierda- a los sectores excluidos que con lo único que consiguen rentabilidad es con el tráfico ilegal y los Estados hacen que combaten pero en realidad permiten un montón de economías informales que generan grandes sumas de dinero que van a parar a los paraísos fiscales”, argumentó. Si se analiza la cuestión desde el punto de vista de profesionales de la salud, la mirada sobre la modificación de la norma en Misiones “es de preocupación para ver cómo se articula la modificación con políticas de salud públicas”, según los términos de licenciada en psicología Aidé Lohaiza, con posgrado sobre asistencia en ludopatía y otras socioadicciones. “Como profesional me parece perfecto que no criminalicen más al consumidor porque no es un criminal. Pero de ahí a que se pueda fumar libremente no estoy de acuerdo, porque no estamos hablando de fumar un simple cigarrillo, ya que un cigarrillo de marihuana es muchísimo más nocivo. El cigarrillo es cierto que produce cáncer, pero la marihuana ataca primero al cerebro. El primer síntoma es el síndrome a-motivacional (falta de motivación). Es decir que le saca la motivación a la persona, la deja tildada, sin ganas de nada. Paso siguiente, produce envejecimiento celular, algo probado científicamente. Por otro lado, si ya tenemos tantas sustancias legales que hacen daño ¿para qué vamos a agregar una más?”, cuestionó al reclamar que se debe hacer un amplio debate sobre cómo articular la modificación en una provincia como la nuestra. Un problema que no se cómo lo van a solucionar es que las adicciones no son puras, siempre se mezclan. Entonces, con que no criminalicen a los consumidores estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con que deberían hacer un tratamiento hasta que la institución médica certifique que la persona se curó”, sostuvo. Para Lohaiza “habría que empezar una campaña preventiva contra ese pensamiento que se está difundiendo de que la marihuana es una plantita inofensiva, porque no lo es. Los profesionales estamos con muchas dudas con respecto a esto, además en ese proyecto ni en ninguno parecido se nos consultó”. Por último se preguntó “Posadas ¿qué instituciones tiene para abarcar a la población que debe hacer tratamiento de recuperación, que es semanal, individual y familiar? Supongo que estos funcionarios habrán pensado en todo esto. Quiero creer que sí. Estaría bueno empezar una campaña de concientización sobre los efectos dañinos en la salud que causa la marihuana, que están comprobados científicamente, porque no es la plantita inofensiva”, insistió. Rogelio Peralta, laico de la Iglesia catedral y encargado del hogar San José Obrero, donde se trabaja con una población adicta a la droga, alcohol y ludópatas, también fue radical al decir que “en lo personal sostengo que la problemática de la droga no se soluciona con más droga. Otra cosa, creo que el Estado tiene una gran deuda con la sociedad que hasta ahora sigue sin tener el apoyo suficiente y merecido en los centros de apoyo para trabajar con drogadependientes y lo que veo es que se va acrecentar la problemática. Si ahora no podemos contener a los jóvenes o adultos adictos, creo que es muy prematuro habilitar su consumo sin un proyecto de salud pública que acompañe. Lo importante sería trabajar mucho más la cuestión de prevención del consumo en las instituciones educativas”, finalizó el referente. “Posible y necesaria”“Actualmente en lo que respecta a la política nacional sobre drogas, la ley que regula el consumo y tenencia de estupefacientes (23.737) fue promulgada a mediados de los años 70. Su última reforma, realizada durante el gobierno de Menem, la terminó de definir como una marcada persecución a los consumidores, criminalizándolos como delincuentes sólo por consumir o tener drogas para su consumo, sin enfocarse en lo que realmente había que perseguir: el narcotráfico.El resultado de estas políticas que buscaban aminorar el consumo con medidas de prohibición (sin investigaciones ni educación) y a la vez combatir el narcotráfico, no sólo han logrado un colapso en el sistema judicial, con miles de causas por consumo y transporte (mulitas) y persecución en los ámbitos sociales más vulnerables, sino que también ha logrado respaldar el narcotráfico, ya que haciendo foco en la criminalización de usuarios y cultivadores, los índices de detenciones por la Ley 23.737 engordan y no por dar con los narcos justamente. Comprender que una nueva ley de drogas no sólo es posible, sino que es necesaria. Una ley que se ampare en los derechos humanos, que respete las decisiones privadas de los ciudadanos y que deje de condenarte sólo por el hecho de consumir. Que brinde el acceso a la salud en los cas
os de adicciones, no de manera compulsiva a la internación como canje ante la cárcel, sino desde educarte a ser una persona responsable y consciente de tus decisiones. Una política de drogas que aborde el uso de estupefacientes desde la reducción de daños, aceptando la realidad: la gente consume, sea ilegal o no, lo que importa es garantizar el acceso a los servicios de prevención, con programas integrales de atención y tratamientos basados en fundamentos científicos, para asegurar la diversidad de alternativas en los servicios sanitarios. Que se permita la investigación de los usos de cannabis a nivel medicinal y del cáñamo en lo industrial. Consolide el diálogo y la discusión pública (la actual ley condena su abordaje por considerarlo apología). Y que en caso de una problemática de adicción, no genere criminalización desde el Estado, sino abordarlo desde el ámbito de la salud, la familia y el amor”. (…) (*) Por Nadia Presti, de Autocultivo en Misiones fanzine.
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