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Que no se extinga

1 julio, 2018

Si no se trata en este año perderá estado parlamentario. ¿Es la corporación política la que se defiende? Entre el debate por el aborto, el dólar y el Mundial, la iniciativa queda relegada en la agenda.

En 2016, el Congreso de la Nación fue un ejemplo de diálogo democrático. Sobre todo después del último período kirchnerista, donde con la mayoría que ostentaban era difícil que se aprobara una ley que no tuviera el visto bueno del Frente para la Victoria. Menos si tenía que ver con sancionar a los que cometieron actos de corrupción. Ese era un tema que estaba entre los principales reclamos de la sociedad. Atizada por los medios opositores seguramente, también era necesario que se diera alguna nueva respuesta.

Ante hechos de corrupción, los funcionarios estatales llegaban a juicio en promedio, diez años después de denunciado el ilícito. Según el Observatorio de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sólo siete de 63 grandes causas de corrupción investigadas por la Justicia en las últimas dos décadas terminaron con condenas. Muchas quedaron con sentencias excarcelables, fueron menores a tres años, o los funcionarios quedaron amparados en sus fueros como el emblemático caso de Carlos Menem. Siempre acelerados o frenados según el viento político que cruzara la Argentina durante el proceso.

Según publicó en su momento chequeado.com, a fines de 2016 y a diferencia del año anterior, la mayoría de los proyectos se originaron en el Poder Legislativo y no en el Ejecutivo. De las que propuso el Congreso sólo un 10% surgió del Gobierno. De esos pocos de Cambiemos, había uno que tenía alta adhesión en la opinión pública: la ley de Extinción de Dominio.

Impulsado por Elisa Carrió y Graciela Camaño del Frente Renovador, tenía como objetivo rescatar para el Estado los bienes incautados en casos de delitos como el narcotráfico y la corrupción. Los bienes adquiridos con capital ilícito no podían ser legítimos ni podían gozar de protección legal.

El proyecto obtuvo media sanción de Diputados el 23 de junio de ese año. Tuvo 135 votos a favor, cincuenta en contra y tres abstenciones. Los diputados y aliados del kirchnerismo aprobaron el proyecto en general pero advirtieron que se violaba la Constitución. La negativa del Frente para la Victoria radicaba en que la iniciativa habilitaba la incautación de los bienes ya en la etapa de instrucción de la causas. Se dejaba de lado el concepto de presunción de inocencia.

En ese mismo paquete se trató la figura del arrepentido. Se buscaba dotar a la Justicia de una herramienta legal similar a la que existe en Brasil (delación premiada). A los procesados por ilícitos antes mencionados, se les iba a dar la posibilidad de “arrepentirse”, siempre y cuando mencionaran a alguien que hubiera estado por encima suyo en una organización delictiva: cabecillas, jefes, funcionarios, etcétera. Por prestar colaboración, a cambio se le iba reducir la pena, siempre y cuando lo que dijera fuera veraz para desentramar supuestas tramas narcos o de corrupción estatal.

De aprobarse la ley, la idea que tienen los legisladores es que la extinción de dominio corra en forma paralela al proceso penal. Podría crearse un fuero especial o bien un juez civil sería el encargado de llevar adelante la causa para recuperar esos bienes si en la investigación se desprendiera que pudieran pertenecer a ilícitos de lavado de dinero, contrabando, narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, pornografía infantil o financiamiento del terrorismo.

La media sanción fue girada al Senado y en agosto de ese año comenzó a ser debatida en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico. Virginia García, senadora del Frente para la Victoria, puso reparos a cómo había llegado la ley a la Cámara alta. Como se mencionó anteriormente la principal queja era que de no sufrir modificaciones, con una simple imputación, ni siquiera con la configuración de un proceso, el Estado ya iba a poder disponer de los bienes sospechados como ilícitos. “Qué pasará si finalmente no hay condena”, reclamó en el debate.

Dio a entender que actualmente son otros los temas que le preocupan a la sociedad. “…la Ministra de Seguridad se acordará que antes el pedido era ‘que se vayan todos’. Hoy las demandas sociales tienen que ver con el tarifazo, porque la gente llega a su casa y le llega la boleta de la luz, el gas, el agua, sufre el aumento del transporte público, recibe los telegramas de despido… Y no hay que olvidar que todas estas cuestiones están bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional”, sentenció.

Aquí hay que hacer un punto y explicar que la senadora García era en ese entonces la cuñada de Máximo Kirchner (hoy separado de Rocío García). La exfamilia presidencial tiene varias causas complejas en la Justicia como por ejemplo la de asociación ilícita por sus hoteles. En este aspecto es esencial que se tenga en cuenta la presunción de inocencia si se aprueba la ley, pero por más que la dura realidad económica sea la principal preocupación de los argentinos, de haber existido, tampoco se puede soslayar la corrupción porque “hoy la sociedad pide otra cosa”.

El laburante común quiere que la plata le alcance, pero tampoco se puede permitir que vuelva a imponerse el perdón popular del “robaban pero hacían”. Todo depende de cuánta indignación genere ver personas que pasaron por la función pública viviendo en costosas propiedades de la noche a la mañana, cuando la mayoría que se gana la vida de forma honesta apenas rasca el fondo de la olla.

Es cierto, los temas cruciales de la Argentina pasan hoy por otro carril, pero si la media sanción no llega a tratarse en el Senado, este año va a perder estado parlamentario y habrá que volver a empezar de cero. Por ello, está ocurriendo una cosa inédita en nuestra democracia. Desde las redes sociales se lanzó una campaña dirigida contra el jefe de la bancada opositora, Miguel Pichetto, para que habilite el debate.

Según fuentes periodísticas cercanas al mundillo político de Buenos Aires, el pasado fin de semana hubo una reunión entre Sergio Massa y el senador Pichetto para intentar destrabar el tratamiento de la media sanción. La modificación que se propuso fue avanzar en la incautación en casos de narcotráfico, si en la etapa de instrucción el imputado no pudo probar el origen de sus bienes. Y en casos de corrupción, hacerlo sí cuando haya condena firme.

Este miércoles, durante el informe que brindó el jefe de Gabinete Marcos Peña en el Senado, Pichetto se refirió al caso. Explicó que la última dictadura impulsó una medida similar que fue conocida como Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA), a través de la cual, casi sin pruebas expropiaron bienes a Isabel Perón y a otras 80 personas. “Tenía más garantías que la media sanción que votó Diputados en 2016. Creo que había un derecho a la defensa con la CONAREPA. De hecho, mucho no expropiaron, y lo que expropiaron lo tuvieron que devolver y pagar con creces”, afirmó.

También cuestionó una nueva demagogia que se pretende instalar al estilo de Cambiemos. “El Gobierno anterior era garantista ultra, era el modelo de la puerta giratoria. Pero también se puede hacer demagogia aumentando las penas y diciendo que todos los que están en la administración pública son corruptos y hay que aumentarles las penas 20 años”, sentenció.

En pocas palabras, se podría estar otra vez frente a una cuestión corporativista, de cuidar al colega que “está con un problemita de corrupción”, porque para el peronismo es un sacrilegio traicionar a un compañero. En ese sentido el diputado del Frente Renovador Daniel Arroyo explicó: “Creo que hay una parte importante de la política que no quiere aprobarla. Está claro que se decidió mirar para el costado”.

¿Le darán lugar entre tanto lío?

Las últimas dos semanas de Argentina tuvieron un ritmo trepidante. Mientras la inflación se enquistaba cada vez más en la cabeza y los bolsillos de la gente, en Buenos Aires se debatía la sanción al aborto libre legal, seguro y gratuito. Miles de personas acompañaban la propuesta en las calles y las plazas, pero otras miles se oponían en el mismo sentido. Las redes sociales explotaban y en los pasillos de la Cámara de Diputados había un sinfín de negociaciones para cambiar los votos, tanto a favor como en contra. Y la ley tuvo media sanción el 14 de junio después de 20 horas de debate. Fue una verdadera batalla que se libró apelando a discursos muy bien argumentados desde ambas veredas, pero donde también hubo mucho de extremismo discursivo y gráfico. El combate por dar sentido a lo que significa el aborto abrió grietas dentro de la misma grieta.

Ese mismo día, cuando esa palabra se reproducía millones de veces, cuando el verde era el polo visual en las pantallas, cuando gargantas y dedos se desgañitaban de alegría y escozor, dos noticias económicas entraron a los empujones. El dólar sobrepasó la barrera con la que todos los días el Banco Central intentaba frenarlo, ya sin éxito. Subió de 26,50 a 28,40 en un sólo día. Una reunión de urgencia en Olivos del equipo económico con Macri dio las primeras señales. Había un ausente, Federico Sturzenegger, quien renunció alegando que su política monetaria había perdido credibilidad. Ah, y ese día, además, comenzó el Mundial de Rusia.

Ya con Luis Caputo en el Central, la divisa estadounidense pasó los 29 pesos, pero con el correr de los días fluctuó por encima de los 28, para encontrar un nivel de equilibrio que nadie sabe cuánto puede durar. Es como disparar una bala de cañón. El artillero siempre apunta hacia el enemigo, pero si mide mal, el proyectil puede caer sobre los soldados de su propio bando. Este viernes tuvo un salto abrupto y rozó los 30 pesos. Hasta ahora nadie pudo bajar la fiebre.

El veranito que tuvo Cambiemos desde las legislativas de octubre de 2017 se fue retirando lentamente. El empeoramiento de las variables económicas bajo los efectos de la revalorización global del dólar auguran una recesión y una sostenida suba de precios, algo ya reconocido por el Gobierno. Como dijo aquel ministro de Economía en 1959: “Habrá que pasar el invierno”.

El problema es que la economía no se va a calentar ni cuando llegue la primavera. Los economistas advierten que técnicamente la recesión se dará de septiembre en adelante. El jefe de gabinete Marcos Peña reconoció que “habrá algunos meses más recesivos”, un eufemismo que debería interpretarse con más desempleo producto de la caída de la actividad. Al subir el dólar y al tener Argentina una economía sensible al movimiento de esa divisa, seguirá encareciéndose todo, así sea algo que fabrique Don Pepito en un barrio cualquiera.

La suba del “verde” provoca que los salarios valgan menos para poder comprar lo mismo. Ni siquiera el que esté adherido al convenio colectivo de Camioneros podrá igualar al menos la inflación de más de 30% que se proyecta para este año. Aunque, Hugo Moyano aseguró que firmaron la paritaria con acuerdo de revisión inflacionaria. Porque tienen la fuerza, o porque ocupan un lugar estratégico para frenar la actividad, o también por la habilidad negociadora de su líder, con todos los gobiernos el gremio siempre logró acuerdos salariales altos. Esta vez fue de 25%.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo convocó al Consejo Nacional del Salario para la segunda quincena de julio. Aquel 15% que buscaba el Gobierno para las paritarias quedó en la nada. Ahora van a impulsar acuerdos cercanos al 25%. La pelea de Camioneros ayudó a imponer un nuevo piso salarial.

Dénsela a Messi

“La religión es el opio de los pueblos” decía Nietzsche. Nosotros tenemos una que tiene dos dioses paganos. Uno está en el Olimpo. A veces desciende y se muestra a los mortales como un despojo de la elevada grandeza que supo conseguir. El otro, baja y corre. Si no anda cabizbajo tiene la capacidad de darnos dosis de alegría.

El sábado 16 de junio la Selección Argentina debutó en el mundial con Islandia. El partido fue malo, empatamos. Nadie lo esperaba, y tal vez ni siquiera el Gobierno. Pero fueron precavidos, ¿por qué?, porque si cabía la posibilidad de que el partido saliera mal, al menos se aseguraban que, sacar al ministro de Energía, José Aranguren, y al de Producción, Francisco Cabrera, en un mismo día, no hiciera muchas olas. Era sábado, un día en el que los programas políticos de TV y Radio de Buenos Aires están en off. Cuando el lunes retomaron el caso ya habían pasado 48 horas, con el Día del Padre en el medio. Ya sólo quedaban algunos retazos del cambio, producto de los mordiscos de la realidad diaria. Aquí, cada jornada que pasa puede generar movimientos telúricos en la Nación. Cinco presidentes en una semana.

El lunes 25 comenzó la semana con el primer paro realmente importante de la CGT (en realidad fue el tercero) contra el Gobierno de Cambiemos. La adhesión de los gremios del transporte aseguró la eficacia de la medida de fuerza. El principal reclamo era que el Gobierno cambie el modelo económico.

Valga una comparación futbolística, como Bielsa en el Mundial de Corea Japón: el Gobierno “va a morir con la suya”. Es imposible saber cómo estará el país a fin de año o el año que viene. Si no hay una mejoría de seguro sí habrá una mayor conflictividad social, en medio del ajuste.

Cuando estas líneas salgan publicadas la selección ya habrá jugado su partido de octavos de final con Francia. Si ganamos al menos habrá alegría por varios días más. Si perdemos, el dólar volverá a parecer más caro que nunca y los precios no van a parar de subir. De hecho, aunque ganemos el Mundial la euforia durará como mucho una semana, hasta que la realidad se vuelva a imponer y haya que ir al mercadito a dejar la plata con los ecos de la Copa apagándose.

Si le preguntan al vendedor por la ley de extinción de dominio, capaz que no le importe, porque volverá a imponerse el viejo razonamiento popular, “para qué, si igual roban”. De los senadores dependerá que empiece a cambiar el concepto general sobre ellos.

Por Lic. Hernán Centurión

Tags: #FútbolArgentinaDólarEnfoqueGobiernoLatinoaméricaMessiMundialPolíticasuplemento
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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