Desde el sector agropecuario, salió públicamente la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) a advertir que “es urgente que el Gobierno adopte medidas para aligerar la pesada carga de intereses que hoy soportan las PyME agropecuarias, particularmente las localizadas en las economías regionales”.
Para fundamentar su reclamo, explicaron que las estadísticas del Banco Central de la República Argentina muestran que las empresas de primera línea enfrentaron en julio “una tasa promedio de 53% por adelantos en cuenta corriente”.
“Dada la diferencia del orden de 7 puntos que separan a estas firmas de las PyME, se proyecta que la tasa de interés por este concepto se ubicó en torno del 60% para los deudores de las pequeñas y medianas empresas”, afirmaron desde la entidad.
El escaso dinero que circula en las provincias alejadas de los grandes centros urbanos, es utilizado para “atajar” deudas impostergables y, así evitar cerrar las puertas de las empresas. Y el auxilio financiero que se pide a, por ejemplo, los bancos se usa para cubrir gastos que en efectivo y por la producción propia serían imposibles de pagar.
Como ya se ha vivido en otras crisis similares, las deudas impositivas se incrementan como las financieras porque cada vez les alcanza menos a las PyME para subsistir. Es por ello que no pocos municipios e incluso organismos provinciales han lanzado refinanciaciones y moratorias para lograr mantener a los deudores aun cobrables.
El siguiente paso si el Estado no interviene con algún salvavidas, será ver la caída de cientos de PyME ahogadas en las deudas. Y con ellas los empleados que se quedarán sin trabajo profundizando la crisis social en las regiones.
