Ibáñez admitió los hechos ante la Justicia, que lo liberó del proceso, pero lo obligó a pagar una multa de 30 millones de guaraníes (aproximadamente 140 mil pesos), además de realizar donaciones.
Esto desató la indignación ciudadana, que se acrecentó cuando los diputados evitaron la expulsión del legislador a través de un proceso de pérdida de investidura.
Finalmente, Ibáñez no logró sostenerse ante la presión ciudadana, que recurrió a los escraches públicos, y presentó su renuncia poco antes de que se realizara una gran movilización convocada por estudiantes universitarios.
Según trascendió, el propio presidente electo, Mario Abdo Benítez, le habría solicitado al diputado que se aparte del cargo, por el daño que produce esta situación al sector de Colorado Añetete y al Gobierno entrante.
Fuente: medios digitales.