La polémica medida publicada ayer en el Boletín Oficial nacional, promete un debate donde una vez más la Corte Suprema de Justicia deberá determinar la constitucionalidad de la resolución ministerial.
Será por eso que la ministra Bullrich apeló como primer fundamento “Que la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22)”. Seguramente porque la oposición, tal como lo anticipó ayer, atacará la medida por las consecuencias que pueda tener sobre los derechos humanos.
Dejando la cuestión jurídica para el debate, no son pocos los analistas que vieron en la medida de Cambiemos un “efecto Bolsonaro” en una problemática que el Gobierno de Mauricio Macri no pudo resolver: la inseguridad. Especialmente en los grandes conglomerados urbanos donde la violencia y el crimen se mezclan aún con drogas y otros ilícitos.
La “mano dura”, la portación de armas y ahora el uso más “flexible” de las mismas por parte de los efectivos federales, ¿son la respuesta que los votantes del oficialismo nacional esperaban? Si fuera Brasil, seguramente los votantes de Jair Bolsonaro aprobarían lo decidido por Bullrich.
Desde ahora, con la decisión en práctica, se sabrá si una mayoría de argentinos ve con señal de aprobación el nuevo reglamento. Además, la Ministra llamó a las provincias a imitar su normativa con las fuerzas locales. Habrá que ver si en Misiones encontrará la respuesta que espera la funcionaria nacional.
