Debido al crecimiento demográfico y el aumento de asentamientos, el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, se reunió con el coordinador del Programa de Regularización de Tierras y Aguas, Jorge Atencio, y la directora del Área de Inclusión Laboral del IPRODHA, Lucía Bauman, para coordinar un mecanismo que facilite el abordaje de de estas situaciones.
“Estamos evaluando la creación de un protocolo de acceso, distinto al mecanismo de IPRODHA que ya existe. Requerimos de uno que permita establecer prioridades. A partir de la ley de regularización dominial de asentamientos que fue sancionada este año, que prorroga los desalojos de aquellos que viven en tales espacios, e incorpora en el artículo 2 al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), necesitamos trabajar con ello y establecer un rango de prioridades”, explicó Penayo.
Además agregó que se debe “definir un protocolo, porque existen dos tipos de demandas. Uno por parte de los barrios populares y otra, de aquellos que están anotados y hace años esperan una casa. Hay un desfasaje en la realidad, por ello es fundamental y necesario elaborar un mecanismo que nos ayude a establecer prioridades, para dar respuestas a ambas partes”, concluyó.
