El monopolio del transporte público se ampara en la inviabilidad de un negocio que, asegura, casi no deja ganancias por lo que cada vez que se le ocurre y le queda bien plantea la necesidad de subir el boleto.
Del otro lado las organizaciones sociales que traccionan las necesidades de grandes masas visibilizando la pobreza a la que le resulta imposible afrontar los costos mensuales por transportarse en los colectivos.
En el medio de estos dos actores de la realidad social, todos los demás.
La realidad es que en esta lucha entre ambos nadie sale ganando. Los primeros porque, merced a la voracidad por recaudar, se vuelven cada vez más impopulares y sufren bloqueos como los que sucedieron ayer. Los segundos porque lejos estarán de lograr salidas a sus reclamos recurriendo a medidas de fuerza como las que asumieron.
Y los terceros también, porque quedan en medio de una lucha sin cuartel en la que, a la luz de lo que subyace, nadie está dispuesto a ceder un centímetro.
Claro está que si el monopolio bajara un poco la intensidad que asume todos los años al reclamar boletazos, el clima de hostilidades sería mucho menor. Pero es más probable que caiga nieve en enero a las 14.
Las dificultades que debieron afrontar ayer miles de trabajadores de Posadas, Garupá y Candelaria para llegar a destino, en el caso de quienes pudieron hacerlo, es a todas luces injusta. Ni hablar de quienes, lejos de poder costearse otro medio de transporte, debieron avisar a sus empleadores que les sería imposible llegar con todo el riesgo que conlleva tener inasistencias en un clima de emergencia laboral.
Alguien tiene que ceder. Es necesario que las partes encuentren un punto medio en el que los terceros no terminen pagando los costos de una lucha sin cuartel. A estas alturas es urgente y necesario que otros actores sociales y políticos se inmiscuyan para proponer alternativas y frenar la escalada de esta nueva crisis.