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Advierten que crece la precarización laboral en los yerbales

18 febrero, 2019
Foto ilustrativa

La crisis económica que azota a Misiones potencia diferentes procesos de precarización y explotación que afectan a las condiciones laborales que viven las personas y sobre todo en los sectores más vulnerables. Es por esto que asociaciones de tareferos se reunieron el pasado miércoles con autoridades provinciales en el Ministerio de Trabajo para exigir mayores controles y garantizar de esta manera la seguridad y el cumplimiento del pago establecido en paritaria para los cosecheros.

“Hay muchos campamentos en los yerbales donde los tareferos se encuentran trabajando de manera ilegal, no están registrados y se les paga un precio muy por debajo de lo que establece la ley”, señaló a PRIMERA EDICIÓN Antenor Alvez, secretario General del Sindicato de Tareferos de Jardín América.

En este sentido, insistió en la necesidad de mayores controles en el sector. “Necesitamos que se exija el blanqueamiento laboral de nuestros compañeros y el transporte seguro, en unidades que estén en condiciones para evitar accidentes como ya tuvimos en el pasado. Ahora volvemos a tener casos de camiones que trasladan a trabajadores de manera irregular, peor que antes, por eso vinimos a pedir ayuda al Gobierno provincial”, apuntó.

Y señaló que “la yerba da mucha plata. Tenemos que pelear en conjunto para que cada uno obtenga lo que le corresponde en el marco de sus derechos”, adujo.

En consonancia, el titular de la Asociación de Tareferos de Wanda, Miguel Gularte, manifestó que durante la reunión de la semana pasada “se acordaron inspecciones para garantizar el pago del precio acordado. Nosotros tenemos una paritaria que establece un pago por arriba de los 2.000 pesos y ellos están pagando entre 1.300 y 1.000 pesos a la gente en los yerbales”, advirtió el referente.

Contó, además, que se están llevando adelante controles en las cuadrillas que ya se encuentran trabajando en la zafra en plantaciones de la zona. “Sabemos que hay menores trabajando en campamentos en los yerbales, sólo que cuando llegamos con los inspectores del Ministerio de Trabajo, desaparecen. Muchas veces los patrones se avisan y el que está trabajando mal se va”, detalló.

Observó que es común que en estas épocas de crisis aumenten estos casos debido a que “hay una necesidad terrible. Con los aumentos que hay, mucha gente sale desesperada a trabajar aunque sea por 300 pesos por día para poder comer, y esa necesidad es la viveza de los patrones que se aprovechan y tienen esclavizados a los empleados”.

Reveló, además, que ya denunciaron ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Gobierno el traslado irregular de trabajadores por la ruta.

“Hemos recibido fotografías de tareferos, en Jardín América y Andresito, que andan arriba de los camiones cargados de yerba”, alertó. 

En tanto, el presidente de la Asociación Civil de Tareferos y Trabajadores Rurales de la Zona Centro, Roque Pereira, advirtió que “existe un aprovechamiento de la patronal, contratistas y subcontratistas que están pagando entre 1.000 y 1.100 pesos la tonelada cuando cuesta 1.800 pesos. Nosotros conocemos esta situación y con mucho dolor tenemos que decir que si no controlamos el abuso, en cualquier momento todos lo vamos a lamentar, no queremos que ocurra otra tragedia”, sentenció.

Futuro incierto

Otro de los temas que se trató en la reunión fue la preocupación por el futuro del subsidio interzafra, que -según advirtieron- “dejaría de pagarse” el próximo año.

“Sabemos que el Ministerio de Trabajo de la Nación no enviará más esta ayuda. Se logró, a través de esta mesa de trabajo y mediante la unidad de todas las asociaciones y sindicatos, que el Gobierno provincial se haga cargo de los pagos que recortó Nación”, afirmó la secretaria General del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de la Zona Norte, Ana Cubilla.

La mujer opinó que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio encargado de discutir la paritaria a nivel nacional para el sector rural, “no representa a nadie. Es un ente recaudador que hoy está de la mano del gobierno de Mauricio Macri porque tiene un partido político propio, que es el Fe, en alianza con el macrismo. Todos los trabajadores agrarios del país estamos en las manos de las políticas de Cambiemos”, sentenció Cubilla.

En este contexto, abogó por una decisión política para que los gremios provinciales formen parte de las discusiones paritarias. “Necesitamos avanzar en esa decisión política para que la Provincia se haga cargo y para que seamos otra voz dentro de la discusión paritaria para la toma de decisiones”, aseveró la dirigente.

A todo esto, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Carlos Agulla, remarcó que “hay una ausencia financiera por parte del Gobierno nacional. No alcanzaron a pagar ni siquiera el 20% del subsidio interzafra, entonces la Provincia asumió el compromiso con una inversión importante para cumplir con este sector tan vulnerable”, destacó.

Consultado sobre los controles que exigen desde el sector, Agulla señaló que “se llevará adelante una tarea conjunta con las autoridades del Ministerio de Gobierno para agudizar las fiscalizaciones en ruta y garantizar así que se cumpla con los requisitos fundamentales”, prometió.

Tags: Precarización LaboralTareferosyerbales
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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