
La búsqueda de una adolescente de 15 años que desapareció de su hogar en el barrio Yerbatera de Aristóbulo del Valle hace diez días derivó, tras su hallazgo, en una investigación penal por “facilitación a la prostitución” y posible “ocultamiento de un menor de edad”.
De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, por orden del juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Alarcón, ayer fue allanada una casa en el barrio Milagros de Aristóbulo del Valle donde a pocos metros en un bar, la menor fue encontrada el viernes 15 de febrero.
Su progenitora de 31 años denunció luego que su hija había estado oculta en este inmueble desde que se ausentó y que la sospechosa de haberla forzado a ello fue la propietaria. El procedimiento realizado por el juez Alarcón, entre las 10.30 y las 13 de ayer, permitió el secuestro de tres teléfonos celulares, 159 preservativos y 39 envases con gel intimo, entre otros elementos.
La dueña del lugar habría manifestado que en su casa disponía de habitaciones que alquilaba a prostitutas para sus actividades y que lo secuestrado era parte de lo que ofrecía como servicio.
La madre de la menor aseguró que su hija estuvo en ese inmueble y que con esa mujer se tomó imágenes las que subió a su cuenta de red social Facebook y por tal motivo radicó la denuncia.
Otro de los puntos llamativos del caso, y también parte de la investigación ahora, fue que ayer en el sitio allanado fue encontrada otra adolescente, esta vez de 16 años y cuyo paradero también figuraba como desaparecido de su hogar en el kilómetro 933 de Aristóbulo del Valle.
Había sido vista por última vez el jueves 14 de febrero y no tenía ninguna autorización de sus tutores para estar en esta vivienda.
La investigación por el momento está enmarcada en la presunta comisión de los delitos previstos por el artículo 149 del Código Penal, “ocultamiento de menor de edad” que prevé penas de un mes a un año de prisión, y el 127 “facilitación a la prostitución” con sanciones de prisión, en el caso de una víctima menor de edad, de diez a quince años.
De tratarse de un caso de trata de personas las actuaciones deberían girarse a la Justicia Federal.