Más aún cuando se trata de un sector empresario millonariamente subsidiado, con uno de los boletos más caros del país (en el top ten nacional de las capitales de provincia) y con un fuerte apoyo político que le permite manejarse a su antojo.
A diferencia de cómo actúan con otras empresas, Defensa del Consumidor no aparece con la misma severidad que reclaman los usuarios de los colectivos. Siempre se escuda en que faltan denunciantes con nombre y apellido. Casualmente en sintonía con la cámara empresaria en poder z, que ataca y amedrenta a los medios de comunicación para que no critiquen al poderoso pulpo concesionario.
De a poco los pasajeros, además de las denuncias públicas en las redes sociales, se animan más a ir a las Audiencias Públicas (esos espacios de catarsis que no sirven más que para ese fin) y a firmar en los libros de quejas con los múltiples padecimientos.
Pero, aunque son decenas los que ponen su cara, su DNI, su nombre y apellido, nada resulta suficiente ni para el Gobierno ni para el grupo empresario que los anime a mejorar, a respetar a los que pagan el boleto, a los que merecen ser tratados como ciudadanos con todos sus derechos.
Para seguir actuando a su antojo, los funcionarios y los empresarios prefieren mirar a un costado y atacar a la prensa respectivamente. Hasta ahora, y por largos años, la fórmula les resultó satisfactoria. A ellos, pero no a los usuarios que ven un mayor deterioro en los servicios como en los bolsillos por los constantes boletazos.
El día que algún integrante del Gobierno se anime a ponerle un coto a las ambiciones desmedidas, la gente escribirá con nombre y apellido al valiente que se anime a enfrentar al poderoso grupo sin importar las consecuencias.
Por ahora, hay que aplaudir a los trabajadores, estudiantes, desocupados que no temen al monopolio. Y denuncian de puño y letra, con nombre y apellido, con DNI, con firma sabiendo a quienes se enfrentan.
