José Luis Acosta, Ricardo Antonio Figueredo y Víctor Javier Romero son los encartados que serán sentados ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, presidido en esta ocasión por Manuel Alberto Jesús Moreira y los vocales Norma Lampugnani y Víctor Antonio Alonso.
El expediente se inició con una denuncia efectuada el 1 de octubre de 2007 por Francisco Miguel Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, sobre lo ocurrido en el ámbito de la prisión perteneciente al Servicio Penitenciario Federal.
Con mayor precisión, hechos de violencia en pabellones de procesados y condenados. En una requisa habrían intervenido seis guardiacárceles -miembros del Cuerpo de Requisa de la Unidad-, al mando de Javier Romero, identificándose también, además del mencionado, a dos agentes de apellidos Acosta y Figueredo, quienes ingresaron a los lugares señalados, y habrían requisado violentamente las pertenencias de los internos. También habrían proferido golpiza corporal.
La causa se inició tras las denuncias presentadas en octubre de 2007 ante el juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Federal de Posadas, entonces encabezado por Ramón Chávez.
Media decena de detenidos en la Colonia Penal 17 de Candelaria, denunciaron a los tres guardiacárceles a instancias de la intervención de la Procuraduría.
Las víctimas habrían sido golpeadas y todas sus pertenencias rotas. Según lo detallado por la Procuraduría “los internos sufrieron desmedidas golpizas, puñetazos, cachetadas y patadas, en la cabeza, cuello y espalda”.
Y hasta habrían sido obligados a “desnudarse y a ‘abrirse los cantos’ (Sic), procediendo a revisarles el ano de todos mientras los maltrataban e insultaban”.
Encuadre legal
De acuerdo a los incisos 2 y 3 del artículo 144 bis del Código Penal Argentino “será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo (…) El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios (…) O impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales”.
