Durante los últimos doce años se disputaron tres mundiales, tres juegos olímpicos y en el país de llevaron a cabo tres elecciones presidenciales. Este martes se cumplieron esta misma cantidad de años de una violenta requisa en la colonia penal federal de Candelaria. Y coincidencia, quizá irónica del destino, también se oyó un fallo condenatorio para los tres guardiacárceles acusados.
José Luis Acosta (42), Ricardo Antonio Figueredo (39) y Víctor Javier Romero (40), fueron sentenciados a penas de uno a dos años de prisión condicional y el doble de tiempo de inhabilitación para ocupar funciones. Romero, como jefe de requisa de la prisión fue a quien mayor pena le impusieron por el delito de “severidad y vejaciones” comprendido en los artículos 144 bis y 45 del Código Penal Argentino.
El fallo de los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, presidente, y los vocales Norma Lampugnani y Víctor Antonio Alonso, fue leído a las 15.13 y puntualmente condenó a Romero a dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación como funcionario, como autor penalmente responsable del delito mencionado y a Figueredo y Acosta, como partícipes, a un año de cárcel en suspenso y el doble de impedimento para volver a sus respectivas funciones como integrantes del Servicio Penitenciario y a cualquier otra función pública.
La sentencia llegó tras una jornada de seis horas de alegatos. La fiscal Vivian Andrea Barbosa desplegó la acusación incluyendo el informe de la Procuración Penitenciaria Federal, denunciante en la causa, pero también en el detalle de la instrucción del expediente con las ratificaciones de las víctimas, los detalles aportados por testigos y las jornadas de debate.
Resaltó el informe del médico regional de la Procuración, Fernando Esteban Ávila (45): “A las 16.30 (del 1 de octubre de 2007) se entrevistó con los seis denunciantes y efectuó el informe con las lesiones y lo volcó en las historias clínicas (…) Golpes que pueden corresponder a un elemento duro, puño o nudillos. Todos manifestaron haber sido golpeados. Equimosis y excoriaciones, coinciden entre el informe de Ávila y la historia clínica que obra en el expediente”.
También detalló que los seis internos sufrieron “golpes de puño, patadas, insultos, requisa anal y les rompieron y tiraron al piso todas sus pertenencias”. “Luego Romero los amenazó hasta con un traslado si denunciaban los golpes”.
“Otros internos manifestaron que escucharon los golpes desde otros pabellones. Los oyeron porque no los dejaban darse vuelta para mirar (…) Fue una requisa violenta y apartada de la normativa, de la guía que indica circunstancias especiales y lugares adecuados para realizarla por seguridad. Debían disminuir la tensión y no lo hicieron”. También señaló que tres de las víctimas “fueron trasladadas lejos de su familia y en la colonia penal trabajaban y estudiaban”.
“Fue la mortificación de una persona por parte de un funcionario público”. Pero fue aún más tajante: “No hay marco legal para el accionar de los tres acusados. Más aún ante la evidencia de que los demás guardias no golpearon. Romero tenía un mayor deber de cuidado y si el jefe habilitaba, por qué no lo iban a golpear los demás”.
“Acusación azarosa”
Para Sandra Cristóbal, defensora designada por el Servicio Penitenciario Federal, existió antes de la denuncia “una pésima relación de la Procuración Penitenciaria con la dirección de la colonia penal 17 de Candelaria” y que por tal motivo deslizó la hipótesis de que la denuncia fue pergeñada y los internos pudieron autolesionarse. “La acusación no tuvo contenido se hizo en base al azar, fue azarosa”.
Pablo Condorí quien se sumó al pedido de absolución de Cristóbal. pidió la absolución pero en su caso para Romero. Este letrado también pertenece al SPF y fue quien apuntó su alegato a desestimar las lesiones fotografiadas por un delegado de la Procuración el mismo día de la requisa. Planteó que las fotos no coincidían con lo informado por el médico Ávila”.
En su intento por graficar que no hubo golpes sino “autolesiones” de los internos, subió un borceguí al banquillo de los declarantes para alertar que es un elemento pesado que utilizado en un puntapié produce grave daño. Pero de inmediato el juez Manuel Moreira solicitó que lo retirara porque no correspondía a una prueba.
“El dolor está constantemente ”
Oscar Carvallo tiene 50 años, es albañil y fue uno de los seis reclusos que denunció los apremios en octubre de 2007. Ayer tras la sentencia a los guardiacárceles que lo golpearon declaró: “Conforme sí, alegre no, no me pone contento la condena de nadie. Siempre confié en este tribunal, plenamente”.
Sobre el paso del tiempo y la posibilidad que jugaría a favor de una absolución, aseguró: “No, nunca me imaginé que esto podría quedar impune, es más, para mí con sólo llegar a esta instancia, que se debata, se escuche y se sepa la verdad ya era suficiente. Por eso esta condena es un logro muy grande, porque evitó la impunidad y que se aclarara que nunca mentimos. Reviví durante todos estos días todo lo que ocurrió hace doce años, no es poco tiempo. Ahora quiero reflexionar y cerrar la etapa finalmente, pero el recuerdo del dolor de los golpes no se va nunca, se sufre constantemente”.
