El juez de Faltas de Oberá, Francisco Sá finalmente le ganó una demanda a la Municipalidad en el Superior Tribunal de Justicia y logró que se le reconozcan las diferencias salariales que reclama desde el año 2014.
Según el expediente 38.949/2017, el Superior Tribunal le ordena a la gestión de Carlos Fernández, “que proceda a la liquidación de la remuneración del señor Francisco Sá conforme lo dispuesto por el Artículo 152 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Oberá”.
Los concejales del oficialismo creían que esto no iba a salir pero algunos advertían que “el costo lo iba a pagar el ciudadano contribuyente del municipio”.
En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, el concejal del PRO, Horacio Loreiro, sostuvo que “anticipé muchas veces que el perjudicado iba a ser el contribuyente si este juicio salía en contra de la Municipalidad”.
Y agregó que está indagando “si esto entra en la figura de mal desempeño de las funciones” porque el municipio perderá mucho dinero que no es de los funcionarios sino de toda la comunidad.
La demanda del juez ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en contra de la Municipalidad buscaba determinar que se cumpla con lo emanado del artículo 152 de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto a su remuneración, y reclama que se le reajusten las remuneraciones.
“Si el mencionado proceso sigue su curso y prospera mediante el dictado de sentencia claramente implicaría un perjuicio para las arcas de nuestro Municipio”, sostuvo hace pocas semanas el concejal Loreiro, en un pedido de informe al Ejecutivo.
Por ello señaló que al juez de Faltas “le corresponde el 80% de lo que cobra el Intendente. En su momento el Dr. Sá recurrió al Concejo Deliberante e intentamos acercar a las partes para lograr un acuerdo que no se dio. El juez de Faltas inició un juicio que prosperó, con lo cual estamos preocupados para ver cuáles son las acciones que hizo la Municipalidad en este tiempo como para que el juicio no siga prosperando y que después sea impagable”, había anticipado el concejal en su proyecto.
El Superior Tribunal de Justicia había dado lugar a la demanda del expediente 38 949/2017 con fecha de este 19 de junio de 2017, realizada por el juez de Faltas.
Para el municipio era una cuestión de interpretación y dado que el artículo no estaba reglamentado por ordenanza no era posible saber si se estaba cumpliendo o no, por lo tanto consideraban que jurídicamente Sá no tenía elementos suficientes.
Lamentablemente ahora los contribuyentes deberán pagar por un error de la gestión de Fernández.
El Concejo en las próximas sesiones analizará la situación y la eventual responsabilidad del intendente en la situación.
