El lunes las rejas de ingreso a un edificio de oficinas en alquiler sobre calle Bolívar a quince metros de la plaza 9 de Julio, amaneció cerrada con una cadena y candado, y la custodia de efectivos policiales de la seccional Primera, contratados como servicio adicional.
La decisión la habría tomado el administrador del bien en sucesión designado por la Justicia civil, quien sería hijo de uno de los herederos, que habría fallecido hace poco tiempo.
Lo curioso de lo sucedido es que la decisión fue tomada con locatarios que no habrían podido retirar sus pertenencias de las oficinas respectivas y quienes además reclamarían la vigencia de sus contratos de alquiler. Al menos uno de ellos denunció el impedimento a ingresar en la comisaría mencionada como “abuso de autoridad” y solicitaron urgentes medidas para poder entrar. La Justicia de Instrucción, como orden provisoria emitió antes de definir alguna acción, una orden de constatación de los documentos de cada uno de los supuestos damnificados.
