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Ferreyra y Zaffaroni, abogados de Evo Morales

3 enero, 2020

 

Morales destacó en conferencia de prensa el respaldo de estos “grandes abogados, no sólo de la Argentina sino de Latinoamérica y, quién sabe, del mundo”, e informó que también cuenta con la asesoría del ex juez español Baltasar Garzón para las causas que se puedan tramitar en tribunales europeos.

“Bolivia no es un estado constitucional; está fuera del mundo, es un estado donde no existe la fuerza regulada racionalmente, es de pura fuerza bruta”, aseveró Ferreyra, quien dijo que esta situación de Bolivia “es un llamado de atención al estado argentino, que de ninguna manera puede aceptar un eventual pedido de extradición (de Morales) que pudiera llegar desde ese Estado irregular”.

“El actual gobierno de facto de Bolivia no es reconocido por la Argentina, por lo tanto no debería responder a ninguna solicitud de ese gobierno”, señaló Ferreyra.

Luego el exjuez de la Corte Suprema Zaffaroni agregó que la Constitución argentina establece que no es viable conceder extradiciones de personas por delitos de sedición, que son de naturaleza política.

“Y en segundo término, pensando en el estatuto del refugiado político, no es viable conceder la extradición de personas cuando en su país corre riesgo su vida, y hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en un caso de Perú, recordó.

Por otra parte, Ferreyra y Zaffaroni destacaron que la Asamblea Legislativa boliviana no ha podido reunirse para aceptar o rechazar la renuncia que presentó Morales el último 10 de noviembre, “de modo que estamos frente al presidente constitucional de Bolivia, cuyo mandato vence el próximo 22 de enero”, al igual que el de todos los legisladores, lo que plantea un nuevo escenario.

La presidenta Jeanine Áñez, quien fue designada por un cuerpo que sesionó sin quórum para ser promovida primero de la segunda vicepresidencia a la presidencia del Senado -para poder quedar en la línea de sucesión presidencial- y luego a la jefatura interina del Estado, también concluye su mandato como senadora por el departamento de Beni.

“La propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 ha dispuesto que todos los actos de quienes son usurpadores del poder o ejercen potestades que no les han sido asignadas son nulos de nulidad insanable”, añadió Ferreyra.

“El camino institucional que queda para reparar el daño que ya está hecho es que el 23 de enero próximo asuma el presidente de la Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y de inmediato convoque a elecciones”, añadió Zaffaroni.

Dos fiscales bolivianos emitieron días atrás un pedido de aprehensión para llevar a Morales a declarar por la fuerza en la causas por presunta sedición que se le abrió a partir de un audio en el que una voz llama a resistir al gobierno de facto con violencia en las calles y que los denunciantes afirman sería del ex presidente. Ese pedido, aseguró Zaffaroni, no traspasó las fronteras de Bolivia.

“Es un pedido planteado por dos fiscales, ni siquiera por la Justicia, y el colega Garzón nos informa desde Europa que no hay ningún pedido de captura que se haya cursado a la Interpol, y si eso llegara a pasar sería igualmente nulo”, afirmó el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia argentina.

Respecto de las derivaciones internacionales de la situación de Bolivia, Zaffaroni anticipó que en su calidad de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se excusaría de inmediato si el tema llegara a ese tribunal, por las violaciones que se han registrado desde el golpe de Estado.

“En cambio no tendría problema en participar si el tema se eleva a Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, aclaró.

Agregó Zaffaroni que en los últimos días el gobierno interino de Bolivia ha violado las más elementales normas que regulan la coexistencia entre Estados, como “hostigar embajadas, echar representantes diplomáticos, violar la norma elemental de derecho de gentes de inmunidad de embajadas extranjeras…”.

“Cuidado, estamos tocando las normas más elementales que hacen a la coexistencia en la comunidad jurídica mundial”, señaló.

En alusión crítica al rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis boliviana, Zaffaroni destacó que “nuestra diplomacia continental lamentablemente ha caído en una mala praxis que pone en peligro más de cien años de política internacional panamericana”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: Eugenio ZaffaroniEvo MoralesFerreyra
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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