Tras cumplirse un mes de la presentación de una demanda judicial para hacer cesar la ejecución del convenio entre Ministerio de Agroindustria de la Nación y la corporación Maizar, a través del cual se impulsa la plantación de maíz transgénico en Misiones, y sin respuestas concretas por parte de la Justicia Federal, la Asociación Civil Kaapuera volvió solicitar su tratamiento y planteó la urgencia de una resolución judicial por cuanto se acerca el período de cosecha de las primeras plantaciones.
El 28 de noviembre pasado, la Asociación presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas una demanda judicial (amparo) para declarar la nulidad del convenio entre Nación y la Asociación Maizar, y una medida cautelar para suspender en forma inmediata la ejecución de dicho documento.
“Sobre el amparo, hay un dictamen positivo del fiscal, y el juez federal José Luis Casals ha ordenado que se corra traslado tanto a Ministerio de Agricultura (antes de Agroindustria) como a Maizar para que estos respondan y aporten la pruebas pertinentes”, explicó el abogado Martín Ferroni, de la organización agro ambiental.
“Y sobre la medida cautelar, el mismo juez pidió al Estado Nacional un informe previo sobre el orden público comprometido en este convenio”, agregó.
Este viernes “se ha solicitado la habilitación de la feria judicial, para que la Cámara resuelva la apelación planteada por Kaapuera, por la urgencia y la naturaleza ambiental de los derechos en juego”, dijo Ferroni.
El abogado planteó que “hay una situación de urgencia, estamos cerca de la cosecha de esas primeras plantaciones de maíz transgénico, con daños económicos, sociales y ambientales para los misioneros, y si a eso le agregamos que la Justicia Federal entra en feria, el panorama se pone más preocupante”.
El convenio que busca anular Kaapuera establece “desarrollar maíz de alta productividad” (tal como lo define Agroindustria en su web) en más de 250 mil hectáreas en Misiones para abastecer al mercado de Brasil. Al requerirse más datos, el mismo organismo nacional indicó que se trataría de 400.000 hectáreas y otras potenciales 100.000 más.
La iniciativa fue inmediatamente rechazada por distintas organizaciones civiles, ambientales, de productores agrícolas, académicos, indígenas, profesionales médicos e incluso funcionarios del gobierno provincial y partidos políticos por el daño que produce a la agricultura familiar, a la salud y a la biodiversidad, según indicaron desde la Asociación Civil.
