El Poder Ejecutivo promulgó la nueva ley de alquileres, bajo el número 27.551, que a mediados de junio había sido sancionada por el Congreso en medio de la pandemia del coronavirus y a través de una sesión virtual.
De esta manera, todos los contratos de alquiler que se firmen gozarán de los beneficios y prerrogativas incluidos en la ley. Mientras que los contratos que se encuentran en curso, hasta la fecha de su vencimiento, no tendrán modificación alguna. Entre sus principales puntos, la ley flexibiliza las exigencias que recaen sobre los inquilinos de todo el país al permitirles proponer sus opciones de garantía y, por otro lado, extender los plazos del contrato de dos a tres años.
Al respecto, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Adrián Torres, referente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, remarcó que uno de los principales beneficios “de esta ley tiene que ver con la prórroga de los plazos de contratación, que pasa de 24 a 36 meses, eso hace que el inquilino tenga mayor estabilidad en el lugar que elija”.
“Por otro lado, los ajustes pasarán a ser anuales y no van a quedar librados al libre albedrío del mercado, considerando que se hacían ajustes cuatrimestrales, semestrales o lo que se le ocurriera a cada uno”, comentó.
También consideró que, mediante la nueva legislación, “se aclaran un par de cosas, como que los depósitos de garantía se tienen que devolver al valor actualizado. Antes se devolvía al valor viejo, con cifras devaluadas, eso era injusto, y muchas veces ni siquiera se devolvía”.
“Otro de los puntos es que se van a tener que empezar a registrar en AFIP, lo que hará que sea un puntapié inicial para tener un registro de todas las casas que ofrecen alquiler, porque en cierta forma no había registro de eso, cada uno hacía lo que quería. Mucha gente ha lucrado mucho con este mercado sin haber declarado nada, sin tener que dar una factura, sin tener que emitir nada, y eso es injusto. Siempre dijimos que es el único mercado que no estaba regulado”, apuntó.
Al mismo tiempo, Torres recordó que “estos son derechos que hace muchísimo tiempo venimos reclamando los inquilinos. Es cierto que hay cosas que todavía le faltan a esta ley, pero también es un paso muy importante”.
“Queremos que la actividad esté regulada y controlada. A la ley le falta un organismo de contralor que fiscalice su cumplimiento y tenga poder de intervenir con facultad de sancionar en caso de algún incumplimiento”, dijo.
En la misma línea se expresó Juan Maidana, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones. “Lo más importante para nosotros es que se reconoce la figura del profesional matriculado en el acto de intermediación”, afirmó al ser consultado por este Diario.
“Todavía no podríamos hablar de beneficios o perjuicios para alguna de las partes porque es algo que recién se comenzará a usar. No nos olvidemos que la ley anterior estaba en vigencia desde el año 1984”, rememoró.
Agregó el inmobiliario que: “Esta es una legislación totalmente nueva con cambios de fondo por la que, entre todas las partes, vamos a tener que buscar las formas de hacerla funcionar, para que sea equitativa para todos, tanto para el locatario, el locador y los corredores inmobiliarios”.
“En la ley estamos contemplados como intermediarios y los únicos que tienen derecho a percibir honorarios al demostrarse que están matriculados en el colegio profesional que corresponda”, destacó finalmente.
