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Productores piden soluciones por hechos de intrusión, abigeato y robo de yerba

18 noviembre, 2020
PREOCUPADOS. Aseguran los productores que los hechos de inseguridad e intrusiones se reiteran muy seguido.

El pasado martes, alrededor de 200 productores se reunieron en Santiago de Liniers, oportunidad en la que elaboraron una carta para el Gobierno planteando las problemáticas crecientes en el Alto Paraná relacionadas a la intrusión, abigeato, robo de yerba y otros hechos de inseguridad.

En el documento redactado y firmado por los productores, solicitan al Ejecutivo provincial que “arbitre los medios que correspondan a los efectos de arribar a una adecuada solución institucional para poner fin a este flagelo”.

Por ello recordaron que “es de público conocimiento la problemática de la ocupación irregular de la tierra, tanto sean privadas como públicas, mediante el mecanismo de la intrusión, que consiste en ocupar y apropiarse de un inmueble ajeno, sin derecho”.

En ese sentido, apuntaron que “los propietarios al detectar el ‘ingreso indebido, la ocupación, el daño, los incendios intencionales’, radicamos las denuncias pertinentes”; sin embargo “prácticamente ninguna ha obtenido el trámite judicial adecuado, ni mucho menos de algún trámite hubiere derivado una condena al autor del accionar ilícito como por derecho correspondería”.

Así, sentenciaron que “la Justicia Penal misionera no está a la altura de las circunstancias de brindar ‘una adecuada solución al conflicto’ dentro del marco legal vigente”.

“Los Jueces, en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones, obran con un total desinterés y decidía frente a los delitos de usurpación, daño, incendio, y amenazas. Directamente no los investigan y los expedientes son archivados”, cuestionaron y agregaron: “La policía, fiscales y jueces de instrucción nos exigen acreditemos la titularidad de nuestros derechos, con copia certificada del título de propiedad, de la mensura, e incluso con un informe de estado de dominio actualizado; mientras que al ocupante intruso, que está limpiando, quemando con la finalidad de ‘hacer rosado’, construyendo vivienda, vendiendo muchas veces la madera obtenida de los árboles, no se le solicita nada”.

Los productores plantearon que “para promover una ‘acción civil’ debemos contratar un abogado y sufragar cuantiosos gastos y honorarios profesionales”.

Además, indicaron que para lograr la orden de “restitución del bien” previamente debe realizarse el trámite “por la vía ordinaria de la reivindicación inmobiliaria, proceso sumamente largo y tedioso, que puede llevar más de diez años”.

“Cuando se llega finalmente a esa etapa, que puede demandar un costo equivalente al 20% del valor del inmueble, nos encontramos con una ley provincial ‘que suspende el desalojo’ por tiempo indeterminado”, expresaron.

“Los ocupantes intrusos devastan la selva misionera ante la impávida mirada de las autoridades, sin que se le apliquen las estrictas leyes ambientales vigentes en la provincia”, criticaron.

Debido a estos motivos, solicitaron al Gobierno provincial que “arbitre una solución institucional definitiva para la problemática expuesta, que evite la confrontación entre particulares ante el no funcionamiento de los canales institucionales”.

 

“El victimario tiene más formas de defenderse que la víctima”

Foto: Stop en línea

Al respecto, el referente yerbatero, Sergio Delapierre, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, comentó que “lo que está sucediendo es un aumento sostenido de los casos de robo e inseguridad en las chacras y también hechos de usurpación de tierras”.

“Los usurpadores comienzan a depredar los predios, a explotarlos y los propietarios no pueden ingresar. Hay casos de violencia, de gente armada que expulsa a los dueños originales”, sostuvo el productor y añadió que “a partir del aumento del precio de la yerba mate hubo muchísimos robos de hoja verde en las chacras, y a eso se suman los casos de abigeato, de matanza de animales y también últimamente hay gente que prende fuego a plantaciones de pinos en la zona del Alto Paraná. Incluso cuando los dueños fueron a combatir los incendios recibieron amenazas”.

La problemática se agudiza debido a que “en todos los casos se ve que el victimario tiene muchas más formas de defenderse que la víctima”, señaló Delapierre y brindó como ejemplo que al producirse una usurpación “la Justicia lo primero que hace es decirle al propietario que acredite la tenencia de la propiedad de la tierra. Entonces es el dueño quien tiene que llevar toda la carga de la prueba y defenderse, mientras que el intruso depreda el territorio, se lleva la madera, se lleva la yerba; un acto de total injusticia que está produciendo el desánimo de la gente en invertir en las chacras, y sobretodo en habitarlas, porque hay muchos que todavía están aguantando en sus predios, con un desánimo total porque la inseguridad es tremenda”.

“Ha sido demostrado por el testimonio de muchas personas que hasta han estado actuando escribanías de la provincia en el fraguado de títulos, lo que quiere decir que la organización de esas personas es concreta”, calificó y completó: “En las usurpaciones hay gente que se apoya en distintos diputados provinciales diciendo que tienen el derecho de ocupar las tierras. Entonces hay una serie de desprolijidades que inducen al desánimo de los propietarios de tierras que tienen todo el derecho a usarlas, usufructuarlas y explotarlas”.

Al ser consultado sobre los casos más emblemáticos, Delapierre recordó el de la “Reserva Privada Vida Silvestre Tomo, una propiedad de más de 1.400 hectáreas en la zona de Liniers que ha sido usurpada, también con documentación fraguada, según los dueños. Después hay quemazones en propiedades de la zona del Alto Paraná con invasión de tierras por parte de gente extraña. Hay muchos casos tanto de propiedades grandes como pequeñas”.

Este es el documento remitido por los productores de la Zona Norte al gobernador Oscar Herrera Ahuad:

NOTA-INTRUSOS-PARA-GOBERNADOR-1

 

Y esta la entrevista completa con Sergio Delapierre en la FM 89.3 Santa María de las Misiones:

Tags: #InseguridadabigeatoFM 89.3IntrusiónProductoresSergio DelapierreZona Norte de Misiones
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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