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A nivel nacional, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que busca la modificación del artículo 186 del Código Penal. De esta manera, la iniciativa establece un régimen sancionatorio -que se daría a partir de dichas modificaciones- contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques nativos. Se debe recordar que los profesionales en el área habían aclarado que el Código Penal no prevé “los delitos ambientales”.
Este año estuvo signado por numerosos incendios rurales y forestales que afectaron a varias provincias entre estas Misiones y uno de los focos más graves se registró en la Biosfera Yabotí donde las pérdidas fueron incalculables en cuanto a las especies animales.
Incluso, el Gobierno de la Provincia había realizado una denuncia por estrago doloso a los que serían los responsables de haber iniciado el fuego.
En cuanto al proyecto presentado en Diputados, se supo que el objetivo es contribuir a la protección de los bosques nativos en todo el territorio nacional. De esta manera, se busca establecer modificaciones al Código Penal, incorporando el artículo 186 bis, para disponer un régimen sancionatorio contra el incumplimiento de las leyes que apuntan a impedir la eliminación de la vegetación mediante el uso irresponsable del fuego.
Estas normativas son la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26331), de Sistema Federal de Manejo de Fuego (Ley 26.815) y de Presupuestos Mínimos para Control de Actividades de Quema (Ley 26.562).
El proyecto, que tiene como autora a la legisladora por Buenos Aires del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, pretende que se fijen penas de entre dos y diez años de prisión y multa para quienes violen las leyes anteriormente mencionadas, de forma intencional y ocasionando “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”.
Además, en la iniciativa se suman otras circunstancias que agravan la pena; por ejemplo cuando haya reincidencia en los delitos de naturaleza ambiental; cuando se haya cometido para obtener ventaja pecuniaria, alcanzando áreas urbanas o cualquier asentamiento humano o a una superficie de considerable importancia, en épocas de sequía o inundaciones; entre otros puntos.
En los fundamentos del proyecto se recuerda que “los bosques nativos proveen servicios a la sociedad como son la regulación hídrica, la formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la provisión de alimentos, agua, fuentes de energía, materiales de construcción o medicinas, la preservación y la defensa de la identidad cultural, entre otros”.
“Queda claro que el procedimiento que sanciona con multas la deforestación de bosques nativos destruidos o desmontados ilegalmente no resulta ser un instrumento suficiente para la protección de los bosques nativos”, advirtió el proyecto de Vallejos.
Se manifiesta en el documento que “si bien el artículo 186 inciso 2° punto b) establece penalidades por los incendios y estragos de bosques, consideramos de vital importancia la incorporación de instrumentos que fortalezcan la protección de los bosques nativos y que detengan la destrucción y degradación derivada de los incendios. Queda claro que el procedimiento que sanciona con multas la deforestación de bosques nativos destruidos o desmontados ilegalmente no resulta ser un instrumento suficiente”.
Otros proyectos ambientales
En conversación con PRIMERA EDICIÓN, Verónica Derna, exdiputada nacional por Misiones, recordó que “lo que estuvimos trabajando y presentamos proyectos en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) fue para tipificar la conducta del apeo ilegal de los bosques nativos”.
Recordó que “cuando fui diputada solicité la incorporación de los delitos ambientales dentro de la modificación del Código Penal, y todavía eso se sigue pidiendo. En el COFEMA se trató esto y buscan que se incorpore la figura del apeo ilegal como delito”.