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Expulsan del país por segunda vez a peligroso narco peruano

13 marzo, 2021
TODO EN FAMILIA. Según los investigadores, Revilla Estrada se encargaba de transmitir órdenes de su tío cuando iba a visitarlo a la prisión y manejaba a los sicarios de la banda.

Un sobrino del narcotraficante peruano Marco Antonio González Estrada, que había sido deportado del país en 2017 tras ser condenado por la venta de drogas en el Bajo Flores y que violó la prohibición de reingreso, vuelve a ser expulsado hoy en un operativo de seguridad coordinado por autoridades nacionales.

John Paul Revilla Estrada (44) fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza en un vehículo celular de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de un fuerte operativo con motos y camionetas que custodiaron el trayecto al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 18.10 partirá un vuelo hacia Perú, cumplimentando una nueva expulsión del narcotraficante.

El hombre, vestido con una remera blanca, pantalón de jean, su pelo recogido, barbijo negro y anteojos, quedó alojado en una oficina a la espera de la hora en la que saldrá la aeronave hacia su país.

“Sabemos que esta persona respondía al clan del narcotraficante Marco y nosotros, con las fuerzas federales, realizamos un trabajo permanente en el Bajo Flores en la investigación criminal en la lucha contra el narcotráfico, así que estamos muy satisfechos por lo realizado”, dijo Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal.

El 24 de julio de 2017 el narco peruano había sido expulsado del país por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 3 porteño, en conjunto con la DNM, pese a haber cumplido la mitad de su condena.

Al respecto, Florencia Carignano, directora de Migraciones, criticó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 del gobierno macrista en el que aceleraba la expulsión de extranjeros que cumplían la mitad de sus condenas y que fue derogado el viernes por el presidente Alberto Fernández.

“Liberaron a narcotraficantes y los pusieron en su país en libertad, gente con muchos vínculos políticos y económicos en su país, seguramente. Han ingresado ilegalmente acá y tenemos el problema acá, ellos liberaron presos y nosotros hoy estamos haciendo efectiva la expulsión de este narcotraficante”, afirmó.

El 16 de agosto de 2020, en el marco de un control vehicular debido a las restricciones de circulación por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), Revilla Estrada fue identificado y quedó nuevamente detenido, en este caso por violar la prohibición de reingreso al país.

El capo narco peruano había ingresado a Argentina clandestinamente y los investigadores no pudieron determinar la fecha ni por qué medios.

“Entró por un paso no habilitado, no sabemos en qué momento lo hizo”, dijo Carignano, quien añadió que “es una persona muy poderosa, tiene vínculos en la Argentina que le permitieron ingresar pero la Policía lo encontró y determinó que tenía prohibición de reingreso a la Argentina porque no puede entrar nunca más a nuestro país”.

Al haber sido expulsado en 2017 por la “ley de extrañamiento”, se dio por finalizado el proceso judicial por el cual Revilla Estrada había sido condenado dos años antes por narcotráfico.

De esta manera, el único delito vigente para el hombre ante la Justicia argentina era la violación de la prohibición de reingreso, y por ello Migraciones solicitó nuevamente su expulsión.

“Después de siete meses de haber cumplido condena efectiva lo estamos expulsando y está volviendo a su país”, aseguró Carignano.

Durante la gestión anterior, Migraciones también había solicitado la expulsión del tío de Revilla Estrada, el capo narco Marco Antonio Estrada González, pero fue rechazada por el juez que tenía a su cargo la causa al considerar que tenía información relevante para aportar en la investigación y por sus conexiones con el narcotráfico.

Los investigadores creen que Estrada González sigue liderando la banda narcocriminal desde la cárcel.

Carignano recordó hoy que en la presidencia de Mauricio Macri se expulsaron a 1.500 extranjeros con sentencia firme, pero al ser deportados a su país de origen quedaban en libertad.

“Esto es lo peligroso y lo preocupante de todo esto, de las 2441 personas que echaron 1500 estaban cumpliendo la condena y a la mitad los liberaron para que sigan libres en su país. El problema es que este narcotraficante es una persona muy poderosa, no es cualquier chico que está lavando copas y lo encuentran con el documento vencido en algún bar”, expresó la directora de Migraciones.

Según la investigación de la Policía y la Justicia, Revilla Estrada integraba uno de los eslabones de la organización narcocriminal liderada por su tío, ya que se encargaba de transmitir sus órdenes cuando iba a visitarlo a la prisión y manejaba a los sicarios de la banda.

“Esta persona fue detenida en las inmediaciones de la villa 1-11-14, en el radio de acción de la organización delictiva de Marco, así que es una decisión muy importante de expulsarlo porque seguramente volvió al país para continuar con su accionar delictivo”, sostuvo Villalba.

Por último, el secretario de Seguridad destacó que el Ministerio encabezado por Sabina Frederic trabajó en conjunto con la DNM y con el Ministerio de Justicia en “este operativo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la PFA para poder llevar a cabo la salida del país de esta persona, que no debería haber estado acá sino se hubieran llevado adelante algunas determinaciones perjudiciales para eso”.

 

Marco Estrada González y parte de su banda condenados a prisión 

POR ZOOM. El juicio oral se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2020 en modo virtual. En los círculos, Estrada González y su esposa.

El narcotraficante peruano Marco Estrada González, alias “Marcos”, condenado a 24 años de prisión, era el jefe de una banda narcocriminal que controló la venta de drogas entre 2009 y 2017 en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, que movilizaba unos 14 millones de pesos por mes.

Según la investigación de la Justicia que pudo condenarlo, el dinero se juntaba en los puntos de venta de la droga y se rendía los viernes de cada semana, con una contabilidad que era llevada en cuatro cuadernos secuestrados en la causa y la ganancia se pasaba al “jefe del grupo”.

La organización movía “mucho dinero y claramente era una situación que se debía rendir toda la entrega”, algo que se hacía según la fiscalía ante una de las acusadas, Gladys Santos.

“Era la receptora con colaboradores como su hija, su marido, su hermana, su sobrino”, enumeró el fiscal Diego Velasco. Para ello, había “reglas y protocolos establecidos por la organización que se repetían constantemente”, agregó Velasco.

Además, consideró probados los vínculos entre todos los acusados, entre ellos Marco Estrada González, quien aparece en mensajes reclamando deudas por droga.

El grupo “estaba pendiente de la situación del barrio”, afirmó además en relación a las alertas que recibían sobre operativos policiales, como los ordenados en 2016 que culminaron con las detenciones de todos los acusados.

Para reforzar su acusación, el fiscal sostuvo que los ingresos de droga a la villa tenían “horarios establecidos” y que había controles “a las casas donde se preparaba”.

En un tramo de su alegato, Velasco reparó en que la suegra de “Marcos” continuó al frente de la comercialización de drogas tras la detención de su yerno en diciembre de 2016, bajo sus directivas; incluso mantenían conversaciones, ya que la “actividad continuaba vigente”.

Al momento de la condena, los jueces consideraron “Marcos” como el “organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas” en el barrio también llamado Padre Ricciardelli. También lo encontraron culpable de ser coautor de “tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas”.

Su esposa, Silvana Alejandra Salazar, fue condenada a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otras 8. Además su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias “Doña Lily”, a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como “partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam. 

Tags: ArgentinaExpulsiónNarcotraficantePolítica migratoria
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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