La Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar entre 1975 y 1983, etapa que el gobierno militar de facto denominó “Proceso de Reorganización Militar”.
A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos (de 5.600 a 11.200 dólares).
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura.
Hoy se cumplen 48 años de aquel Golpe de Estado y distintas organizaciones sociales se preparan para volver a decir “Nunca Más”.
