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Cuánto y por cuánto tiempo debería crecer el país para reducir la pobreza al 25%

4 abril, 2021

“Yo vivo enfrente de un comedor. Antes a la gente se les repartía comida y se les daba un tupper para que puedan llevar a la casa. Ahora las filas son cada vez más largas y el comedor está colapsado. Generalmente antes iban chicos y adolescentes, ahora van familias enteras”, cuenta Jorge Vargas, que vive hace 26 años en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a datos oficiales, la asistencia alimentaria directa del Estado a comedores había alcanzado en 2019 a 8 millones de personas. De ese total, 3,5 millones eran a chicos y chicas en escuelas, mientras el resto eran adultos y personas mayores en comedores o merenderos. Por la pandemia ese número saltó a lo largo de 2020 a unos 11 millones de personas por la emergencia que implicó el cierre de actividades en todo el país.

Jorge trabaja en una cooperativa de limpieza que emplea sólo a personas que viven en el barrio, principalmente recolectando basura. Más allá de contar con medidas de higiene, todos los integrantes de su familia se contagiaron en algún momento de coronavirus. A diferencia de muchos otros vecinos, por el rubro en que está empleado, no paró de trabajar en ningún momento durante la pandemia.

“Para algunas familias fue muy difícil, si tenían un laburo informal, no estaban registrados en ningún lado ni tenían ningún permiso para salir. No había manera de justificar las changas en negro. El día a día sigue siendo complicado”, resume Jorge en diálogo con Infobae.

En el momento de restricciones más fuertes a la actividad se perdieron unos 4 millones de puestos de trabajo, principalmente en el sector marginal de la economía.

Según el INDEC, hacia fin de 2020 se habían recuperado poco más de 3 millones de esos empleos, aunque en mayor medida se trató de trabajos temporales, en negro y mal pagos, lo que impide que muchos de esos hogares recuperen el nivel de ingresos que tenían antes de la llegada de la pandemia.

La irrupción del COVID-19 representó a nivel global un retroceso de décadas, después de avances durante el último cuarto de siglo en la reducción de las tasas de pobreza en todo el mundo, de acuerdo al Banco Mundial. En la Argentina, de todas formas, la pandemia fue el último elemento que explica una deuda interna arrastrada desde hace décadas.

Con el 42% de población que no llega a cubrir la canasta básica total, el país tiene el mismo nivel de pobreza que hace más de 30 años y, a diferencia de otros países de la región, no logró sostener un proceso de reducción significativa de ese índice. Desde 1998 la pobreza afecta (al menos) a uno de cada cuatro habitantes.

 

Sin avances en 30 años

La medición de la pobreza en la Argentina pasó por distintas etapas en las últimas décadas, lo que hace difícil estimar una serie histórica sin interrupciones.

El economista de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) Martín González Rozada recordó a través de las redes sociales todos los cambios metodológicos que tuvo el INDEC: entre 1988 y 2003 estimó la tasa para el Gran Buenos Aires con una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realizaba dos veces por año.

Entre 2003 y 2006, con una EPH trimestral, luego incluyó al resto de los centros urbanos grandes del país y cambió la canasta de gastos de los hogares que toma como referencia. Más adelante, además, la intervención del INDEC durante el gobierno kirchnerista generó un apagón estadístico de revisión de datos por parte del gobierno de Cambiemos que terminó con la normalización del organismo a fines de 2015 y el regreso del índice oficial a fines de 2016, pero sin reconstruir las series observadas.

De todas formas, las cifras oficiales muestran tres grandes saltos en los números de pobreza de la Argentina en las últimas décadas: la hiperinflación de fines de la década del 80, el estallido social de diciembre de 2001 con el fin de la convertibilidad y el 42% actual que generaron la recesión acumulada en 2018 y 2019 y que fue agravada con la depresión económica por la crisis sanitaria.

La hiperinflación provocó en 1989 una escalada en los índices de pobreza que no se registraron en ninguno de los dos otros casos. De acuerdo a una estimación de Infobae en base a datos oficiales, entre el primero y el segundo semestre de ese año la tasa de población por debajo de la canasta básica pasó del 25,9% al 45,3%, un incremento superior a los 19 puntos porcentuales.

Con la estabilización de la suba de precios y el crecimiento del PBI durante los primeros años de la convertibilidad, la pobreza experimentó uno de los dos procesos de reducción de la pobreza sostenida, desde 1990 hasta el primer semestre de 1994 el índice se redujo hasta el 16,1%. Ese descenso quedó trunco muy pronto: ya antes de iniciar el 2001 la proporción de habitantes que no podían cubrir con sus ingresos habituales la canasta básica total había regresado al 28,9%.

El deterioro social de esa crisis marcó un nuevo salto en la pobreza, que escaló así hasta el 57,5%. Una medición del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), no obstante, obtuvo como resultado -utilizando la metodología actual de INDEC y “arrastrándola” hacia atrás en el tiempo- que en ese momento casi el 75% de la población era considerada pobre y el 31%, indigente.

Una vez caída la convertibilidad, por el fuerte crecimiento del PBI desde 2003, el indicador de pobreza registró su segunda etapa de recorte marcado, que también fue interrumpido cuando la actividad económica entró en una meseta a partir de 2012. Antes de la intervención del INDEC, la pobreza se había desplomado desde 57,5% hasta 26,9%.

Con altibajos -y sin datos oficiales-, ese proceso continuó hasta el segundo semestre de 2017, cuando la pobreza alcanzó su mínimo en dos décadas con el 25,7% con que finalizó ese año. Las crisis devaluatorias que se iniciaron en 2018 provocaron un retroceso acelerado de los indicadores sociales, hasta alcanzar el pico de 42% que difundió el INDEC días atrás.

 

El impacto en los más chicos

Los saltos en los índices de los últimos años muestran una tendencia que se acrecienta: la peor parte se la llevan los chicos, chicas y adolescentes. El último informe del INDEC dio cuenta de que la pobreza afectó a 57,7% de los chicos menores de 14 años en el segundo semestre del año. De ese total, 15,7% (prácticamente uno de cada seis) no tienen cubierta sus necesidades mínimas alimentarias para su desarrollo.

En términos prácticos, esto significa que unos 8 millones de chicos son pobres y, de esos, 2 millones son indigentes, según el cálculo de Ianina Tuñón, socióloga e investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

“La situación, si bien abarca a más de la mitad de los chicos, es muy heterogénea. Hay un grupo de hogares que están muy cerca de la línea de pobreza y otros muy por debajo. Esta pobreza extrema es la peor, que pone en peligro el acceso a alimento y la subsistencia”, asegura ante este medio.

Tuñón explica que hay una nueva generación de chicos que está por ingresar a la escuela secundaria y que vivió toda su vida bajo la línea de la pobreza. “Los chicos que están por encima de la pobreza extrema viven carencias que se reproducen inter-generacionalmente. El piso de pobreza estructural es cada vez más alto, actualmente el 40% de la población del país, y resulta complejo que pueda salir de esa situación. Esto posterga a cada generación que nace, se desarrolla y se reproduce en condiciones de inequidad”, explica la investigadora.

El último estudio de UNICEF centrado en el impacto de la pandemia en la pobreza de niños, niñas y adolescentes había concluido que en los barrios populares la pobreza llegaría este año al 92% de los chicos y la indigencia a prácticamente la mitad de ellos, según esa medición.

En familias en que el jefe o jefa de hogar no tiene trabajo las cifras son peores. El 97% de los chicos que vive en una familia con esas características sufrirá de pobreza y casi el 60% será considerado indigente al no tener cubiertas sus necesidades alimentarias.

En línea con el gran déficit que tuvo el país para evitar agravamientos recurrentes de la situación social, la salida que ven los expertos es a través del crecimiento de la economía. “Argentina necesita al menos 10 años de crecimiento sostenido para reducir la pobreza a niveles que puedan ser manejables con políticas sociales focalizadas que atiendan la situación de aquellos que no hayan logrado salir de la pobreza”, resumió González Rozada (UTDT).

“Aún con los vaivenes propios de los ciclos económicos, conseguir durante un par de décadas que los años de crecimiento sean una mayoría, y que los años de recesión sean solamente eso y no crisis económicas, debería alcanzarnos para ir reduciendo paulatinamente el porcentaje de población en situación de pobreza”, dijo por su parte Tornarolli (CEDLAS).

Waisgrais (UNICEF), en tanto, considera que “para poder reducir la pobreza significativamente, lo que no significa erradicarla, el país necesitaría crecer a niveles superiores al 3% anual durante quince años, además de reducir la inflación. Y sin contar ese factor, desde 1870 hasta 2010 la economía creció a un ritmo promedio anual de 1,5%, es la mitad de lo que necesitamos. Nunca construimos un crecimiento de 3% anual más de 10 años seguidos. El país necesita generar procesos de crecimiento inclusivo y de largo plazo”, afirma.

 

Fuentes: Infobae – iProfesional – agencias

Tags: #economíaAnálisisPobreza
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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