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Derecho a la Tierra: Misiones avanza en la regularización de 4.000 lotes

21 agosto, 2021

Garantizar el derecho a la tierra para que los habitantes puedan vivir, trabajarla y producir es una tarea muy compleja. El Gobierno provincial viene desarrollando un programa al respecto, que tiene el objetivo de corregir y solucionar una situación irregular que padecen muchas familias misioneras hace décadas.

La decisión política “es afrontar el problema y brindar respuestas definitivas, que no sean simples parches, invirtiendo millones de pesos en la compra de lotes para brindar seguridad jurídica, tranquilidad y garantías a las familias. Nunca antes se había tomado el toro por las astas”, explicaron a PRIMERA EDICIÓN desde la Gobernación.

Para fin de año está prevista la regularización de unas 4.000 propiedades en distintos municipios del interior, principalmente en la zona del Alto Uruguay, que es la que concentra la mayor parte de las ocupaciones en propiedades fiscales y privadas.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad ordenó la continuidad del trabajo iniciado por su antecesor, Hugo Passalacqua, en el sentido de aportar recursos propios y rescatar expedientes incompletos que han dormido durante décadas en diversas oficinas o papeles que se encuentran en tenencia de las familias ocupantes.

La subsecretaria de Tierras, Sonia Melo, explicó que el principal inconveniente es la informalidad y el desconocimiento de los trámites. “Desde el año pasado a ahora nos pusimos en el trabajo de llevar adelante las mensuras” y dejando 4.000 expedientes listos para avanzar con la titulación definitiva en fin de año.

“Una de las principales y primeras dificultades es la desinformación y el desconocimiento de las cuestiones que tiene que ver como continuar con un expediente. Solamente celebró un boleto de compra y venta de una mejora y con eso cree que tienen terminado total y absolutamente el expediente, dice esta es mi tierra, tengo el título y no es así, esa es una de las principales dificultades”, expresó.

DECISIÓN POLÍTICA. Herrera pidió que se arbitren los medios necesarios para concretarlo a fin de 2021.

El trámite incompleto abre lugar después a numerosas disputas judiciales donde siempre termina interviniendo el Estado, la mayoría de las veces, en favor y defensa del más débil, tenga o no la razón. Es que muchas veces, las compras son efectuadas “de buena fe” y el comprador desconoce los antecedentes de la tierra que está comprando. Hay innumerables situaciones donde se presentan dos, tres o más dueños de una misma parcela y todos son compradores “de buena fe”.

Para el Gobierno misionero “la tierra es un tema sensible que afecta la proyección de vida de las familias. Es un tema sensible y troncal, porque pasa por la cuestión del arraigo, el afianzamiento de una familia, la proyección, los sueños, la consolidación de toda una historia de vida y los proyectos hacia sus hijos, nietos”, dijo Melo.

Por cada trámite hay que mensurar, mirar papeles, revisar: “tenés horas de trabajo, yo digo de laboratorio, en la cuestión del análisis del expediente, del armado, de la continuidad, del seguimiento y sobre todo tener en cuenta, también, el compromiso de la misma familia”, añadió.

En este sentido la funcionaria expresó que desde el año pasado están trabajando y se han firmado convenios con los colegios profesionales de Agrimensura y Notarial para avanzar en el proceso del acceso a tierras, con mensuras y el título de propiedad para lograr una tarifa social plana en la intervención de los mismos.

“El último trámite es la formalización del título, es por eso que desde del año pasado a ahora no se llevan adelante las mensuras, que es lo que estaba faltando para avanzar, y se está trabajando en nueve municipios esperando a fin de año con todos esos planos aprobados se tendrán alrededor de 4.000 expedientes listos para empezar la titularización definitiva”, sostuvo.

Por último, la funcionaria graficó la sensación que vive una familia cuando cae en la cuenta que la tierra que pisa es definitivamente suya: “la emoción y la felicidad de una familia al recibir su título representa la certeza del objetivo alcanzado y significa que estamos llevando verdaderas soluciones a las familias misioneras. Siempre tienen el sueño de lograr el arraigo y una proyección de vida”, finalizó.

Tags: #TierrasMisionesRegularizaciónsonia melo
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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