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Monotributistas sociales: “El Estado no está aportando para la cobertura de salud”

12 septiembre, 2021
Silvia Sapper - Superintendencia de Salud de Misiones

GESTIÓN. Para acercar una solución a los monotributistas sociales, Sapper pidió intervención de ANSES.

Silvia Sapper - Superintendencia de Salud de Misiones
GESTIÓN. Para acercar una solución a los monotributistas sociales, Sapper pidió intervención de ANSES.

 

Los monotributistas son los que más reclamos hacen ante la Superintendencia de Salud porque las obras sociales se niegan a aceptarlos como beneficiarios, pese a que por ley no pueden negarse.

Al respecto, la coordinadora de la Superintendencia de Salud de Misiones, Silvia Sapper, admitió que “la teoría es muy distinta a la práctica y detrás de esta negativa hay una situación compleja y es que el Plan Médico Obligatorio (PMO) está valuado hoy en 2.600 pesos, un valor que ya está de por sí defasado de los costos actuales. Y el monotributista paga en concepto de obra social 1.408 pesos, casi la mitad de lo que en realidad debería pagarse“.

“Este es el inicio del problema porque las obras sociales no quieren recibir a personas que no aportan el valor del PMO, cuando en la mayoría de los casos los planes son superadores y tenés que pagar una diferencia para poder acceder a ciertas prestaciones. Hoy, la ley no habilita a la obra social a cobrar un extra para llegar al valor del PMO. Por lo que las obras sociales no están aceptando las afiliaciones nuevas y en las que aceptan te dan la posibilidad de pagar un adicional”, explicó.

 

Multas y sanciones

Según indicó Sapper, cuando la obra social se niega a inscribir a un monotributista, lo primero que se hace desde la Superintendencia es un reclamo administrativo a través del formulario 075.

“La obra social tiene 10 días para contestarnos. Siempre tratamos de resolverlo desde la gestión, hablo con los gerentes y tratamos de resolver. Pero a veces no llegamos a un acuerdo y esperan que el afiliado acuda a la Superintendencia y actuemos… es que por cada cientos de afiliados descontentos sólo uno hace el reclamo formal”, señaló.

Pasados esos diez días, si la obra social no contesta o se niega, se manda a segunda instancia, a Buenos Aires, “ahí se vuelve a analizar el reclamo y se intima a la obra social a realizar la prestación en un tiempo determinado y cumplido ese tiempo, de no hacerlo, se le aplica una multa. Es un proceso bastante largo pero siempre se trata de resolver lo antes posible”.

Siete de cada diez reclamos se resuelven a favor del afiliado.

 

Gestiones antes ANSeS

Más recientemente, el problema que más reclamos genera en la Superintendencia de Salud es la falta de cobertura de salud de los que tienen monotributo social, en este caso porque ni siquiera figuran en el sistema.

Según explicó Sapper, “el monotributo social es una figura muy particular porque se solicita en ANSeS, lo inscribe AFIP y la obra social la paga el 50% el Estado y el 50% restante por el beneficiario. Y el 50% del Estado sale del Ministerio de Desarrollo Social… hay muchos organismos en el medio y ahora estamos teniendo inconvenientes porque después de un año duro de pandemia, la gente empezó a salir y a buscar una prestación de salud y se encuentra con que tiene cortado el sistema porque el Estado no aportó el 50% que le corresponde”.

Para tratar de solucionar esta problemática, contó que “nos reunimos con ANSeS para que vean las gestiones necesarias para estar al día porque en su gran mayoría, la gente paga su 50% y es el Estado el que no está cumpliendo”.

Sapper admitió que este es un reclamo creciente, especialmente en la zona de San Pedro, una de las razones por las que en octubre abrirán una oficina “para poder estar más cerca de la gente y tratar de hacer todo lo que podamos para solucionar la falta de prestación”.

 

Una deuda pendiente

Por otra parte, la coordinadora local de la Superintendecia de Salud reflexionó sobre la necesidad de adecuar la normativa para facilitar a los beneficiarios de obras sociales y pre-pagas conocer sus derechos en cuanto a prestaciones de salud.

“El Plan Médico Obligatorio (PMO) es una ley/manual al que se le fue añadiendo modificaciones… y hoy tiene mil anexos, por lo que su acceso y comprensión clara es una dificultad y es una deuda pendiente unificar en una sola normativa”, opinó.

 

Cuatro oficinas en el interior

En septiembre, la Superintendencia de Salud abrió una oficina en Puerto Iguazú que funciona en las instalaciones del Hospital SAMIC de esa localidad.

En tanto, en octubre abrirá otras tres oficinas en Oberá (también en el SAMIC de esa localidad), en Eldorado y San Pedro, estas dos sedes funcionarán en el edificio municipal.

De esta manera, después de estar centralizada la atención durante más de 20 años en la capital de la provincia, se busca ahora acercar el organismo a los distintos beneficiarios de obras sociales y pre-pagas.

Aunque en la actualidad gran parte del proceso de reclamo se hace en modo virtual, “la pandemia benefició a la gente para que no tenga que moverse tanto y pueda mandarnos su documentación por Whatsapp o email, en vez de tener que traernos un papel”, indicó Sapper.

Tags: MonotributistasObras SocialesSilvia SapperSuperintendencia de Servicios de Salud
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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