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Vaticinan el fin de la era K en la Argentina

20 noviembre, 2021

El resultado de las elecciones del domingo sigue generando análisis y reacciones en el exterior, en particular en medios de influencia en los círculos políticos y económicos internacionales.

El diario Financial Times consideró en un editorial que la “paliza” que recibió el gobierno podría ser una “oportunidad” para que la Argentina logre escapar de su “constante historia de promesas fallidas”.

Otro medio británico, The Economist, también en la columna editorial “Bello” de la sección Américas, se pregunta si la derrota electoral favorecerá la moderación del gobierno de Alberto Fernández a la vez que destaca “las ambigüedades del peronismo”.

La revista se sorprende del llamado presidencial del domingo a la “celebración de la victoria” que tuvo lugar el jueves, después de que la oposición de Juntos por el Cambio se impusiera a nivel nacional por 42 a 34% del peronismo. Pero no fue la única paradoja, señala, otra es que si bien la derrota anticipa dos años difíciles para el gobierno de Fernández, también le puede hacer más fácil tomar “algunas decisiones duras, como ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

El editorial repasa la composición del gobierno: un presidente “que se considera a sí mismo socialdemócrata y gobierna en un matrimonio político sin amor con Cristina Fernández de Kirchner”, a la que define como una “populista izquierdista que en 2019 le ofreció encabezar la fórmula presidencial”.

 

“La gran perdedora”

The Economist considera a la vicepresidente “la gran perdedora” del domingo: el peronismo perdió el control del Senado por primera vez desde 1983 y si bien sigue siendo el principal partido en el Congreso, ya no puede dictar la agenda. Además, destaca, “humillantemente, el peronismo salió tercero en Santa Cruz, la provincia adoptiva de Cristina Kirchner en la Patagonia, por largo tiempo un feudo familiar”.

De hecho, el editorial afirma que “la elección puede marcar el principio del fin del kirchnerismo”, al que define como una agrupación “políticamente dúctil, pero económicamente intransigente” que se transformó en la “fuerza dominante del peronismo”.

Hasta ahora, sigue el editorial, Cristina abortó la inclinación de Alberto Fernández a acordar con el Fondo, a punto de atribuir la derrota oficialista en las PASO a que el Gobierno no había gastado lo suficiente en ayudas y subsidios.

Entre una y otra elección el Gobierno canalizó dinero al conurbano bonaerense, donde vive uno de cada cuatro argentinos, y una encuesta halló que quienes recibieron ayuda tendió a votar al peronismo.

De ese modo, el peronismo recuperó 460.000 votos, pero todavía perdió 2 millones respecto de 2019, por lo que la oposición ganó la provincia de Buenos Aires, pero por un margen estrecho.

La revista afirma que esta relación con los votantes pobres ha sido una práctica peronista desde Eva Perón, pero que el margen para hacerlo se angostó, pues ya 17 millones de personas (cuatro de cada diez) depende del Estado para su ingreso, ayuda, pensión o empleo público, lo que resulta es un déficit fiscal persistente que, desde que el FMI suspendió su crédito en 2019, “se financió mediante la impresión de dinero y alimentando la inflación”.

Pero ahora, dice el editorial, a menos que el gobierno negocie un nuevo crédito, debe pagar al Fondo USD 21.000 millones en los próximos 13 meses, lo que lo enfrenta a una dura elección: defaultear, gatillando una nueva fuga del peso, o acordar.

Al respecto, recuerda que el presidente dijo, en su discurso grabado del domingo por la noche, que “es hora de resolver el problema” y anunció el envió al Congreso un programa económico en diciembre, “algo que antes había considerado innecesario”.

Según The Economist, el FMI es probable que acepte un programa “menos que riguroso”, pero que incluya alguna reducción del déficit, algo que hasta ahora ha sido anatema para Cristina, aunque el presidente destacó que la propuesta que enviará al Congreso tiene “al completo apoyo” de la coalición oficial. Al respecto, la revista inglesa cita al politólogo Sergio Berensztein, quien señala que Cristina todavía tiene “influencia y poder de veto”.

El editorial recuerda que en 2001 un gobierno no-peronista fue derrocado tras querer imponer austeridad y perder una elección legislativa. Los peronistas, dice, todavía controlan la calle y probablemente quieran seguir tirando así hasta 2023. El problema, concluye, es que “no tienen un proyecto para el futuro, y ése es el más grande problema de la Argentina”.

 

“Toma y daca”

En la nueva configuración determinada por las elecciones del 14 de noviembre, el Frente de Todos estará casi empatado en cantidad de bancas de la Cámara de Diputados con Juntos por el Cambio, sin que ninguno tenga mayoría, y no tendrá garantizado el quorum propio tampoco en el Senado, donde necesitará aliados que no abundan.

El Gobierno se vio entonces obligado a tratar de abrir el juego y permitir que la oposición proponga sus proyectos para iniciar las negociaciones y el “toma y daca” en torno a la agenda que plantea el oficialismo y que, además del “programa económico plurianual”, incluirá la nueva ley agroindustrial, la ley de compre argentino y la ley de industria automotriz, entre otros temas.

 

“Que hagan el trabajo sucio en los dos próximos años”

Entre los referentes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y los nuevos aliados liberales como Ricardo López Murphy ya hay conversaciones sobre los pasos a seguir, con la mira puesta en el “programa económico” que apunta a encauzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La primera condición de Juntos por el Cambio (JxC) para sentarse a discutir ese proyecto es ver el detalle, cuáles son las metas fiscales y económicas que propone.

La segunda es el apoyo explícito de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “A nosotros nos ha llegado que el acuerdo con el Fondo está casi cerrado y que hay algunas partes que Cristina ya conoce, pero otras partes, referidas a reducción del déficit y otros temas, que ella todavía no conoce, y ahí están las dudas”, señaló a iProfesional uno de los dirigentes de la Mesa Nacional que lidera la coalición opositora.

Además, en el interbloque opositor no tienen todavía en claro la relación entre ese proyecto y el Presupuesto 2022 que, según afirman, está congelado en la Cámara de Diputados desde septiembre “por obra del propio oficialismo, de La Cámpora”.

Según comentó el dirigente a este medio, el anuncio de Fernández sobre el “programa económico plurianual” no se trató en profundidad durante la primera reunión post elecciones de la Mesa Nacional de JxC pero hubo una posición compartida respecto de ser cautos, más allá de las críticas y chicanas públicas.

Una de las razones, según deslizó la fuente consultada, es que luego del triunfo en las legislativas JxC se siente cerca de volver a gobernar en 2023 y lo que ocurra entre la administración que comparten Alberto Fernández y Cristina Kirchner y el FMI repercutirá en lo que ellos recibirán si cumplen su objetivo dentro de dos años.

Si el plan tiene efectivamente el visto bueno del Fondo, la oposición es proclive a acompañarlo. Y es que, sobre la suposición de que el eventual acuerdo con el FMI podría contemplar un plan de ajuste, hay algunos dirigentes de la coalición opositora que consideran que no les “vendría mal” que el Gobierno “haga el trabajo sucio” en los próximos dos años.

Fuente: Medios Digitales

Tags: Cristina KirchnerFinancial TimesKirchnerismo
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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