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Denuncian a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad

11 febrero, 2022

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en Países Bajos, recibió este miércoles el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI) sobre COVID, que investigó el papel del gobierno federal en el combate a la epidemia de COVID-19 en Brasil.

El documento, enviado a la Corte Internacional por los senadores de la CPI señala 9 delitos de Bolsonaro: prevaricación, charlatanería, epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, personas, delitos de responsabilidad y delitos de lesa humanidad, citó Folhapress.

La Corte emitió un protocolo confirmando que recibió el informe y los trámites, a partir de ahora, son confidenciales. “Es un paso más en el camino contra la impunidad”, dijo a los medios el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), quien fue vicepresidente de la CPI y uno de sus miembros más activos.

El tribunal fue creado para juzgar a las personas que cometen delitos de alcance internacional, como genocidio, guerra y lesa humanidad, en los que fue imputado Bolsonaro.

El CPI trabajó durante 6 meses en 2021, e investigó la actuación del Gobierno frente al nuevo coronavirus.

Al final del trabajo, Jair Bolsonaro fue señalado por el relator del trabajo, el senador Renan Calheiros (MDB-AL), como “el principal responsable de los errores del gobierno en la epidemia, que ya mató a más de 633.000 personas en el país”.

Además, registra más de 26.770.000 casos confirmados del coronavirus y continúa como la segunda nación del mundo con más muertes por COVID-19, después de Estados Unidos, y la tercera en cantidad de contagios, detrás de EEUU e India.

Al presentar su informe, el senador afirmó que Bolsonaro cometió los diversos delitos al “actuar de manera no técnica y desidiosa frente a la pandemia, exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva”.

 

“Desprecio por la vida de las personas”

El CPI también confirmó “la existencia de un consultorio paralelo, la intención de inmunizar a la población por contaminación natural, la priorización del tratamiento precoz sin sustento científico y el desincentivo al uso de medidas no farmacológicas”.

También reveló que hubo “demora deliberada en la adquisición de vacunas, en evidente desprecio por la vida de las personas”.

En total, 80 personas fueron acusadas por la CPI y los senadores señalan la lentitud del Ministerio Público. La Fiscalía General abrió seis investigaciones preliminares sobre la conducta de Bolsonaro.

Randolfe escribió en Twitter un mensaje para el Procurador General de la República: “Sr. Augusto Aras, dígnese asumir la dirección del MPF, y no sólo el papel de sirviente de Bolsonaro. ¡Aras cruzó todos los límites! Esta semana empezaré a recolectar firmas para pedir la destitución y remoción del PGR que no cumple sus funciones!”.

 

“No me preocupa si no me pasa la banda presidencial”

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) este miércoles fue consultado sobre la posibilidad de que el presidente Jair Bolsonaro (PL) se niegue a aprobar la banda presidencial si es derrotado en las elecciones de este año.

Lula dijo que él no tiene esa preocupación y que si gana las elecciones, elegiría a otra persona para pasarle la banda presidencial. “Que siga el camino. Vamos a conseguir que alguien del pueblo, un brasileño, me ponga la banda, si gano las elecciones”, dijo ayer el líder del Partido de los Trabajadores en una entrevista a la radio Brasil Campinas.

El exmandatario también dijo que no importa que el próximo presidente no sea él, siempre y cuando sea alguien “democrático, que le guste a la gente y le guste este país”. “Él (Bolsonaro) pasará al carril derecho, luego puede irse a casa a llorar, a refunfuñar, pero pasará de carril, de eso puede estar seguro. El pueblo le quitará la banda y se lo pasará a otra persona”, agregó.

En 2021, tras perder las elecciones estadounidenses, el expresidente Donald Trump no le pasó la banda a su sucesor, Joe Biden.

Lula recordó que algo similar ya ocurrió en Brasil. El último presidente de la dictadura militar, el general João Baptista Figueiredo, se negó a pasar la banda a su sucesor, José Sarney.

“Pero no tengo esa preocupación. Bolsonaro tendrá la gran lección de su vida, el golpe que le dará el pueblo el 2 de octubre, un golpe democrático. El pueblo le dirá soberanamente a Bolsonaro BASTA”, dijo Lula.

El petista lidera actualmente las encuestas de cara a las elecciones de octubre próximo en los que enfrentará al presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro, como su principal contrincante.

La campaña electoral se presenta en Brasil como una dura pulseada entre dos visiones diametralmente opuestas en materia económica, política y hasta ideológica.

 

Pedido a la Corte

La Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Covid (CPI) entregó al Presidente del STF (Supremo Tribunal Federal), Ministro Luiz Fux, una solicitud para que los recursos presentados ante la Corte por el Fiscal General de la República, Augusto Aras, sean transformados en investigaciones, con base en un informe en el que la Comisión solicitó la acusación de 80 personas, entre ellas, el presidente Jair Bolsonaro.

El documento entregado a Fux está firmado por el abogado del Senado Federal Edvaldo Fernandes y avalado por los senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Renan Calheiros (MDB-AL) y Omar Aziz (PSD-AM).

A juicio de los congresistas, Aras no adoptó los procedimientos adecuados para denunciar o archivar el material levantado por el colegiado en la CPI.

En una reunión esta semana con Fux, los congresistas también solicitaron el levantamiento del secreto de las acciones interpuestas por Aras.

“El trabajo de la CPI se hizo a plena luz del día, con el seguimiento diario de la sociedad. La evidencia es pública. Recién tuvimos acceso a una de las peticiones de Aras. Porque son confidenciales. Le tocaría a la PGR continuar la investigación, denunciar o archivar ¿Qué hizo Aras? Una solicitud confidencial al STF, en la que no siguió ninguna de esas vías”, dijo Calheiros.

Fuente: Medios Digitales

Tags: #BrasilBolsonaroDDHHDenunciaLa Hayalesa humanidad
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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