El semestre ya comenzó. Y los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública misionera saben de la demanda que tienen sus afiliados: lograr una nueva recomposición salarial hasta junio próximo, tras el 50,9% de inflación de 2021.
En el Estado provincial, hay algunos grupos que lograron una recomposición similar y hasta mayor a ese índice que castiga los bolsillos de los trabajadores. Pero el problema real es que 2022 traerá una cifra parecida o peor en los 10 meses venideros. Hay estudios que ya arriesgaron entre un 55 y un 60% de inflación para el año en curso, entre ellos el relevamiento que difunde de manera mensual el Banco Central de la República.
Con la convocatoria hecha por los ministros Miguel Sedoff (Educación) y Adolfo Safrán (Hacienda), el primer sector que comenzará a negociar es el docente. La Mesa de Diálogo que componen UDA, UDPM, AMET, SADOP, SiDEPP y SEMAB está convocada para mañana lunes.
¿Qué se espera del primer encuentro? El Gobierno educativo ya conoce de manera extraoficial los planteos económicos que llevarán los sindicatos. Puede suceder que sólo escuche la oficialización de las demandas y se pase a un cuarto intermedio; o que ya proponga un número de actualización salarial para seguir negociando.
A su vez, al día siguiente, fueron llamados los integrantes del Frente Docente (UDNAM, UTEM, ATE, Movimiento Coti Santoro y autoconvocados. Seguirán los mismos pasos que sus colegas de la Mesa de Diálogo pero con el presidente del Consejo de Educación, Juan Alberto Galarza; el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; y probablemente Safrán.
Con diferencias escasas, desde las representaciones docentes se apunta a conseguir aumentos que alcancen el valor de la canasta alimentaria que el INDEC situó en 76 mil pesos. Algunos dirigentes de los educadores, pusieron el punto de negociación en un salario básico de entre 31 mil y 36 mil pesos.
Es allí donde el Gobierno provincial ve que la negociación será compleja y difícil de llegar a consensos cuando el primer planteo es resolver la inflación posible de 2022 en el primer semestre. “No hay caja que aguante cuando se pide un 100% de aumento al básico en una sola etapa”, aseguraron fuentes oficiales.
Es que hoy el básico docente es de 17 mil pesos y se garantiza un piso salarial de 48 mil. La diferencia para alcanzar las pretensiones sindicales, es muy alta y difícilmente se vaya a cubrir.
Un tema no menor es que los maestros se presentarán en las escuelas el próximo lunes 21 de febrero y las clases comenzarán el 2 de marzo. Si las definiciones se dilatan, en el sector más combativo del Frente Docente ya plantean no arrancar, con la realización de asambleas locales que afectarán el dictado normal de las clases.
Mientras el sector educativo negocia sus paritarias, se pusieron en la lista de espera desde hace un tiempo la UPCN; una decena de gremios bajo el paraguas de la CGT Misiones; la ATE y CTA, que tiene afiliados en diferentes ámbitos. De estos últimos, hay un pedido concreto específico para los trabajadores de la salud, a cuya mesa de diálogo deberá convocar el ministro Oscar Alarcón.
Ayer, también, se reunieron los integrantes de la mesa de enlace policial (integrada por delegados de efectivos en actividad y retirados como de familiares de los mismos) en Jardín América con el Jefe y Subjefe de la Policía de Misiones. Con mucho hermetismo por parte de los representantes, lo que trascendió es el pedido de apertura de la mesa de negociación salarial, con pedido de aumento del 40% hasta junio y renegociar en julio. Pedirán revisar la base de cálculo de adicionales como zona desfavorable, uniforme, compensatorio por año de servicio, asignación por no vivienda y presentismo.
Cada año, lo que se cierra con policías y docentes sirve como indicador de otros sectores para saber cuánto está dispuesta la “Rosadita” misionera a ceder.
Antes de que comiencen las mesas sectoriales, el Gobierno nacional mandó un mensaje a todos los gobernadores, federaciones y confederaciones: la pretensión es no pasar del 40% de aumento en el primer semestre.
En pocos días, la Casa Rosada podría actualizar el salario mínimo, vital y móvil que actualmente es de 33 mil pesos.
La excusa para pedir un techo de aumento salarial, es el efecto que pueden tener los incrementos de los salarios sobre la inflación.
Define el Congreso
En la reunión de los gobernadores del Norte Grande donde el misionero Herrera Ahuad fue anfitrión en Puerto Iguazú el pasado viernes, le sacaron a Alberto Fernández un incremento del 72% de los subsidios para el transporte de pasajeros. Eran recursos que fueron poniendo las provincias y que ahora irán recuperando con los envíos de la Nación.
Herrera llegó a esa reunión siendo el gobernador con mejor imagen del país, tras la encuesta de la consultora cordobesa CB que mide mensualmente la opinión de todos los jefes de distrito.
Volviendo a la cumbre de Iguazú, lo que no lograron sacarle al jefe de Gabinete Juan Manzur fue una tarifa diferenciada para la electricidad en las 10 provincias donde más se consume por las altísimas temperaturas. Al punto que el mensaje que transmitieron los funcionarios de Alberto Fernández fue que la cuestión debe salir del Congreso nacional, como sucedió con el tratamiento exprés de la rebaja en el precio del gas para el Sur del país. Ni siquiera los mil megas que consiguieron de potencia extra los gobernadores del Norte Grande, vendrá con un precio menor al actual.
Es notoria la resistencia que tiene el Gobierno nacional a ceder en un aspecto clave para la economía familiar como del comercio y la industria misionera. Freno que no puso el oficialismo cuando Máximo Kirchner pidió por rebajas tarifarias similares para los territorios que le son afines al camporismo y al kirchnerismo.
Entre los mandatarios acordaron que los legisladores que les responden avanzarán con un proyecto de ley para ser tratado apenas se reinicien las sesiones ordinarias en marzo. Esperando además que diputados y senadores del FdT de otras provincias también acompañen el pedido.
Aparecieron precios diferenciados
En domingo pasado, en este mismo espacio, se planteó cómo el Gobierno nacional hizo pagar a los misioneros los costos de las asimetrías con Brasil y Paraguay en el precio de los combustibles, a partir del incremento del 20% por litro cuando en el resto país fue del 9%. La estatal YPF decidió poner un valor mayor por litro ($150 la Infinia), con cupo de venta, a los extranjeros.
Hubo quejas de los expendedores de combustibles, al rechazar la medida de dudosa aplicabilidad.
Sin embargo, tras la suba de tarifas a autos con patentes de afuera de la Argentina, no se bajaron los precios para los residentes en nuestro país. Es decir, no se levantó el castigo que generó una asimetría interna con el centro de la Argentina, que corresponde si la real intención era desincentivar la venta a visitantes de Brasil y Paraguay.
Por lo menos, se hubiera bajado un 11% el litro y llegado al 9% de aumento promedio nacional, para no seguir pagando más caro por vivir en Misiones.
A la cuestión tarifaria, se sumó una vez más el faltante de nafta en estaciones de servicio de diferentes puntos, con mayor énfasis en Posadas e Iguazú donde hubo expendedoras que cerraron sus puertas.
El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, dio en Puerto Iguazú (durante la sesión del Norte Grande) la respuesta menos querida: no habrá más cupo para Misiones. Sólo dedicó su intervención ante la consulta periodística, a esperanzarse en la normalización por inercia para marzo.
