En su lucha contra la inflación, el Gobierno argentino sacó a relucir las armas de siempre, las mismas que le auguran una vez más el mismo final con fuertes consecuencias negativas en los bolsillos de los argentinos.
Seguramente la inflación esperada para el año en curso no esté por debajo del 50% y, en realidad, la cuestión ahora es saber cuánto escalará por encima de ese índice.
En ese sentido, entre las pocas armas de la que dispone el Gobierno y que utiliza hoy en silencio están las paritarias. Pese a haber blanqueado ante el FMI y con la suba de tasas un piso inflacionario de entre el 45% y el 48%, el Gobierno intenta consensuar con los sindicatos una suba salarial anual que no rompa el techo del 45% que también estipuló, por ejemplo, con el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Anclar las expectativas inflacionarias a una paritaria con ese tope no puede admitirse en voz alta por su propia impopularidad, pero obligar a cerrar negociaciones en torno a ese índice es desconocer la realidad y asumir un peligro en un contexto de tensiones sociales crecientes.
Mientras tanto el Central, la Secretaría de Comercio Interior, Economía y otros organismos buscan, todavía sin éxito, frenar la inercia inflacionaria.
… Y recién es marzo.