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A 10 años de la expropiación, YPF vale un 75% menos y afronta un juicio multimillonario

17 abril, 2022
YPF

YPF

La expropiación del 51 por ciento de la petrolera nacional YPF cumplió ya 10 años, luego de que el 16 de abril de 2012, mediante un decreto, que luego se convirtió en ley, el Estado nacionalizara la mayoría accionaria de la compañía, que en ese momento estaba en manos de Repsol.

Los rumores sobre un desembarco del Estado en YPF comenzaron a brotar cerca de 28 de enero de 2012. La idea era revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por esa firma y la familia Eskenazi.

La acción de YPF está en los 5 dólares desde la invasión rusa a Ucrania, una movida que permitió mejorar las cotizaciones de la mayoría de las petroleras occidentales. De todas formas, la valuación bursátil de la compañía está en torno a los 3.400 millones de dólares, una quinta parte de lo que valía hace 10 años.

La vicepresidenta Cristina Kirchner defendió hace unas semanas la expropiación de la petrolera durante su segundo mandato como jefa de Estado, como una forma de reivindicación de su decisión: “Ahora Vaca Muerta es nuestro”.

Los recursos que tiene la Argentina en energía y alimentos “son casi un botín de guerra”, indicó en un acto el pasado 2 de abril, al tiempo que aseguró que “no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera” de no ser por las medidas tomadas: “Se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo”.

Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta más grande en petróleo no convencional.

En 2012, cuando se expropió YPF, la formación neuquina apenas atravesaba sus primeras etapas de pozos exploratorios, pero los técnicos ya veían gran calidad de la “roca”, más allá que faltaban inversiones.

El primer desarrollo millonario allí fue de YPF asociado con la estadounidense Chevron. El acuerdo -que contenía polémicas cláusulas secretas– impulsó Loma Campana desde 2013.

En 2014, la producción de petróleo y gas del país fue la más baja desde 2003, pero Vaca Muerta comenzó a morder con cierta participación sobre la producción de petróleo. Al principio, a las petroleras les costaba que los pozos fueran redituables, porque sus gastos eran muy altos, pero a medida que hubo más escala, se alcanzó mayor producción.

En 2015, la participación de Vaca Muerta sobre el total de la producción no superaba el dígito y en 2022 ya representa casi un 40%, informó este domingo diario Clarín.

La Argentina posee más gas que petróleo, pero hay un cuello de botella para transportarlo, por lo que la producción petrolera viene mucha más dinámica que la de gas.

Ieasa (la ex Enarsa) espera tener listo un gasoducto para el próximo invierno, al tiempo que las empresas dicen que podrían duplicar su producción actual de ese fluído.

 

En la Justicia

La estatización del 51 por ciento de YPF despojó a Repsol de su control, pero también afectó a la familia Eskenazi.

Ese grupo nacional llegó a controlar el 25 por ciento de la empresa, que fue perdiendo su participación porque no pudo abonar los préstamos que le estaba pagando a Repsol con las mismas ganancias que generaba la petrolera nacional.

Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi, se había constituido en España, donde fue a la quiebra.

El fondo Burford -que se dedica a litigar activos en liquidación y busca apuestas arriesgadas y de altas ganancias- compró los derechos para los juicios que tuviera Petersen contra el Estado argentino, dueño del 51 por ciento de la firma, y se presentó en la justicia de Nueva York, que es el ámbito en que se dirimen estas controversias. Como YPF está listada en Wall Street, acepta las regulaciones estadounidenses al respecto.

El pleito lleva varios años, pero hay una posibilidad de que haya una sentencia a mediados de año.

El reclamo se basa en que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública y haberles pagado por el 25 por ciento de las acciones que tenían.

Sebastián Maril, uno de los especialistas que mejor conoce el juicio, destacó que un experto consultado estimó que la Argentina podría terminar pagando 8.400 millones de dólares a Burford (por los derechos de Petersen) y a Eton Park, otro fondo que era el tercer accionista de la petrolera.

El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prometió no pagar por la expropiación lo que querían sus ex accionistas, pero dos años después de consumada, llegó a un entendimiento con Repsol. Fue así que el Tesoro le pagó 5.000 millones de dólares en bonos a la petrolera española.

El jueves pasado venció el plazo para que cada parte presente un escrito pidiendo al tribunal estadounidense que dicte un fallo sumario a su favor. En ese sentido, se hace por medio de argumentos exclusivamente jurídicos, sin necesidad de celebrar un juicio.

El reclamo de Burford y Eton -los US$ 8.400 millones- podría trepar hasta los 19.665 millones de dólares con el pago de intereses. El Estado argentino e YPF consideran que esa cifra no tiene fundamentos, y que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es defectuosa.

Ya presentados los escritos que piden una sentencia sumaria, ahora vienen posteriores escritos de oposición, que están previstos para el 26 de mayo, y la réplica, pactada para el 23 de junio de este años.

La jueza Loretta Preska no está sujeta a ningún plazo para emitir su fallo y debe resolver si la Argentina e YPF son responsables de aquello que les reclaman los fondos.

La defensa argentina entiende que, aún si fueran declarados responsables de haber procedido incorrectamente sobre los derechos de Petersen Energía, el monto a pagar por los supuestos daños corresponde a una etapa posterior a este proceso.

Los abogados de Procuración del Tesoro e YPF también sostienen que la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Burford se podría quedar con el 70 por ciento de lo obtenido en el juicio, mientras que hay un 30 por ciento de las eventuales ganancias que repartirá con un socio, cuyo nombre nunca fue revelado.

Asimismo, se informó que varios miembros de la familia Eskenazi declararon en este juicio.

Fuente: agencia Noticias Argentinas

Tags: ExpropiaciónGasjuicioPetróleoYPF
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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