El Colegio de Abogados de la provincia de Misiones emitió un comunicado sentando postura respecto al escándalo de público conocimiento que involucra al expresidente del IFAI, Marcelo Rodríguez.
El comunicado aborda distintos puntos de vista, desde la administración del Estado, la perspectiva de género, el derecho laboral y la existencia de un posible delito que deberá ser investigado.
Para indagar en profundidad los puntos desarrollados en el comunicado, en la FM Santa María de las Misiones entrevistaron a la Dra. Valeria Soczyuk, quien es secretaria del Colegio y abogada especialista en Derecho Laboral.
En principio, Soczyuk opinó desde su lugar de mujer y abogada laboralista: “Al enterarnos de todo lo que fue pasando, se evidencia abuso de poder, violencia económica ejercida, hasta una extorsión en el ámbito de trabajo“.
Y agregó, que “la desigualdad de poder, que se puede resumir en un acoso laboral” fue lo que motivó un repudio colectivo desde el sector del derecho del trabajo.
A nivel del Colegio, hay un punto inquebrantable que no podemos dejar pasar.
Exhortamos al poder judicial que se investigue de oficio, o sea, que todos y cada uno de los posibles delitos que se puedan haber referenciado sean investigados.
Aunque se trate de un caso particular, el funcionario público representa el rol del Estado, como entidad esencial de poder y orden sobre la población. Entonces, de cierta manera, la corrupción que podría evidenciarse en el contenido viralizado repercute directamente en las funciones de la administración pública y en la ciudadanía.
“Acá nos encontramos con una falta de confianza de la sociedad, al Estado mismo”, señaló la abogada y agregó: “porque justamente elegimos a nuestros gobernantes, que designan a quienes consideran las personas más idóneas para ocupar ciertos cargos”.
Entonces, desde el rol de abogados, pidió que “sea indeclinable el cumplimiento y el resguardo de todos los derechos”, y desde la posición de ciudadanos, la especialista insistió “que se respeten las instituciones públicas”.
El caso desde la perspectiva de género
Uno de los puntos principales abordado en el comunicado, tiene relación con la perspectiva de género, con la que desde la identidad, sostienen que debe ser tratado el caso en cuestión.
“Desde que asumimos a la comisión directiva tenemos como objetivo velar por la defensa de las mujeres”, manifestó la secretaria del Colegio de Abogados.
En el marco legal, “no hay que perder de vista que está vigente la Ley Micaela, la cual obliga a todo el Estado y sus entes a capacitar a su gente”, enfatizó. En este sentido, Soczyuk dijo que “no pueden apartar la mirada” sobre los “hechos de violencia ejercidos ante las mujeres dentro de la administración pública”.
La especialista laboral aclaró que es fundamental “cuidar y no revictimizar a la mujer”. Y que, en el rol de abogada, lo primero que se le debe ofrecer a una víctima es contención, seguridad y transparencia.
Consultada acerca de su opinión respecto a que ninguna de las mujeres involucradas se haya -todavía- presentado ante la justicia, Soczyuk dijo lo siguiente:
Quizás ellas mismas no se quisieron revictimizar y se sintieron agravadas en sus derechos y también en su dignidad.
Por este motivo, justamente, “al exhortar de nuestra parte al poder judicial que cumpla en la investigación de los posibles delitos que pudieron haber existido en este caso, les transmitirá seguridad y contención a estas mujeres”, resumió.
En la entrevista, también mencionó el caso del ex juez de Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro, acusado de acoso sexual en el ámbito laboral y quien fue destuido y lo tomó como un antecedente de acuerdo a cómo debería proceder la justicia.
“Necesitamos que la justicia inspire la confianza y además demuestre transparencia en todos sus actos, para que estas víctimas no sientan falta de credibilidad en quienes deben velar por ellas”, expresó.
El comunicado del Colegio de Abogados
El escándalo desatado en el Instituto de Fomento Agro industrial (IFAI) de la provincia sigue sumando capítulos. En este caso, quien se hizo eco de los hechos fue el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), que este viernes emitió un comunicado en el que exhorta al Poder Judicial de la Provincia a que “investigue de oficio, todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”.
En el comunicado, publicado en su página web, la entidad expresó “su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”.
Hace unos días atrás se viralizaron numerosos chats privados de la cuenta personal de WhatsApp de Juan Marcelo “Turco” Rodríguez, donde se vinculaban relaciones íntimas personales con contratos laborales del organismo a su cargo. Desde entonces, el escándalo no ha dejado de crecer y cada vez son más las voces que salen a repudiar los hechos y pedir el accionar de la justicia.
“Advertimos que nuevamente nos encontramos con hechos y manifestaciones que, de verificarse, demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo a su dignidad, en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, lo que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”, lamentaron desde Cademis.
Es por ello que “exhortamos se lleve adelante una investigación integral que esclarezcan los hechos ocurridos y los responsables, respetándose la perspectiva del género y el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente (Derecho a la información y libertad de expresión)”
“Una vez más queda al descubierto que la perspectiva de género, su aplicación y capacitación a través de los plexos normativos de nuestro país y receptuados por esta provincia, no se cumplen y se actúa con notoria impunidad de modo contrario por quienes tienen el deber de ser ejemplo en el respeto y cuidado de los sectores más vulnerables. Para cumplir con este mandato de llevar a la práctica el verdadero respeto hacia la mujer misionera que trabaja o presta servicios en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial es preciso el cumplimiento obligatorio de la normativa de la ley Micaela”, haciendo eco de un reclamo que registra varios años.
Por último, el comunicado señala que “los actos de corrupción dentro del Estado provocan desconfianza de la ciudadanía respecto de todas las instituciones públicas, más aún cuando no se actúa en el marco de la ley, atentando contra el sistema democrático como lo señala el art. 36 de la Constitución Nacional, de allí la importancia de no callar y de actuar con premura para poder volver a restituirnos la confianza que nos debemos como sociedad”.
