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Planes sociales, otra vez en el ojo de la tormenta

Funcionarios locales, consultores políticos y dirigentes opinaron sobre los manejos de los planes, la “transparencia” y el rol que debería cumplir el Estado.

26 junio, 2022
NÚMEROS. En la actualidad, los datos muestran que 1,2 millones de argentinos cobran algún programa social mes a mes.

NÚMEROS. En la actualidad, los datos muestran que 1,2 millones de argentinos cobran algún programa social mes a mes.

La administración de los planes sociales volvió a quedar en el foco de la tormenta después de que la vicepresidente, Cristina Fernández, cuestionara la “tercerización” en las organizaciones sociales y adelantara un proyecto para devolver el manejo a los intendentes.

Raúl Aragón, consultor político y director de Raúl Aragón & Asociados explicó a FM 89.3 Santa María de las Misiones que “actualmente, la mayoría de esos planes los tienen las organizaciones sociales”, por lo tanto, modificar ese esquema “le quita poder de movilización”.

Con esto “la posibilidad de la protesta en la calle disminuye y también el poder de presión de las organizaciones sociales para que se aumente la cantidad de planes”, sostuvo.

Consideró que “por eso están enojados los dirigentes de las organizaciones sociales porque directamente están atacando a la base de su poder que es repartir planes, elegir a quién se los dan y después obligarlos a movilizarse”.

A su turno, Jorge Lovato, intendente de Montecarlo, consideró que “el manejo es complicado porque estamos hablando de una caja importante que nosotros desconocemos”.

Reconoció que “hay muchas denuncias de algunas cosas que deben cumplir para cobrar o permanecer dentro de estas organizaciones”.

Lovato se manifestó de acuerdo en que el Estado tenga mayor control. “Estaríamos más cerca de entender cómo funciona el mundo de las organizaciones que hoy vemos de afuera”, dijo.

Explicó que se podría dar “una gran ayuda para instituciones como hogares de niños, hogares de ancianos, las cooperadoras de hospitales o de escuelas, tantas entidades que necesitan una mano”.

Contó que como intendente no conoce la cantidad de planes que se pagan en la comuna. “Creo que se debe transparentar”, opinó.

Con respecto a la supuesta cuota que cobran algunas organizaciones a sus integrantes, deslizó que “tuvimos personas que vinieron a denunciar, es algo difícil de controlar porque es información inexacta para nosotros que no tenemos, pero preocupa que estas personas deben cumplir ciertas actividades para pertenecer a las organizaciones o percibir ese dinero”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de Misiones, Fernando Meza, indicó que “no se discuten los problemas de fondo de la Argentina”. Agregó que “el gran problema, más allá de quién tiene la culpa, es volver a recuperar una previsibilidad política que no la estamos teniendo a nivel nacional, ya que eso afecta a la economía diaria”.

“Podemos estar más o menos de acuerdo con los planes o beneficios sociales, pero en definitiva están paliando una situación desde el punto de vista económico que está al roce de cuestiones realmente complejas”, consideró. Añadió que “el país se destaca por una malla de contención social muy amplia, pero que no es suficiente”.

El diputado provincial y referente del Movimiento Evita en Misiones, Martín Sereno, defendió el rol que cumplen los beneficiarios: “En la pandemia los trabajadores de la economía popular pusieron el pecho en los comedores, en los peores momentos de la democracia le dieron de comer a nuestra gente, siguieron trabajando cuando todos estábamos asustados con el COVID, ahora vemos una campaña de estigmatización de estos trabajadores”.

 

“Todos hacen changas”

Mario Coutouné, del Polo Obrero Tendencia, afirmó que “no es cierto que no trabajan porque con $19 mil nadie vive, todos hacen changas”.

“La grave crisis económica del Estado tiene que ver con el sostén del capitalismo y no con el sostén de un tipo que cobra $20 mil que no alcanzan ni para comer”, analizó.

“No hay un plan de obras o de infraestructura donde esos compañeros puedan trabajar. Eso sería la vía adecuada para resolver el problema. Estamos en contra de los planes porque la gente tiene que trabajar y vivir dignamente”, agregó.

Apuntó que en su organización los beneficiarios hacen un aporte voluntario del 2% y “de ese dinero se saca para banderas y panfletos. Los compañeros de Montecarlo votaron aportar un poco más, que va a la organización y sostén del merendero”.

 

Resolver la cuestión de fondo, prioridad

Benigno Gómez, secretario general de la CGT Andrés Guacurarí, indicó a FM de las Misiones que “lo que me preocupa de este Gobierno es que va instalando el debate en la sociedad para distraer de la cuestión de fondo. Primero el impuesto inesperado, después las tarifas segmentadas y ahora esto. Son propuestas para entretener, pero las cuestiones de fondo no se resuelven”.

Reflexionó sobre los trabajadores que siguen en la informalidad y aseguró que eso debería ser un tema prioritario a resolver. Opinó que, además de los intendentes o las organizaciones, los gremios tienen experiencia para manejar los planes. Recordó que el sindicato de Empleados de Comercio tenía una caja de subsidios familiares que se privatizó en los 90.

Dijo que el Gobierno “no está resolviendo los problemas de fondo que necesitan los trabajadores” ni tampoco la economía del país. “La inflación va devorando el bolsillo de los trabajadores. no pasa por quién maneje los planes, sino que el Estado debe resolver cómo insertar en el campo del trabajo a los que hoy perciben un subsidio, sentarse con el privado y ayudarlo, no ahogar con tantos impuestos”, señaló.

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Tags: Benigno GómezCristina Fernández de KirchnerFernando MezaFM 89.3Jorge LovatoMartín SerenoPlanes socialesPolémicaRaúl Aragón
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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