La Justicia investiga una denuncia a dos supuestos abogados que dicen pertenecer a Derechos Humanos y que así estafaron a presos y familiares de detenidos.
La presentación penal fue radicada en las últimas horas por una abogada y procuradora del foro local ante la fiscalía 1 de Instrucción de Oberá.
La denunciante, María Cristina Salguero, expresó que un hombre y una mujer domiciliados en esa ciudad, estarían involucrados en la presunta comisión de los delitos de “estafa, estafa en grado de tentativa y usurpación de títulos y honores”.
La abogada relató ante la fiscalía que recientemente tomó conocimiento por intermedio de la esposa de un defendido suyo, que dos personas que se presentaron como (txt) “abogados internacionales de la ONU de Derechos Humanos”, le habrían ofrecido sus servicios profesionales para representar a su esposo, ofreciéndole además, mediar frente al juez de la causa, por los contactos y la influencia que tendrían como miembros del Ministerio de Derechos Humanos, todo ello por 350 mil pesos.
Según la denuncia, los supuestos abogados exhibieron a la mujer credenciales que avalarían su condición de empleados del citado organismo. Dicho ofrecimiento también se lo habrían hecho a otros familiares de detenidos, presentándose en la Seccional Segunda y Tercera de Oberá (como pertenecientes al Ministerio de Derechos Humanos) y en la Comisaría de San Martín. Estas personas manifestaron tanto a los detenidos como al personal policial, pertenecer a Derechos Humanos de la provincia, indicó la denunciante. Incluso, los entrevistaron en los medios locales.
“En conjunto con defensores”
La denunciante se comunicó con el supuesto abogado, quien dijo que en realidad pertenece a la organización “Buen Vivir. Justicia y Paz” y que no está matriculado en la provincia, que únicamente se encontraba inscripto en la ciudad de La Plata. Luego la abogada dijo que se enteró que estas personas revisan expedientes en ambos Tribunales obereños y fiscalías y que habrían ofrecido sus servicios al hermano de un detenido en la UP VIII de Cerro Azul, solicitando el pago de 20 mil pesos en concepto de honorarios para resolver su causa. Al exhibir las credenciales se movían con total libertad en penitenciarías, como la UP II de Oberá. La denuncia contiene audios, fotografías y otras evidencias.
En uno de los audios que presentó la letrada se puede escuchar que la acusada le habría dicho a uno de sus contactos “con los defensores no tenemos ningún problema con los particulares sí, trabajamos en conjunto con los defensores oficiales”. Desde Derechos Humanos negaron que estas personas trabajen en dicho organismo y no están matriculados en el Colegio de Abogados de Misiones.
