En la jornada de ayer se llevó adelante el violento desalojo de una familia de agricultores radicada hace más de 55 años en un predio de 12 hectáreas ubicado en la Fracción A, del Lote 64 en Corpus.
Se trata de Julio Oscar Larrea, quien junto a su esposa, 9 hijos y 13 nietos, fueron sacados a la fuerza por más de 50 efectivos de las fuerzas de seguridad que ayer por la mañana ingresaron al lugar en medio de un aparatoso operativo.
La medida fue ordenada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Posadas, a cargo de la doctora Nélida Mirta de Méndez, quien reconoció como titular a José Foti, que adquirió el lote a través de una subasta pública en 1988, sin embargo en los papeles ya constaba que estaba habitado por estas familias.
Ante este hecho intervinieron la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; el Centro de Acceso de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y organizaciones sociales que inmediatamente hicieron las gestiones para detener el desalojo.
Cabe destacar que todos los integrantes de la familia son nacidos y criados en la tierra y desarrollan la agricultura familiar para el autoconsumo y el abastecimiento local.
Actualmente residen en cuatro viviendas, contando con los servicios de luz y agua, la familia comparte el mismo territorio productivo, con producciones de yerba en siete hectáreas, mandioca y cría de cerdos. Encontrándose inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar.
Al respecto, el coordinador del NEA del Centro de Acceso de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, José Luis Cachorro Fuentes, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “hemos tomado intervención a partir de una solicitud interinstitucional con la Subsecretaría de Agricultura de la Nación donde nos remiten un informe en el cual dan cuenta la antigüedad de la familia en esta chacra”.
“Nos anoticiaron que hubo un desalojo ordenado que fue suspendido, entonces nosotros lo que hicimos con el gran marco jurídico que tenemos vigente en nuestro país y lo pusimos en conocimiento de la jueza para que todos los actores de la democracia intervengan en esa situación y busquemos en definitiva evitar el desalojo, que es una media violenta”, detalló.
No obstante, ayer se enteraron que hubo un procedimiento con fuerte presencia policial donde se estaba por librar el desalojo.
“Nos llegaron imágenes que dos casas estaba destruyéndose, y que se dio una situación social desbordada, con crisis de salud, que hubo también golpes de la Policía y volvimos a presentar un escrito”, reveló. Luego de las gestiones realizadas, el Juzgado dispuso la suspensión del desalojo por ahora; pero antes, las fuerzas policiales ya habían destruido las viviendas entre llantos y gritos de los menores.
Asimismo, la concejal de Gobernador Roca, Nidia Pintos, del espacio político Tierra, Techo y Trabajo, que trabaja con la familia desde su cooperativa “Del Pueblo Evita”, detalló que se vivió una situación “dramática y totalmente violenta. Se encontraron con una mamá con dos chiquitos, patearon la puerta y los sacaron a golpes, la madre está con escoriaciones y fracturas de rodilla y muñeca”, advirtió y aseguró que se trató de “un brutal atropello porque no llegaron a comunicar a la familia del desalojo”.
