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Trans de Misiones: radiografía de una población con mayoría de jóvenes sub 30

Apenas la mitad trabaja y, de estos, el 77% está en negro y apenas el 16% tiene ingresos superiores a los 30.000 pesos. Sólo el 47,7% rectificó su DNI, aunque ocho de cada diez que no lo hicieron tienen previsto hacerlo en algún momento.

27 agosto, 2022

Son sus pares tanto en el ámbito educativo como el laboral y los empleados encargados de la atención al público en el ámbito sanitario los que más discriminan a la población trans de Misiones. Apenas la mitad de las personas trans tiene hoy un trabajo y, de esas, tres de cada cuatro no cuentan con aportes previsionales ni obra social.

Estos datos se desprenden del primer Informe sobre la Población Trans de Misiones publicado ayer por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), resultados que surgen del primer corte de la población encuestada hasta julio del 2021 de este relevamiento de carácter permanente enmarcado bajo el Observatorio de Violencia Familiar y de Género.

Al igual que la primera Encuesta sobre Población Trans realizada en 2015, los resultados de este informe dan cuenta del insuficiente acceso a la salud, la fuerte discriminación por parte de distintas instituciones, la precariedad laboral, la calidad de vida y la necesidad de poder transformar sus cuerpos.

Hasta el 31 de julio del año pasado se encuestó a 123 personas trans bajo el método de Marcov, que constituye un muestreo de referencia en cadena bajo el cual cada una de las personas entrevistadas iniciales reporta el contacto de no más de tres personas, posteriormente estas tres vuelven a reportar otras tres, repitiéndose el procedimiento.

 

Muy jóvenes

La edad promedio de las personas trans encuestadas es de 26 años. Entre los entrevistados, el 6,1% eran menores de edad, la gran mayoría tenían entre 18 y 29 años (67,8%), seguido por los de entre 30 y 39 años con el 17,4%. Tanto aquellas personas trans de entre 40 y 49 años como las mayores de 50 años, representaron apenas el 4,3% respectivamente.

El 79,5% de la población trans encuestada vive en Posadas, el 8,5% en Garupá y el 3,4% en Oberá. Del restante 8,5%, el 1,7% reside en Eldorado; como así también, igual porcentaje, para aquellos que residen en Apóstoles. Mientras que el 5,1% vive en otras localidades.

Cerca de la mitad (el 44,4%) aún vive con sus padres, el 28% vive solo, el 21,4% con hermanos o hermanas, el 14,5% con su pareja, el 12,8% con otros familiares y el 6% con sus hijos.

En cuanto a los gastos en alimentos, el 48,2% de las personas trans indicó que comparten con los que conviven, el 12,9% sólo con algunos de los que conviven y el 38,8% de los casos no comparte gastos de alimentos.

El 67% de los encuestados es o era propietario del terreno donde está la vivienda en la que viven. Según precisaron, el 93% de estas viviendas están conectadas a una red de agua corriente pública, el 75% tiene los baños y cocinas conectadas a una red cloacal pública, el 56,9% de las viviendas están ubicadas en una calle asfaltada, el 4,5% se encuentra próxima a un basural, el 7,2% está en una zona inundable y el 6,4% en una villa de emergencia.

 

Identidad y pérdidas

Respecto a la identidad de género de la población trans encuestada en la provincia, el 36,8% se definió como mujer trans, el 35% como varón trans y el 3,4% como transgénero. En tanto, un 24% afirmó que posee otra identidad como ser andrógino o no binario, entre otras.

Nueve de cada diez (el 88,2) expresaron o mostraron su identidad de género en la adolescencia y juventud (sumando las proporciones de respuesta “menor a 18 años” y “entre 18 y 25 años”), mientras que el 48,2% lo hizo antes de los 18 años.

Al ser consultados acerca de si el haber expresado su identidad de género llevó a ciertas situaciones como pérdida, el 56,8% de los casos contó que perdió amistades y el 30,9 que desencadenó abandono o expulsión de su hogar familiar, el 14,8% abandono de la localidad en la que vivía (14,8%) y el 14,8% abandono de la escuela/universidad.

 

Discriminados

Las personas trans siguen sufriendo discriminación y, paradójicamente, los que más discriminan son sus propios pares. En el ámbito educativo, según el 47% de los encuestados, los actos y actitudes discriminatorias provienen de sus propios compañeros. Los profesores y maestros también fueron identificados el 29,5% de las veces. Tras haber expresado su identidad de género, el 16,4% perdió o repitió un año, el 24,1% tuvo que abandonar los estudios y el 20,9% se cambió de escuela/universidad.

El estudio también indagó sobre las discriminaciones sufridas por la población trans en el ámbito de la salud donde el 14,6% adjudicó este tipo de tratamiento por parte del personal administrativo, el 11,9% a enfermeros y el 11,9% al personal de seguridad. Fue debido a estas experiencias sufridas que el 28,3% afirmó que dejó de realizar consultas médicas o abandonó tratamientos que se estaba realizando.

 

 

Las situaciones de discriminación también se hicieron presentes en el ámbito laboral y en la búsqueda de empleo. Los encuestados identificaron que de las veces que sufrieron discriminación, el 66,7% fue por parte de un compañero, mientras que en el 19% fue por parte de los jefes. Otras personas como ser clientes, pacientes, etc., también fueron autores de discriminación en el 14,3% de los casos.

Pese a que todos dan cuenta de haber sido víctimas de discriminación, ocho de cada diez (78,1%) de las personas trans encuestadas nunca hizo una denuncia o reclamo por discriminación o violencia. Un dato no menor es que del 21,9% que sí hizo una denuncia, el 36,7% sufrió discriminación a su vez al momento de realizar la denuncia o reclamo ante las instituciones pertinentes.

No obstante, de acuerdo a la percepción de la población trans consultada, se puede hablar de buenas noticias respecto al comportamiento de la ciudadanía en general, ya que el 51,4% de los encuestados consideró que mejoró el trato, mientras que el 42,9% opinó que se mantuvo igual y sólo el 5,7% opinó que empeoró.

 

El 67% de los que trabajan percibe menos de 20.000 pesos mensuales

La situación laboral de la población trans es de suma vulnerabilidad. El 47,7% afirmó que, en el último mes, en referencia al momento de ser encuestado, no tuvo ingresos por alguna actividad o trabajo, mientras que el 52,3% sí los tuvo. Sobre el total que percibió algún ingreso, el 77,2% no realizó o no le realizaron aportes jubilatorios por dicha actividad, por lo que se trataría de trabajo informal.

Al evaluar el ingreso mensual aproximado de los que perciben algún ingreso, el estudio discriminó rangos salariales que permitieron dar a conocer que la mayoría de la población trans (36,7%) cobra menos de 10.000 pesos mensuales por la actividad que desempeña. Seguidamente, con el 30,6% se ubica el rango de entre 10.000 y 20.000 pesos al mes. Finalmente, en igual porcentaje (16,3%), se encuentran los rangos de entre 20.000 y 30.000 y el de más de 30.000 pesos.

El 51,8% de las personas trans encuestadas buscó trabajo en el mes previo a la consulta y más de la mitad de ellos (el 50,5% de los casos) reportó haber sufrido discriminación en el proceso de búsqueda de empleo.

 

 

A diez años de la ley, sólo el 47,7% ejerció su derecho a cambiar su DNI

La ley 26.743 establece que las personas trans pueden ser inscriptas en sus documentos personales con el nombre y género de elección, así como solicitar que los tratamientos médicos de adecuación a dicha expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, garantizando la cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.

No obstante, el estudio mostró que aún hay personas del colectivo que desconocen sus derechos: el 87% conoce la ley de Identidad de género, mientras que el 13% no.

Otro dato significativo es que, a diez años de implementada la ley, menos de la mitad de la población trans (el 47,7%) ejerció su derecho de ser inscripta en sus documentos con el nombre y género elegido. Del 52,3% restante que no lo rectificó, sólo el 17,5% intentó hacerlo; mientras que del 82,5% que no intentó rectificar, el 79,3% manifestó que piensa hacerlo en algún momento.

Según el Registro Provincial de las Personas, en mayo de este año, al cumplirse diez años de la ley, sumaban 247 los expedientes administrativos de cambio de identidad.

Tratamientos de hormonización

Cuatro de cada diez (38,8%) de los encuestados no hizo una consulta general de salud en el último año y la gran mayoría (el 63,7%) no cuenta con obra social o prepaga.

Un dato significativo que relevó el estudio muestra que cuatro de cada diez (44,6%) de los que se realizaron tratamientos de hormonización lo hicieron sin supervisión médica permanente (el 33,9%) o directamente sin supervisión profesional (10,7%).

Por otra parte, el 76% de la población trans encuestada afirmó que desea realizarse alguna intervención, tratamiento o modificación corporal pero que todavía no pudo. La principal razón para postergar estos tratamientos es la económica (32,6% de los casos), temor (16,8%) o alguna irregularidad con la obra social, prepaga o sistema de salud público (10,5%).

Respecto al acceso a la seguridad social, la gran mayoría no posee cobertura de salud (63,7%), mientras que el 26,5 tiene obra social, el 5,3 posee prepaga por obra social, el 2,7 prepaga por contratación voluntaria y 1,8 tiene planes y programas estatales de salud.

 

Tags: DiscriminaciónIPECMisionesTrans
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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