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Un camino de más de 30% que divide a gremios estatales y Gobierno misionero

16 octubre, 2022

Reiniciadas las mesas de negociación salarial entre los gremios estatales y el Gobierno misionero, hay una clara postura de la mayoría de las representaciones sindicales de pedir al menos empatar a la inflación interanual que se espera para diciembre en alrededor de 100 por ciento. Hoy, el acumulado en el país a septiembre (con el 6,2% conocido el jueves) es del 83% mientras que en el NEA asciende al 87,5%.

Hay sectores, como las fuerzas de seguridad y docentes, que van por más en sus pedidos. Pero se encontraron con una posición de la patronal que será difícil de revertir. Para esto último, hay apenas unos pocos días, antes de que se realicen las liquidaciones de sueldos, a fin de que los incrementos de haberes sean pagados con el mes en curso.

El pasado martes, en entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aseguró que la intención era acompañar los aumentos según el avance de la inflación. Pero aclaró que cada sector tiene sus propias variables al momento de definir porcentajes, por lo cual no es posible hablar de un solo monto de manera generalizada.
“Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad como hasta el día de hoy. Vamos, sobre todo, a ir viendo cómo fue la evolución del salario de este año y las pautas inflacionarias. Vamos a ir, en esta inestabilidad que tiene la Argentina, resolviendo para los próximos meses pero no por 6 u 8 o 10 meses. Estamos en la línea de que el empleado público no pierda ante la inflación”, sentenció el mandatario.

A su vez, Herrera resaltó que “la recuperación que ha tenido el salario del empleado público en los últimos años la vamos a seguir sosteniendo en base a pautas reales”.

Y aclaró que “nunca fui de la idea de los bonos, porque entiendo que un bono es un paliativo y el sueldo de cualquier persona debe tener una base estructural que le permita también después pensar en una jubilación como corresponde. Depende las variables, Salud tiene la suya, Educación la propia, las fuerzas de seguridad otra, pero se darán en el básico o en los esquemas remunerativos”.

Finalmente, el Gobernador aclaró que el acuerdo salarial podría ir hasta diciembre de 2022 o hasta enero de 2023 “siempre y cuando no permita la pérdida del salario del empleado público, sobre todo con un diciembre que es muy complejo y enero donde es muy difícil sentarse para una paritaria”.

Hasta la última negociación de agosto, la mayoría de los sectores fue obteniendo en cuotas una suba cercana o superior al 62% en lo que va de 2022. Es decir que el camino por recorrer para el último trimestre es superior a los 30 puntos porcentuales, si la meta es no perder ante una eventual inflación de tres cifras como la pronosticada por consultoras privadas.

Hasta el momento se conocen reuniones de las mesas de docentes y personal de las fuerzas de seguridad, donde no hubo un acuerdo inicial. En el primer caso, las diferencias fueron muchas y el Frente de Trabajadores de la Educación (el más crítico con el oficialismo) se declaró en estado de alerta por el ofrecimiento de la patronal que consideraron muy alejado de la estimación del 100% de inflación que se espera a diciembre (interanual).

Algo similar ocurre con la mesa de policías y penitenciarios (en actividad y retirados) donde se generó cierto malestar por la oferta recibida de funcionarios del Ejecutivo.

El martes que viene, la mayoría de los sindicatos tiene agendada una nueva reunión presencial con los ministros (Safrán de Hacienda, Sedoff de Educación, Galarza del CGE, Wellbach de Coordinación, entre otros) para intentar acercar posiciones.

Pero la presión de las bases está puesta en la necesidad de conseguir una recomposición este mes para no sentir una profundización de la caída del poder adquisitivo en un contexto tan difícil como el actual.

 

Un paro y otro en espera

Dos días de la semana corta (por el feriado largo del 12 de octubre) perjudicaron a los vecinos que utilizan el transporte público de pasajeros urbano y de media distancia. El paro de los afiliados a la UTA en Misiones hizo que muchos misioneros debieran arreglársela como pudieron para ir a trabajar, a estudiar, a realizar trámites, etc.

Levantado a la medianoche del jueves, inmediatamente se supo que habría otro posible paro más duro en los próximos días si no hay respuestas salariales. La UTA exige a las empresas el mismo trato dentro y fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las empresas, como el Grupo Z, dicen que es imposible aplicarse un acuerdo de esas características y pidieron a los gobiernos (nacional, provinciales y municipales) más subsidios.

Los gobernadores (en el caso de Misiones fue el vice, Carlos Arce), se juntaron en Santiago del Estero el viernes y reiteraron el pedido a la Nación de una distribución más equitativa de las ayudas del Estado nacional.

El cónclave de mandatarios solicitó al presidente Alberto Fernández, y a los ministros Manzur, Massa y Guerrera, “la necesidad de propiciar la incorporación en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2023, la actualización del subsidio al transporte público automotor de pasajeros”.

Remarcaron que “si no es posible el aumento en el monto asignado es preciso generar un criterio equitativo para toda la República Argentina a los efectos de corregir asimetrías y evitar la agudización de las desigualdades.”

La UTA lanzó el viernes una nueva advertencia: “Atento a la falta de acuerdo, ratificamos el estado de alerta e informamos que de no suscribir el acuerdo que los trabajadores necesitan y merecen, se profundizarán las medidas de acción gremial”. La fecha clave es el próximo martes 18 de octubre.

 

Presupuesto por unanimidad

Misiones volvió a mostrarse lejos de las diferencias que se presentan en el Congreso nacional, al momento de analizarse el Presupuesto para 2023. El pasado jueves, con el voto unánime de oficialistas y opositores en general (y con disidencias en algunos artículos del proyecto remitido por el gobernador Herrera Ahuad de parte de Juntos por el Cambio), Misiones es la primera provincia en tener un presupuesto aprobado en el país.

El propio Herrera lo destacó en sus redes sociales apenas se sancionó la ley: “Agradezco al presidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira, y a los legisladores provinciales por ser la primera provincia del país en aprobar la ley de Presupuesto 2023, que nos permitirá continuar ejecutando las políticas públicas en beneficio de todos los misioneros”.

Agradezco al Presidente de la Legislatura Provincial @rovira_carlos y a los legisladores provinciales por ser la primer provincia del país en aprobar la ley de presupuesto 2023 que nos permitirá continuar ejecutando las políticas públicas en beneficio de todos los Misioneros. pic.twitter.com/aIOpxbruHX

— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) October 14, 2022

 

Pero, a nivel nacional, entre el 25 y el 26 de octubre se espera el tratamiento del proyecto remitido por el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa en el Congreso. A diferencia de este año, donde JxC mandó el presupuesto al archivo, la Casa Rosada se juega a conseguir una posición más indulgente, con señales de algunos diputados opositores en ese sentido.

Es por eso que, con un poco más de seguridad, el kirchnerismo se muestra menos flexible a incorporar los pedidos que se hacen desde provincias como Misiones.

Herrera Ahuad, en la entrevista con FM de las Misiones, reveló que el diputado Diego Sartori (por instrucciones de Rovira y del Gobernador) solicitó sumar al proyecto de ley un paquete de medidas que incluyen importantes beneficios para Misiones. Desde 5 mil millones de pesos para financiar los Ahora en 2023, la creación de más zonas francas (que podrían estar en Irigoyen, San Javier, Posadas, entre otras ciudades); la zona especial aduanera provincial; la aplicación de una tasa a usuarios de gas natural para financiar el gasoducto a Misiones (única provincia que no cuenta con este servicio en el país); arancel cero para exportaciones de tabaco y productos forestales; que la ANSeS pueda pagar los déficits de las cajas provinciales durante el año “a cuenta” de los cálculos finales; la facultad a Misiones para vender bonos de carbono y que, a su vez, se reconozca a la provincia la deuda pública por el canje de esos bonos; entre otros.

La misión de Sartori ante Carlos Heller (presidente de la comisión de Presupuesto en Diputados) entró en cuenta regresiva. En los próximos días se verá si hubo apertura suficiente del kirchnerismo para viejos reclamos de los misioneros.

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Tags: #DePrimeraMano#Presupuesto2023GasoductogremiosOscar Herrera AhuadParitariasParo de colectivos
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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