Durante la mitad de semana, más precisamente el pasado miércoles, fue noticia un importante allanamiento ordenado por la Justicia Federal. Con éste, quedó sentado un fuerte precedente en la historia institucional de la Policía de Misiones.
La Cámara Federal venía desarrollando una investigación que, finalmente, tuvo como resultado el desbaratamiento de una banda dedicada al narcomenudeo. La misma era manejada desde adentro de la Comisaría, por dos sujetos que estaban detenidos en jurisdicción provincial pero por delitos federales.
Como resultado del operativo, también fue detenido un efectivo policial que presuntamente actuaba en complicidad con los narcos. El importante operativo se tradujo en una serie de allanamientos en varios puntos de Posadas, que derivaron en la detención de nueve personas y la remoción de dos jefes de la Seccional Segunda.
Fue fundamental para la investigación la colaboración de los funcionarios provinciales, que integran la cartera de Seguridad como así también de la propia cúpula de la Policía de Misiones, quienes siguieron de cerca el desarrollo del proceso, aportaron datos concretos y garantizaron que el manejo de la situación fuera con el hermetismo necesario para estos casos. Esto último es algo clave para no entorpecer el avance de la investigación y poder llegar así hasta el fondo.
Al tiempo que se iniciaba el allanamiento en la seccional segunda en la madrugada del miércoles pasado con agentes de Gendarmería Nacional, Carlos Miguel Merlo y Víctor Eduardo Maj (jefe y subjefe de la Policía de Misiones respectivamente), llevaron adelante la convocatoria de todo el personal administrativo de la fuerza y de la Dirección de Asuntos Internos para efectivizar la remoción y posterior recambio del personal policial involucrado en el hecho.
Es para ponderar la celeridad con la que se actuó desde la Jefatura de Policía en el marco de una situación tan compleja como esta, en la cual se pusieron a disposición de la Justicia Federal durante todo el proceso, para prestar colaboración en todo lo que hiciera falta para lograr el esclarecimiento del hecho.
Candelaria: UPF desbordada
Una vez más, lo explicado antes puso en escena el debate sobre las competencias federales y provinciales en cuanto los delitos y, sobre todo, respecto a la custodia de los detenidos.
Debe destacarse que no corresponden a las policías provinciales el alojamiento, cuidado y custodia de detenidos por causas federales, como sucede con los casos de narcotráfico.
La desidia, abandono, la falta de abordaje de la problemática del sistema carcelario federal por parte los sucesivos gobiernos nacionales, hicieron que una provincia como Misiones que se encuentra rodeada por Paraguay y Brasil, y donde proliferan delitos de competencia federal, sólo cuente con una cárcel federal para toda la provincia.
Es la Unidad Penal 17 de Candelaria, y que claramente se encuentra colapsada de internos.
Esta difícil situación lleva a que los diferentes detenidos por delitos federales, terminen recluidos en comisarías de la Policía de Misiones que no están adaptadas para tal fin, ya que este tipo de imputados pasan por tiempos excesivamente prolongados detención.
Desde la estructura policial buscaron dejar en claro que “el accionar de dos o tres policías no es el reflejo de una institución, que dejó de manifiesto la gran predisposición para colaborar con la investigación de la Justicia Federal, evitando cualquier tipo de entorpecimiento, ajustándose a derecho en el marco del procedimiento que se llevó a cabo”.
