Los contrastes son evidentes y las dudas se replican. Entre la inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) relevó para noviembre y lo que sucedió con el poder adquisitivo hay diferencias sustanciales.
Cuestionado, el Gobierno se apresuró ayer en explicar que para que se produjera la fuerte desaceleración en noviembre, fue necesario que confluyeran una serie de medidas entre las que se destacan la implementación del programa Precios Justos y la suspensión de la emisión para financiar el déficit del Tesoro Nacional, producto de una reducción del déficit fiscal.
Por estas latitudes esas explicaciones no cuadran. Precios Justos no es un programa de alcance nacional por más que quieran asegurar lo contrario. Es más, acota su funcionamiento en el centro del país, desde donde se quejaron por la falta de productos asociados.
A nivel local la inercia prácticamente siguió su curso. Almaceneros explican que hubo productos “de estación” cuyos precios se dispararon y fueron encabezados por las bebidas, los lácteos y las frutas.
En tanto, el ordenamiento fiscal al que alude Economía solamente podrá reflejarse en la escalada de precios a largo plazo y no en tan poco tiempo. La emisión para financiar el rojo fiscal fue demasiado grande durante estos años.
