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El caso Fernando Báez Sosa continúa abierto en el debate: “Justicia es perpetua”

Los abogados Hugo Zapana y Eduardo Paredes, más Mauricio Mercol, padre de Iván, quien murió en circunstancias similares a las juzgadas hace seis días, opinaron sobre la condena a los ocho rugbiers.

12 febrero, 2023

“El sábado 18 de enero de 2020, pasadas las 4.30, en Villa Gesell, en la vía pública, en las inmediaciones de las calle 3 entre avenida Buenos Aires y Paseo 102, Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi, acordaron atacar a golpes a Fernando Báez Sosa”, encabezan los fundamentos de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, en la provincia de Buenos Aires.

Para la jueza María Claudia Castro en su fallo, al que adhirieron Emiliano Lazzari y Christian Rabaia, los ocho jóvenes rugbiers se convirtieron en integrantes de un “clan criminal” que se organizó para “atacar a golpes a la víctima indefensa tirada en el piso, lo que derivó en un asesinato ejecutado por los cinco sentenciados a prisión perpetua y con la colaboración de los tres partícipes secundarios a 15 años de prisión”.

La sentencia del lunes 6 de febrero al mediodía resumió los 35 días de tensión y crisis que, afuera de la sala de audiencias se especulaban con informes mediáticos y shows de profunda sensibilidad (y relativas explicaciones) sobre lo que sucedió hace tres años frente a un boliche en la veraniega localidad de Villa Gesell.

En pocos números y para entender la expectativa que despertó el juicio: la transmisión de la lectura del fallo marcó un récord de visitas y visualizaciones del canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Desde que se inició la transmisión por la plataforma de internet a las 13.17 y hasta su finalización hubo 379.007 visualizaciones y hubo un pico de 114.573 usuarios conectados al mismo tiempo.

Seis días después del desenlace y con el río menos picado, PRIMERA EDICIÓN buscó voces que puedan aportar, explicar o reclamar respecto al eslogan “Justicia es perpetua” que soltaron gargantas de víctimas sin respuestas del Estado, estelares columnistas de medios de comunicación y diversos sectores de la población y opinión pública.

Los abogados penalistas y docentes universitarios, Hugo Zapana y Eduardo Paredes, y Mauricio Mercol, padre del estudiante Iván Mercol (21) asesinado en un episodio con características y contexto similares en un local bailable del centro de Posadas en marzo de 2006, dialogaron con este Diario sobre el resultado del caso Báez Sosa, y sus respectivas repercusiones.

Los tres se refirieron a la postura de los jueces Castro, Lazzari y Rabaia que entendieron y juzgaron que “Fernando José Báez Sosa (18) se encontraba junto a su grupo de amigos en la vereda de enfrente a Le Brique conversando, conformando un círculo, todos de pie, los ocho imputados se organizaron para atacar a golpes al nombrado, por sorpresa y desde dos frentes sin que la víctima pudiera advertir lo sorpresivo del ataque”.

“A las 4.44 aproximadamente, Enzo Tomás Comelli lo golpeó por la espalda a la vez que Ciro Pertossi -en simultáneo- lo hizo de frente. Como consecuencia de tales golpes, Fernando cayó de rodillas al piso y ya sin posibilidad de defensa, parte del clan criminal -Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Franco Benicelli y Enzo Tomás Comelli, con claras intenciones de acabar con la vida de Báez Sosa, continuaron agrediéndolo brutalmente, con patadas dirigidas a la cabeza y otras al cuerpo, también con golpes de puño, causándole lesiones que le provocaron la muerte por paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico”.

“Los tres sujetos restantes, Lucas Fidel Pertossi, Ayrton Michael Viollaz y Blas Cinalli, luego de ver en el estado de absoluta indefensión en que quedó la víctima (…) Apoyaron a los coautores y prestaron colaboración, si bien no imprescindible, lo suficientemente apta para favorecer la consumación del crimen”.

Tres por tres

Las tres voces consultadas apuntaron su opinión sobre las tres posibilidades en las que se sintetizó el debate y el caso: el de un joven que soñaba ser abogado y que sus padres, migrantes paraguayos en Capital Federal, dejaran de laburar porque se convertiría en un letrado prestigioso, pero que cayó abatido en una riña (con pena de hasta seis años de prisión) en la que ocho muchachos de la localidad bonaerense de Zárate decidieron vengarse de un incidente previo.

O un “homicidio con dolo eventual”, un crimen que debieron representarse el resultado los victimarios e igual lo cometieron con una condena posible de hasta 25 años.

Y la acusación más grave, el homicidio calificado por la premeditación de los ocho (o más) y la extensión del daño que causaron.

Las posiciones tomadas por los tres referentes que aceptaron la propuesta son diversas, pero con peso propio, el suficiente y necesario para ser consideradas válidas y abiertas a ser debatidas.

 

Corazón y razón

Pero, aunque repercutan con fuerza y cada postura tenga sus cimientos sólidos, los ojos de Silvino y Graciela y lo que le gritan el corazón y la sensatez estarán a la par o sobre ellas: “Después de esperar tres años a la Justicia, escuchar el veredicto sonó muy fuerte cuando dijo perpetua. Una emoción que le dio un poco de paz a mi corazón porque sé quiénes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo”, manifestó públicamente la madre de Fernando.

“Ellos sabían lo que hacían, disfrutaron el asesinar a mi hijo, llamándole ‘negro de mierda’, que ‘caducó’. Eso lo tengo muy gravado en mi corazón”.
“Perdonarlos es muy difícil, me arrebataron un hijo que salió a divertirse y regresó en un cajón del que nunca más va a salir, la ausencia también es perpetua, nuestro dolor es perpetuo”.

“A mi hijo ahora le diría que conseguimos lo que buscamos, que era justicia. Estamos conformes con el fallo y a Fernando lo vamos a llevar todos los días presente”, expresó el padre en la vereda del Tribunal de Dolores, localidad de la que ya regresó para retomar su trabajo como encargado del edificio donde reside en el barrio porteño de Recoleta y el de maestranza en una clínica de la misma zona, mientras que Graciela volverá a cuidar a adultos mayores.

“La cárcel no modifica la muerte, pero la Justicia les dijo: ‘Son criminales’”

Mauricio Mercol
Padre de Iván Mercol

Daniel Mauricio Mercol (68) tiene cuna en la capital de Córdoba pero más que arraigo, toda su familia formada en Posadas. Es el padre de Iván Mercol, el joven de 22 años y estudiante universitario que fue atacado en un pasillo de salida de un boliche de esta capital el 19 de marzo de 2006 por Sebastián Ruiz y Diego Cantallops.

No esquiva y admite que el caso de su hijo linkea coincidencias con el crimen de Fernando Báez Sosa y ofreció su análisis tras la sentencia del lunes 6 de febrero: “Cuando se pide justicia no se piden penas máximas para aplacar el dolor causado. En este juicio los ocho acusados tuvieron garantizado su derecho y se debatió largamente lo sucedido y tuvieron una respuesta de la Justicia, además de los testigos, pericias de laboratorio e informes, quedaron determinados por las imágenes de video, quedaron filmados. Atacaron entre varios a un sólo chico, fueron crueles, lo mataron, está bien la condena a prisión perpetua”.

“En el caso de Iván, quince días antes que prescriba la causa conseguimos sentar a los acusados ante un tribunal unipersonal que el máximo de pena que podía impartir era de seis años de prisión. Durante todo el tiempo previo, el Tribunal Penal 1 suspendió cuatro veces el juicio por homicidio simple. De todas maneras la Justicia les dijo a los asesinos de Iván que fueron ellos, que serán culpables para siempre, que son criminales”.

“El caso de Villa Gesell nos removió las tripas a todos, bueno desde que perdimos a mi hijo, a quien lo engañaron y también emboscaron en la oscuridad para golpearlo y matarlo, ese dolor no se quita y la Justicia de Misiones es responsable, porque demuestra que le importa un carajo la víctima. Salvo la entonces fiscal Liliana Picazo (hoy ministra del STJ), que luchó para que se haga el juicio, después es muy difícil de encontrar alguien para pedir ayuda”.

“Tal como se vio en el juicio de Dolores, los dos acusados de matar a Iván no se preocuparon por la víctima y su familia, ni tampoco de admitir el crimen. ‘Fue una pelea, murió este chico’, dijo Sebastián Ruiz tranquilamente en el debate, cuando planeó con Cantallops emboscarlo y golpearlo y dejarlo morir”.

“Ni los ocho, ni sus padres demostraron sensibilidad por el crimen, por el daño causado, no pidieron perdón y por el contrario, buscaron victimizarse. Lo mismo nos ocurre con Ruiz y Cantallops desde 2006 hasta hoy”.

“Pero insisto, tanto a los ocho rugbiers como a los que atacaron a Iván, la Justicia al menos les dijo que son culpables y a mí la cárcel de ellos no me modifica nada, nada modifica la ausencia de la muerte”.

 

“Fue una muerte en riña, la prisión perpetua en este caso corresponde a los medios”

Eduardo Paredes Abogado penalista

“La interpretación del tribunal de Dolores quedó atravesada por la presión y construcción de los medios de comunicación. En la Justicia de Buenos Aires hay dos casos en los que está expuesto un interés creado por los medios para anular dos causas de absoluciones de mujeres, una acusada de matar y empalar y otra de abusar de menores. Y fueron revocados los jueces que eran de este mismo tribunal, por eso en este caso (Báez Sosa) habrían quedado expuestos si juzgaban como muerte en riña lo sucedido”.

Para el abogado penalista y docente universitario, Eduardo Paredes, la causa por la muerte de Fernando Báez Sosa es “un caso de homicidio en riña en el que no se sabe cuál es el golpe que provocó la muerte, la sentencia de prisión perpetua corresponde a la presión de los medios de comunicación”.

Paredes fue enfático al dar su explicación: “En muchos juicios penales primero se decide y después se inventan los argumentos, lo que aplicaron en este caso como homicidio agravado por la participación de dos o más personas requiere de un plan previo para cometerlo y esto nunca se probó”.
“Además la prisión perpetua de más de 50 años es inconstitucional porque el Tratado de Roma impone la pena máxima de 30 años y lo que dicen las convenciones es que si las penas son para resocializar en este tipo de condenas se vuelven crueles”.

“En este debate hicieron fuerza por una condena similar a la que le impusieron a Jorge Rafael Videla que fue condenado a 50 años y murió en prisión. No se puede equiparar este caso a un delito de lesa humanidad como los de la dictadura, donde el Estado provoca las masacre”.
Con idéntica pasión para dar su opinión contra el fallo del Tribunal de Dolores, el letrado con trajinar por varias jurisdicciones judiciales del país y disertar contra la aplicación actual del Código Penal, ofreció alternativas: “El poder punitivo nunca resuelve nada, no cambia las conductas y los medios exacerban la violencia social. Por ejemplo, en el caso de la Justicia de Buenos Aires, está Mario Juliano quien fue juez en Necochea que buscaba acercar a las víctimas con los victimarios para no deshumanizarlos a ambos”.

“Para lograr eso creó una organización como ‘Víctimas por la paz’ para acercarlos de alguna manera al que causó el daño y los que lo sufrieron y reparar el dolor por la muerte. En este caso hoy, el de un niño como Fernando, aplicando la pena que corresponde o castigo entendido como humanitario”.

 

“Los jueces también leen los diarios y miran la tele, no es poca la presión”

Hugo Daniel Zapana
Abogado penalista

Hugo Daniel Zapana, de trayectoria remarcada en el fuero penal, protagonista de juicios orales de trascendencia, pero también como educador académico, aceptó dar su evaluación y contextualización sobre la resolución del caso Fernando Báez Sosa.

“Como hombre del derecho para opinar sobre esta causa tengo que conocer todos los pormenores. Por ello remarco que solamente vimos el primer día de debate y muy poco y luego la jornada de alegatos, más la de veredicto y sentencia. Es decir que no sabemos qué es lo que se probó ni sabemos qué es lo que dio por probado el Tribunal, en relación a las pruebas que observaron”.

 

 

 

Resaltó que “hay un debate en la sociedad que se intenta imponer como: ‘justicia es perpetua’, y verdaderamente yo creo que justicia es atenerse a un proceso penal, a lo que se dirimió en ese proceso y a lo que resolvió el tribunal”.

“Justicia no es perpetua, porque en este juicio oral pudo haberse tratado de un caso de homicidio con dolo eventual, como también homicidio en riña, y no conocemos los pormenores de lo que se produjo como pruebas en esa sala de debates durante las audiencias”.

Buscó aún más claridad: “Hay que tener en cuenta que si no fue un fallo justo las partes ahora tienen la oportunidad de interponer recursos de casación, y en esta etapa ya sin la presión social que indudablemente existió en este caso como en otros, el tribunal tendrá la total libertad en la soledad de su despacho y sin medios de prensa, ni gente exigiendo justicia con marchas, carteles y pancartas y resolverá conforme a derecho, pero además están la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de la Nación”.

Sobre la controversia desatada en dirección a la influencia en la opinión pública que poseen los medios de comunicación y que alcanzaría su poder para forzar fallos judiciales en dirección a la conformidad de televidentes o lectores, Hugo Zapana sostuvo que “al Tribunal de Dolores le hemos pedido que deje contenta o satisfecha a la sociedad acomodada a las expectativas de los sectores que claman por justicia, pero podría haberse resuelto cualquiera de las tres hipótesis planteadas, incluso la perpetua”.

Detrás de mayor sencillez en el concepto, agregó: “No se puede soslayar que los jueces forman parte de la sociedad también en el aspecto que se informan con los medios, leen los diarios, ven la tele y escuchan la radio, no es poca la presión”.

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
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