Corrían los primeros días de marzo de 1998 cuando un violento crimen conmovió a la sociedad misionera y a la dirigencia política provincial y nacional.
La víctima de aquel asesinato no era otra que el médico Carlos Daniel Iriarte (38), delegado del PAMI en Misiones. En la madrugada del martes 3, un sicario lo aguardó en inmediaciones de su domicilio y le efectuó varios disparos, impactándole en el pecho y la espalda.
Iriarte vivía solo en una casa de dos plantas ubicada en el barrio Tajamar, en la esquina de Bermúdez y Berón de Astrada. Amante de los juegos de azar, concurría asiduamente al casino Jockey Club, situado en la esquina de San Lorenzo y San Martín.
Aquel 3 de marzo de 1998 permaneció allí hasta cerca de las 2.20 y luego se retiró con una importante ganancia.
Cuando se disponía a guardar su auto en el garaje fue interceptado por un individuo. Una vecina escuchó voces proveniente de la vereda y oyó a Iriarte decir “pará chamigo, esto se puede arreglar de otra forma”. La mujer se asomó a una ventana, observó que un hombre lo apuntaba con un arma -empuñándola con las dos manos- y luego vio cómo le disparó a quemarropa.
También vio a su vecino girar y correr desesperadamente en busca de auxilio, pero el desconocido le efectuó otros tres disparos en la espalda.
Iriarte golpeó la puerta de una vecina y le pidió que llame una ambulancia. Instantes más tarde murió desangrado en la guardia de emergencia de un sanatorio céntrico.
A 25 años del hecho, y con dos juicios anulados de por medio, se puede decir que el crimen quedó impune.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaraba hace una década, en agosto de 2013, la nulidad de todo lo actuado en el expediente a partir de la citación al segundo juicio, celebrado en el 2004.
En esa ocasión los tres imputados Carlos “Carretilla” Lezcano, José Félix “El Rengo” Díaz y Victoriano Raúl Ponce fueron condenados a prisión perpetua en calidad de coautores.
Para la Justicia se trató de un homicidio en ocasión de robo, perpetrado por “frecuentadores de los casinos”.
En su alegato, la entonces fiscal Liliana Picazo explicó el presunto papel de los imputados: el 2 de marzo, Ríos le pidió al sereno Waldemar Gómez el revólver calibre 22 para ir a “apretar” a Iriarte a la salida del casino. Como Ríos se negó a hacerlo, le entregó el arma a Ponce y éste a Carlos Lezcano, quien encaró al médico. Y para evitar ser reconocido por Iriarte, le disparó varias veces.
Ese juicio de 2004, anulado posteriormente por la Corte Suprema, vino precedido a su vez de otra declaración de nulidad, en este caso del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), del debate efectuado en 2001, en el que Ríos fue el único sentenciado.
En 2016 se ordenó el inicio de un tercer juicio, que finalmente -aunque hubo una nueva instrucción de la causa- nunca se llevó a cabo.
Además de dejar impune el crimen, también quedaron varias dudas acerca del móvil. Los padres del médico y dos amigos de éste declararon que Iriarte había recibido amenazas telefónicas y temía por su seguridad. “Me van a matar, pero no me van a torcer el brazo; hay alguien que me está amenazando”, comentó el funcionario según un testigo.
¿Fue un fallido intento de robo? ¿Lo mataron porque no permitía actos de corrupción en la obra social de los jubilados? ¿Tenía deudas de juego? ¿Su carrera política era una amenaza?
De todos estos interrogantes sólo el primero se plasmó en un voluminoso expediente que corrió por las manos de numerosos jueces. Las demás hipótesis nunca fueron investigadas.
