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Iniciaron juicio de desalojo a un colegio céntrico posadeño

Los inmuebles pertenecen a una asociación civil sin fines de lucro y están ocupados por el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA). Por su parte según el colegio “la demanda fue contestada porque no corresponde y pone en riesgo al alumnado”.

3 agosto, 2023

Con este, serán ocho los meses en los que el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) estaría ocupando, sin sustento legal, dos inmuebles que pertenecen a la Asociación Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga de Posadas, ubicados en la calle Entre Ríos 2452; y en la calle Catamarca 40.

Por ese motivo, la Asociación dueña de la propiedad inició en abril un juicio de desalojo al colegio ya que, como lo explicaron, los alquileres “son una de nuestras principales fuentes de ingreso”.

“Estos inquilinos estuvieron ahí hace más de 20 años. El contrato finalizó el 31 de diciembre con una cláusula que decía que no se renovaba la locación. A eso, ellos simplemente firmaron. Pero cuando se terminó el contrato, nosotros vimos que no había movimiento de mudanza, entonces supusimos que necesitaban un tiempo más para poder irse, por lo que se los citó en tres ocasiones a conversar y nunca acudieron”, relató Alejandro Miravet de la Comisión directiva de la Asociación Civil Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Fue así, tras varios intentos fallidos de diálogo, que la Asociación Civil dueña de los inmuebles resolvió iniciar un juicio de desalojo a la institución educativa.

Si bien todo fue notificado al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) y al Ministerio de Educación, dichos organismos provinciales no emitieron ninguna respuesta.

“No sabemos si el SPEPM se comunicó con el colegio o no, pero esa nota que presentamos quedó como un trámite más. Nosotros le anticipamos que íbamos a ir al juicio de desalojo si no se resolvía la situación. Como ellos subvencionan la institución, nos parecía prudente que supieran que una de sus escuelas públicas de gestión privada estaba en situación de inestabilidad. Así que lo único concreto es que iniciamos el juicio de desalojo”, explicó Miravet.

 

Falta de diálogo

Uno de los puntos que destacaron, desde la asociación civil dueña de los dos inmuebles céntricos, es que siempre tuvieron ánimos de dialogar con la institución educativa, sin embargo, esta última en ningún momento se acercó a esclarecer la situación.

“Según lo explicó nuestro abogado, ellos hasta ahora lo único que han hecho son maniobras dilatatorias, no reconociendo la notificación. Entonces no entendemos cuál es la idea que tienen de cómo resolver la situación. Es insólito que un inquilino fije el valor locatario…. no hay contrato… ¿en base a qué están pagando?”, interrogó el miembro de la Asociación Civil.

A su vez, según lo explicó, los directivos del ICRA tampoco se acercaron a dialogar e incluso, en febrero hicieron un reclamo a los dueños por el agua en carácter de locatarios, al cual los dueños del inmueble no respondieron ya que “para nosotros ellos no son locatarios porque no tienen contrato de alquiler desde el 31 de diciembre, que es el momento desde que están en carácter de intrusos, dado que están ocupando una propiedad ajena sin tener un respaldo que indique por qué motivo se quedan”, señaló Miravet.

 

La voz del ICRA

De parte del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) habló con este Diario el abogado Alejandro Jabornicky, quien explicó que la demanda de desalojo fue debidamente contestada ya que consideran que “no corresponde y es inconmensurable poner en riesgo a 1.200 chicos”, afirmó.

A su vez, ante la consulta sobre la finalización del contrato de locación el 31 de diciembre del 2022, Jabornicky explicó que ese contrato “fue tácitamente prorrogado y está judicializado”.

Según el abogado “se perdió el objetivo de base que es hacer el bien común. Creen que el ICRA es un supermercado que factura millones por mes, ese es el punto. Yo incluso regalaría meses de alquiler por lo que está haciendo el ICRA… por la calidad educativa, los premiaría, no les estaría extorsionando con un monto leonino y sufriente”.

Además argumentó que se supone que como asociación civil, el Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga “debería querer el bien común, no lucrar”.

Tags: #PosadasAlquilerAsociación HOgar De Niñas Isabel Llamosas de AlvarengaDesalojoICRAMisiones
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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