El próximo 31 de octubre de 2023 vence el actual contrato de concesión con la empresa Caminos del Río Uruguay SA, y la concesión del Corredor Vial 18 (que involucra a las rutas nacionales 12 y 14), el Puente Rosario-Victoria y la ruta Nacional 174 quedarán a cargo de la empresa “estatal” Corredores Viales SA.
A raíz de este nuevo proceso “turbio” dentro del Estado Nacional, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial volvió a advertir a la ciudadanía y a la vez rechazar lo que consideran un “falso peaje” o “impuesto al tránsito” que se cobra desde la década de 1990.
Además, solicitan junto al personal jerárquico de Vialidad Nacional que la concesión vial vuelva a manos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), quedando libre de peaje, y a la vez que se audite la polémica gestión privada.
Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, relató al respecto a la FM 89.3 Santa María de las Misiones la situación actual de los peajes en el país y cual es la nueva “movida ilegal” que piensan poner en práctica en noviembre próximo.
“En la Argentina se implementó un sistema inédito en el mundo”
Primeramente Lasca se tomo el tiempo de explicar lo siguiente: “Esto no es peaje, es un impuesto al tránsito. El sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta es otra cosa. Acá en la Argentina se implementó un sistema inédito en el mundo, porque es en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago; todo lo contrario a lo que es una forma lógica de cobrar un sistema de peaje con cabinas en ruta”.
“El principio universal del sistema directo con cabinas en ruta es: construir la ruta, luego recuperar lo invertido con una renta razonable y con un camino alternativo de pago. Hay muchos métodos para financiar caminos, pero acá eligieron el peor y un invento argentino de un impuesto a la circulación, lo que genera un aumento en el costo del transporte y por ende en todos los productos de la economía que lo termina pagando toda la comunidad, tenga o no tenga vehículo. Compras un kilo de yerba y estás pagando el peaje tengas o no tengas auto. Es un impuesto al tránsito y es totalmente inconstitucional, porque no hay camino alternativo”, insistió.
En ese sentido, por ejemplo, ¿por qué si hay peaje el Estado nacional o provincial sigue arreglando las rutas o banquinas? “Aunque parezca mentira, al haber bajo caudal de tránsito, lo que se recauda se gasta en el costo operativo del peaje y no en la ruta. Entonces, es el Estado nacional o provincial el que termina aportando los fondos para las grandes obras, como las rutas nacionales 12 y 14 que fueron mejoradas por orden de Cristina Kirchner con fondos del Estado nacional. Pero lo que no dijo Kirchner es que la plata la ponía el Estado, y nos seguían cobrando cuatro peajes en las rutas 12 y 14, al igual que el puente Rosario-Victoria, un puente que está re contra pagado y amortizado con fondos del Estado”.
“Las estaciones de peaje son una caja política”
“Las estaciones de peaje son una caja política, la utilizan todos los espacios políticos, porque el peaje viene de la década del ’90, no es de ahora. Cambiaron los gobiernos, pero lo peajes siguen. Ahora van a traspasar el Corredor Vial 18 a manos de esta empresa irregular, que tiene déficit como lo es Corredores Viales SA, y que solo tiene una simple oficina, no tienen nada más para mantener o hacer obras en una ruta; así las obras las termina realizando Vialidad Nacional o una empresa privada”, detalló Lasca.
“Entonces, uno como usuario paga como si fuera una entidad de beneficencia y banca a esta empresa que actúa en forma paralela e indebida a Vialidad Nacional; si está Vialidad Nacional, ¿por qué tenemos que pagarle a esta empresa?“.
“Audiencia pública vinculante en forma urgente”
Por otra parte, este defensor vial contó que se llamó a varios legisladores provinciales y nacionales, para que le pidan al Ministerio de Transporte: “La convocatoria urgente a una audiencia pública vinculante, donde tengamos derecho a poder participar con voz y voto; porque los caminos son de dominio público; no son de un presidente o un ministro, son de todos nosotros”.
“Esto es una estafa no solo en las rutas 12 y 14, sino en todas las rutas concesionadas a nivel país que son un escándalo; lo que sucede que este Corredor Vial 18 es un escándalo mayúsculo porque fue un contrato renegociado de manera ilegal, sin audiencia pública”, remarcó.
También planteó que “falta tan poco para la llegada de un posible nuevo gobierno, ¿por qué este apuro? ¿Por qué no dejan a la empresa concesionaria hasta diciembre o que Vialidad Nacional se haga cargo y cuando llega el nuevo Gobierno nacional ver qué se hace? Pero como es una caja política, quieren quedarse con más corredores viales y justamente les faltan las rutas 12 y 14, porque tiene la mayoría de las rutas nacionales y a la larga se quieren quedar con todos los corredores viales del país”, sentenció.
