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Harto de la “persecución”, policía se va del país

Jorge Ernesto Stiegler fue uno de los líderes de la protesta policial en 2012 por mejorar el salario. Fue abanderado de la Policía y destacado oficial. Denunció que le armaron una causa penal para retirarlo. Tras probar su inocencia decidió irse del país.

8 septiembre, 2023

Jorge Ernesto Stiegler tiene 45 años y un pasaporte para irse del país en la mano. Es oficial retirado de la Policía de Misiones, en enero de 2012 se convirtió en uno de los referentes de la protesta policial que conmovió a la provincia y trascendió al país. Se puso al frente del autoconvocatoria de uniformados que habían tocado fondo en sus recursos salariales.

Tras la lucha y el acuerdo logrado, su carrera jerárquica ingresó en sugestivos incidentes y acusaciones que lo pusieron tras las rejas, acusado, presuntamente investigado y finalmente sobreseído y jubilado de la fuerza de seguridad.

Once años después, recurrió a PRIMERA EDICIÓN para relatar su derrotero y los motivos que lo impulsan a continuar su vida, a rehacerla, en otro punto del planeta.

Abrió con un resumen: “Hoy siento que lo que siempre anhelé ser y puse el alma y el corazón no se pudo lograr. Me lo cortaron en su momento por intereses políticos de ciertas personas que manejan una cuota de poder y ahora estoy luchando para tomar otros destinos”.

 

“Fueron hechos y actos de corrupción en los que se prestaron tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como Judicial, personas que integraban la cúpula de la Policía de Misiones y entre ellos un juez”.

 

Para ser más claro fijó tiempo y espacio: “En 2012 el Gobierno provincial se jactaba que la policía era una de las más eficientes y seguras del país. Bueno, lamentablemente también se trataba de una de las policías peor pagas del país. Me pongo como ejemplo: yo tenía el cuarto grado de oficial entonces y cobraba 2.600 pesos, cuando un preventista de comercios ganaba más del doble. Bueno esto derivó en un acuartelamiento pero fue una convocatoria pacífica en el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I sobre la avenida Uruguay de Posadas”.

“Simplemente pedíamos llegar a fin de mes y llevar el pan a nuestras casas. Éramos seis mil policías efectivos en toda la provincia entonces y yo a más de mil ellos les di clases e instrucción. Casi el veinte por ciento de la fuerza correspondía a alumnos formados por mí”.

Cada detalle que Stiegler resalta, llama la atención: “Al momento de la protesta yo seguía como profesor en la Escuela de Suboficiales. Cuando uno es docente y padre de familia, intenta ser ejemplo para ellos. Ante tamaña injusticia era imposible que no participara en ese reclamo salarial. Además tenía un currículum intachable, las mejores calificaciones. Lo sabían todos los jefes, yo era profesor y representé a la policía en torneos de tiro, por ejemplo. Pero a partir del reclamo pasé a ser una persona que había tocado los intereses políticos y de la cúpula policial y ellos eran los responsables de que hayamos llegado al punto de salir a luchar”.

 

“Estábamos tan mal, que el Gobierno debió aumentarnos el ciento por ciento del sueldo. Y una vez que se firmó el acta acuerdo salarial, se rubricó además que no habría represalias ni persecuciones a los policías como los traslados compulsivos, etcétera”.

 

“Bueno eso no se cumplió, todo lo escrito en el acuerdo que no se debía hacer se hizo, no se respetó nada. Para mí, el vaso rebalsó a los cuatro meses cuando el mismo juez de Instrucción que estaba de turno cuando se autoconvocó la policía y junto a los jefes de la fuerza me armaron una causa penal en la que termino detenido e incomunicado durante 48 horas. Cuando me presento ante el juez, los documentos que tenía el juez en la mano para detenerme no tenían siquiera un indicio de que había sido partícipe de un ilícito y me dan la libertad”.

“De inmediato y por una cuestión mencionada como administrativa de la policía me suspendieron durante seis meses y no cobré absolutamente nada, sin importarles que tengo hijos. Ahí comenzaron los problemas mayores por haber tocado intereses mayores, tanto políticos como de cúpula policial”.

 

Sin explicación

Para el oficial retirado, la batalla judicial se caldeó aún más: “En la investigación penal no surgió nada que me involucre a un ilícito, por lo que el juez determina la falta de mérito. Acorde al Código Procesal Penal de entonces, se podían pedir prórrogas para ampliar la imputación pero dependía de la gravedad del delito. Con todos los plazos vencidos tuve que realizar cinco presentaciones al juez diciéndole esto en el expediente”.

“Sin respuesta del juez tuve que recurrir con tres denuncias al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, dos presentaciones en la Secretaría de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos (del Superior Tribunal de Justicia), una denuncia por retardo y denegación de Justicia ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, otra ante el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación y otra ante el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad y una más ante la Oficina Anticorrupción de la Nación. Hice todas esas presentaciones y ahí después de dos años me dieron el sobreseimiento. Y la policía administrativamente resuelve perjudicarme la carrera”.

 

“Jubilado”

STIEGLER. Recurrió a este Diario para hacer pública su lucha judicial.

Sobre su retiro de la Policía, recordó: “Me da vergüenza contarlo, pero a los 42 años el Gobierno de Misiones prefiere jubilarme, en la policía se llama retiro. Prefirieron pagarme el sueldo y retirarme con un porcentaje mucho menor al que me correspondería y sacarme de la fuerza por una causa que fue armada y que yo demostré que no participé en ningún delito”.

“Todo quedó plasmado en el expediente. Yo estaba con mis compañeros en Toxicomanía e ingresa una comitiva de jefes y me dicen que tenía que ir preso porque había cometido un delito a diez kilómetros de donde estaba y media hora antes. Pero yo llevaba más de cinco horas en el lugar al que me fueron a buscar. Sin fundamentos me detuvieron por orden del juez, el mismo que estaba de turno cuando la policía se autoacuarteló cuatro meses antes. El juez de Instrucción 2 entonces era César Antonio Yaya”.

“Cuando me dicta el sobreseimiento, tardó casi dos años, radiqué una denuncia por asociación ilícita tanto al juez que me detuvo como a los policías que instruyeron el sumario. Por esa denuncia pedí el jury ante el Jurado de Enjuiciamiento para Jueces y Magistrados. Pasaron ocho años y el juez (Instrucción 3, Fernando Luis Verón) que debía investigar la denuncia que estaba probada, no hizo una sola diligencia”.

No es cuento y a la ciencia ficción no se le ocurriría transformarlo en serie tampoco: “Treinta veces fui al juzgado (de Verón) y nunca me atendió, incluso estoy reconocido como querellante en la causa y ni así me mostraron el expediente. Recurrí a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y tampoco me dieron explicaciones. Entonces denuncié por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario a este juez también y luego pedí jury también, por no hacer lo que correspondía”.

“Todo esto, todo lo hecho está informado al Superior Tribunal de Justicia, con notas aparte a la presidenta María Pía Venchiaruti Sartori. Después de todo lo hecho, el juez Verón resolvió archivar la causa. Por supuesto, apelé esta decisión también (…) Además aclaro que tengo una demanda civil contra quienes me armaron la causa judicial”.

Pero reiteró que la decisión de partir está firme: “Hoy tengo el pasaporte para irme donde tenga todo más claro. Llegué a un punto donde no se puede creer en la Justicia y en la independencia de los organismos del Estado. Hice todo lo que debía. Durante once años me documenté de punta a punta y recurrí a todos los organismos que correspondía y veo que todo sigue igual”.

“Con un telefonazo en Misiones todo se resuelve para bien o para mal. Tengo que buscar otro rumbo para demostrar a la ciudadanía que todavía hay gente que actúa como corresponde. Me voy a ir con la satisfacción de hacer lo correcto hasta donde pude. No hay por hacer, todo está en mano de la Justicia y de quienes toman las decisiones. Ellos deben hacer lo que corresponde. Por mi parte ya no tengo más que hacer. Toda mi vida quise ser policía y lo logré. No me gustan las injusticias y peor cuando son contra mí y contra mi familia. No llegué hasta donde quería para cambiar las cosas que estaban mal”.

“El anhelo de policía que tenía era pertenecer al cuadro de oficiales y obtener la jerarquía suficiente para cambiar lo que estaba mal. Bueno me lo coartaron antes”.

 

“Negrito” Muñoz

“Lastimosamente la sensación de decepción alcanza a varios organismos del Estado, oprimidos por el poder político. Negrito Muñoz por ejemplo, tiene un amplio registro de entradas y salidas en la Justicia. Yo lo detuve en una de ellas y ahora vemos que policías aparecen a su lado delinquiendo y todo sigue igual, como si fuera normal”.

 

“Hay casos de policías que tuvieron faltas graves y siguieron trabajando o simplemente se los escondió y se les dio un sueldo como si nada. Gente con alta jerarquía que mancharía la institución”.

 

“Di lo mejor que pude, lo correcto, no dejé que me ganen las emociones y no hice barbaridades. Todo lo hice por derecho. Estoy decepcionado en cuanto a lo institucional y yo busco algo mejor que ofrecerles a mis hijas, por eso me voy”.

Tags: Jorge Ernesto StieglerMisionesPersecuciónPolicía
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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