Miles de industrias argentinas tienen problemas para comprar insumos y seguir produciendo por falta de acceso al dólar, poniendo en riesgo las fuentes de trabajo. Desde hace meses los sectores del agro no pueden acceder a fertilizantes, herbicidas ni maquinaria agrícola por el mismo motivo. Ni hablar de las farmacias y los hospitales que deben traer medicamentos o insumos; los sectores automotrices que no pueden ingresar vehículos ni autopartes o las electrónicas que sufren para importar televisores, computadoras o celulares.
Todos estos problemas tienen como raíz la traba que pone el Banco Central para que no se le escurran los pocos dólares y poder juntar para cumplir con los vencimientos de la deuda generada por Mauricio Macri con el FMI.
Sumado a esto, cualquier argentino que quiera comprar un producto en el extranjero lo debe pagar con dólar billete “blue” que vale $850, casi 65% por encima del precio oficial de $370. Cualquier artículo que vale US$ 100 en el extranjero para un argentino significa 85 mil pesos.
La otra opción es pagar con tarjeta de crédito o débito, hasta US$ 200 por mes, pagando $650 por dólar debido a que se le aplican recargos (Impuesto PAIS y el adelanto de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales). Y en caso de excederse de ese límite, se pasará a pagar una cotización de $660 (“dólar Qatar”), casi el doble de lo que pagan extranjeros.
Al mismo tiempo, miles de extranjeros principalmente brasileños y paraguayos se surten a lo grande con artículos importados de lujo, como whisky, celulares y electrónica, indumentaria y vestimenta, perfumes y otros artículos pagando el precio del dólar oficial ($370) en el Duty Free Shop de Puerto Iguazú.
El Estado nacional no le cobra impuestos a este comercio, dejando de recaudar miles de millones de pesos para que se beneficie un solo grupo empresario, que se encuentra en Buenos Aires (London Supply, presidido por Eduardo “Teddy” Taratuty) quien sería amigo de la infancia del exvicepresidente Amado Boudou.
En ese “shopping” no solo se fomenta la promoción y el comercio de productos importados, priorizando la industria de otros países por encima de todo lo que se elabora en la Argentina y que genera empleo argentino; sino que además representa una competencia desleal para el comercio local porque ofrece productos mucho más económicos a los extranjeros que visitan las cataratas y otros que vienen “solo a comprar”.
Un restaurante, un artesano o un comerciante argentino radicado en Puerto Iguazú debe tributar impuestos internos, IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y tasas municipales, con proveedores que le abastecen productos con precios en dólar “blue”. Le resulta imposible competir de esa manera con el free shopp que no tributa nada.
“A la Argentina le faltan dólares para importar insumos básicos para la salud, electrónica y maquinaria para el campo o la industria, mientras que le financia la compra de perfume, whisky y electrónica a brasileños y paraguayos”, dijo un comerciante local, consultado por PRIMERA EDICIÓN.
De hecho, la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú siempre ha protestado en forma institucional o política por la competencia desleal que genera este emprendimiento cuyas ventajas fueron otorgadas por el Gobierno nacional.
En la Justicia
Esta desventajosa situación le genera una disminución en las ventas a numerosos comercios y restaurantes de la ciudad que no pueden competir con sus precios y pierden de vender miles de millones de pesos al año. A raíz de esto se encuentra en la Justicia una demanda de Comercial San Nicolás, una empresa de Puerto Iguazú, contra el Estado nacional por la “competencia desleal”. Ya que la Nación es la que favorece el funcionamiento del Duty.
Desde esa empresa, el contador aseguró que “estamos subsidiando a empresarios de otros países, gente con mucho dinero que viene a buscar artículos de lujo a precios irrisorios porque pagan dólar barato y no pagan impuestos internos”.
Al mismo tiempo, cualquier emprendedor, taxista o comerciante de Iguazú debe pagar todos los impuestos internos y comprar sus insumos o herramientas para trabajar a precios de dólar blue.
Semanas atrás, PRIMERA EDICIÓN publicó que el Comité de Vigilancia de la Zona Franca tenía previsto extenderle el plazo de concesión al Duty Free Shop por varios años y ese trámite ahora necesita la aprobación del Ministerio de Economía de la Nación.
El Duty pertenece a London Supply, empresa que figura como aportante de dinero para la compra de Chiccone Calcográfica por parte de Alejandro Vanderbroele, quien fue señalado como supuesto “testaferro” del exvicepresidente Amado Boudou, condenado por la Justicia por armar un plan para quedarse con la imprenta y obtener contratos del Estado.
Siendo ministro de Economía, Boudou fue el mismo que firmó una ampliación de la zona comercial del “shopping”.
Otros 15 años más de concesión
Como lo publicó este Diario, el Gobierno provincial y los empresarios que explotan económicamente la Zona Franca de Puerto Iguazú avanzan sigilosamente en autorizar una ampliación de la concesión por un plazo adicional de 15 años, a pesar de que todavía quedan siete para vencer.
Luego del visto bueno local se debe autorizar por decreto nacional ya que implica una superficie de jurisdicción federal.
La autorización de 30 años, firmada en el año 2000, recién vencerá en 2030. Pero la intención es asegurarse la prórroga con anticipación. Con estos diez años más, el contrato formal se extendería hasta 2040.