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Colectivos: un boletazo más y el reclamo sigue siendo el mismo

Los usuarios del transporte público de Posadas, Garupá y Candelaria continúan exigiendo una respuesta del Grupo Z a los pedidos de ampliar el tope de carga de crédito o entregar tarjetas SUBE. Desde mañana rige un nuevo aumento.

31 octubre, 2023

Sin dar respuesta a los pedidos y las necesidades que los usuarios realizan desde hace años, las empresas del Grupo Z anunciaron que desde mañana aplicarán otro incremento del pasaje del transporte público en Posadas, Garupá y Candelaria.

De acuerdo al cronograma de subas autorizado por las tres municipalidades y la Subsecretaría de Transporte de la Provincia que dirige René Kegler, a partir del 1° de noviembre comenzarán a regir los nuevos valores de la tarifa en modalidad urbano y dentro del sistema integrado.

En Posadas, el boleto costará $130 con SUBE o QR y $170 en efectivo. Hasta Garupá el boleto valdrá $169 y $240 respectivamente. Y hasta Candelaria $197,60 y $280.

Dentro del municipio de Garupá el recorrido con SUBE o QR pasa a costar $139,28 y en efectivo $190. Mientras que dentro del ejido de Candelaria el nuevo valor será el mismo ($139,28 y $190).

La medida es “siempre un golpe al bolsillo” del vecino común que debe tomar el transporte público todos los días, afirmó Luis Gilardoni, de Movimiento Vecinal. “Sabemos que las cosas subieron y que el aumento tenía que llegar, porque ya estaba programado, pero el problema es que no hay contraprestación” del Grupo Z, agregó en comunicación con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, la radio de PRIMERA EDICIÓN.

Para Gilardoni, el problema no sería pagar semejante tarifa si existiera un servicio de calidad. “Seguimos pidiendo cosas que son simples y no vemos que, antes de un nuevo aumento, mínimamente hagan cumplir esas pequeñas pautas que afectan al usuario”, criticó.

Sobre el pedido de respuestas de la empresa y el municipio a sus reclamos, dijo que “no hubo respuestas”, a pesar de las denuncias públicas y notas que hicieron este año. “Nosotros seguimos insistiendo y creemos que por medio del diálogo tenemos que llegar a nuestros funcionarios”, explicó.

 

La tarifa más cara del país

El año 2023 terminará con cinco aumentos en el precio del boleto de colectivo urbano de la capital misionera, llevando el costo a $150 con SUBE Misionero y $200 sin la tarjeta.

De acuerdo a un ranking de las capitales del país, Posadas y Corrientes son las únicas ciudades donde la tarifa alcanzará $200 para fin de 2023.

Para colmo, cada vez son más los usuarios que no tienen posibilidad de utilizar la SUBE y deben pagar el costo más alto, $200 en efectivo, debido a que la empresa designada para administrar la tarjeta, Servicios Urbanos SA, desde enero dejó de entregar plásticos con el argumento de que no se consiguen insumos.

También se presenta permanentemente el drama de que no amplían el margen de carga y el saldo se agota demasiado pronto. Cada usuario puede cargar solamente $600 en cada ocasión, monto que le alcanza apenas para cuatro viajes, debiendo concurrir dos veces por semana, como mínimo, a los pocos puestos de recarga que se encuentran disponibles.

En junio se conoció el decreto del intendente Leonardo Stelatto donde se estableció una seguidilla de aumentos, cinco en total, a aplicarse hasta diciembre cuando los valores serán $150 y $200 respectivamente. Implica una suba de 300% en menos de un año.

Además de que no reciben el plástico de parte de Servicios Urbanos, las empresas del Grupo Z se niegan a instrumentar la tarjeta SUBE nacional, que se puede comprar a precio más económico en cualquier kiosco, se puede cargar saldo sin límite y otorga mayores beneficios para los usuarios, como descuentos por la cantidad de kilómetros recorridos.

Desde hace años los usuarios reclaman la SUBE nacional pero el Grupo la rechaza, porque quedaría expuesto a los controles de la Nación y se transparentarían sus números, algo que viene evitando a toda costa desde décadas. Hoy en día el Grupo presenta la venta de boletos y los kilómetros recorridos mediante declaración jurada, que nadie controla.

 

El único gran perdedor

En todo este lío, el usuario es el único gran perdedor. Si pierde el plástico, por el motivo que fuere, la empresa se niega a tramitarle el de reposición con el argumento de un problema de suministro de chips y plásticos. Por ende, miles de personas son empujadas a bajarse la aplicación SUBI para poder gozar del descuento o de lo contrario resignarse a pagar de más, en efectivo.

Pero, si eso no fuera suficiente manoseo, quien sí tiene el plástico o en su defecto la aplicación, se tiene que conformar con el insignificante saldo de $600 como máximo que permite el sistema. Con las subas, ese dinero no significa absolutamente nada para un empleado que trabaja en turno cortado, ya que la carga máxima le alcanzará para los cuatro viajes de un solo día. Por lo tanto, muchísima gente se ve empujada a peregrinar buscando puntos de recarga (que escasean), para no tener que pagar de más.

Si por ejemplo se ampliara el cupo de carga, en el caso que se autorice un monto de $3.000, le alcanzaría para pagar los boletos de una sola semana al mes. Sin duda, otro abuso contra la población por donde se mire.

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Tags: boletazoCódigos QRColectivosFM 89.3Grupo ZSUSAtarjeta SUBETransporte Público de PasajerosUsuarios rehenes
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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