En medio de la opacidad y la falta de comunicación clara y concreta que ha decidido adoptar la administración de Javier Milei, a pesar de nombrar un vocero que habla todas las mañanas sin dar mayores precisiones, este medio pudo averiguar que buena parte del gabinete aconseja al presidente Javier Milei, negociar y avanzar paso a paso en el Congreso con las reformas necesarias para modernizar la economía, pero otro sector estaría de acuerdo con la proverbial impaciencia del primer mandatario que estaría dispuesto a gobernar a golpe de decreto si los parlamentarios no comprenden que él, al igual que sus antecesores, merece gobernar con facultades extraordinarias justificadas por la peor crisis de reserva monetaria que la Argentina moderna recuerde.

En ese contexto, en los despachos de la Casa Rosada, se trabaja contrarreloj para tener presentado, mañana lunes, los lineamientos generales de un decreto de necesidad y urgencia con más de 1.800 puntos y más de 300 páginas con medidas que servirán para “desregular la economía que está estancada por enormes corsets legales”, según expresó un funcionario muy cercano al líder de La Libertad Avanza.

Si se decide avanzar por la vía de los decretos (DNU) y no por la presentación de una ley ómnibus para poner a consideración de los legisladores, es indudable que se habrá impuesto la impaciencia de Javier Milei.

Ahora bien, algunos puntos de los muchos se escriben por estas horas en los despachos de la Jefatura de Gabinete nacional y en la Secretaría Legal y Técnica que le cuida la firma al Presidente, además, de la Procuraduría del Tesoro al frente del experimentado Rodolfo Carlos Barra.

La ley de Góndolas, de observatorio de precios justos y la más antigua, la Ley de Abastecimiento, están escritas en los papelitos pegados en el pizarrón que Milei suele arrancar al grito de: ¡Afueraa!

La Ley de Abastecimiento, blandida como amenaza verbal durante la gestión de Alberto Fernández ante los constantes aumentos de precios de los bienes, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios, realizar las inspecciones correspondientes en los locales, y puede suspender comercios, imponer multas y hasta clausurarlos durante tres meses si se observa desabastecimiento de productos.

La ley de Observatorio de Precios, datada en 2015, sirve para monitorear y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos. Para los más cercanos a Milei, se trata de una oficina de empleo de la llamada casta.

La Ley de Góndolas, también reciente en el tiempo, regula la disposición de los productos en los súper con más de 800 metros cuadrados y obliga a los comerciantes a poner algunos productos más a la vista de los consumidores.

Comercio interior: un cambio drástico

Se trata de un decreto del año 1944, refrendado en el Congreso, y que impone que el transporte de mercancías con origen y destino en puertos nacionales se realice por buques argentinos con oficiales nacionales y con marinos mercantes naturales del país al menos en un 25% de la tripulación de cada embarcación.

En la práctica, la marina mercante no funciona en nuestro país y basta con observar a los buques que circulan por la Hidrovía del río Paraná, para notar que en su mayoría son de bandera paraguaya.

Sin embargo, la desregulación del transporte fluvial terminaría por liquidar la actividad de los astilleros nacionales en una situación análoga a la que sucedió en la década del 90 con el final de la actividad de la marina mercante de ultramar.

En ese contexto de profundos cambios regulatorios, se aguarda por la privatización de las sociedades del Estado.

Para privatizar una empresa pública se debe seguir un camino legislativo, largo, arduo, de mucha paciencia que parece no tener Javier Milei.

Las privatizaciones pueden realizarse vendiendo las empresas o activos estatales o concesionando un servicio público por un determinado lapso de tiempo y es necesario que el Congreso apruebe una ley y el ejecutivo defina la modalidad y el procedimiento que puede ser a través de una licitación, remate, concurso o venta bursátil, la favorita de “Toto” Caputo. La palabra final del ministro Luis Caputo no es menor, si se lee correctamente unos de los primeros decretos de la administración de Javier Milei.

Lo que sí se conoció y fue publicado en el Boletín Oficial fue uno de los primeros Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Allí se reordenaron los ministerios y secretarías, dejando claras algunas de sus atribuciones.

En el texto de la norma destacan las competencias otorgadas tanto al ministro de Economía como al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para dar lugar al achicamiento del Estado y avanzar en “privatizar todo lo que pueda ser privatizado”, tal como había declarado el propio Milei.

El ministro de Economía tendrá el poder de “intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, actuantes bajo su órbita”, se afirma en el Boletín Oficial.

Hay más de treinta empresas públicas que podrían ser privatizadas y, si cumple con lo prometido, Milei arrancará con YPF, de la cual el Estado posee el 51% de la compañía.

También tiene interés de desprenderse de la agencia de noticias Télam, de Radiotelevisión Pública, de AySA, Aerolíneas Argentinas que ya fuera privatizada en 1990 para volver a manos del Estado en 2008.

La orden de Milei en la última reunión de Gabinete fue tajante. “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estarlo”.

Es seguro que en este paquete de medidas a anunciarse se aclare que no se renovarán los fideicomisos del trigo y el aceite que pierden vigencia a fin de año.

Tres son los fideicomisos que creó el gobierno de Alberto Fernández para controlar la suba de los precios internos de alimentos populares a base a harina de trigo y aceite comestible. Pues bien, no se renovarán.

Además de la transformación de las sociedades del Estado en anónimas el corazón de la norma a presentarse, es la desregulación de alquileres para que puedan pactarse en moneda extranjera y puedan regirse por el Código Civil y Comercial.

Los otros motores de la reforma, cuyo boceto original pertenece al trabajo presentado por el economista y ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, son las reformas en el empleo público, en los servicios de comunicación audiovisual, en el régimen de obras sociales y en cambios en la ley de defensa de la competencia.

Todos estos decretos, que se firmarán tras la devaluación de la moneda nacional, son de inminente publicación según pudo recabar este medio.

Es una decisión adoptada por Javier Milei luego de escuchar al nuevo titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien le explicó los plazos pausados que tienen los legisladores para conformar las comisiones para, luego, comenzar a tratar los proyectos que remita el Ejecutivo.

En ese sentido, Milei y sus funcionarios de confianza, están decididos a presentar sus planes para desregular la economía en las próximas horas confiando en que los efectos de los anuncios se produzcan antes de las fiestas navideñas, período en el que se tomará nota de las resistencias que generen las medidas reformistas.