El convenio que garantiza el acceso a los medicamentos (en muchos casos gratuitos) a los afiliados del PAMI está en riesgo, no solo por un retraso en los pagos sino por el desfasaje entre el precio que paga la obra social por los medicamentos y el precio de mercado, brecha cada vez mayor que en parte absorben las farmacias.
Por ello, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), pidió ya en varias ocasiones audiencia con las nuevas autoridades del PAMI y advirtió que “la existencia de un precio PAMI sin actualización, abre el camino a corto plazo a la imposibilidad de seguir brindando la prestación a los jubilados ya que las farmacias pierden su sustentabilidad económica”.
Reclamó además el retraso en los pagos y señaló que “ambos problemas deben ser definidos de manera inmediata, pero la actual falta de interlocución con autoridades en el PAMI está dilatando las decisiones y búsqueda de consensos, que se requieren de modo imprescindible para no afectar la normal provisión de medicamentos a nuestros adultos mayores a muy corto plazo”.
Al respecto, el titular de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de la Provincia (CAPROFARBO), Alberto Ruiz, señaló a PRIMERA EDICIÓN que tras el DNU 70/2023 “la preocupación se multiplica sobre lo que pasará con las obras sociales y con el PAMI, con quien tenemos el convenio insignia de las instituciones”.
“Tenemos muchas dificultades”
En este sentido, indicó que con todo lo expuesto en el DNU “está claro que va a haber una desfinanciación para las obras sociales sindicales”. Con este proceso de cambio en las regulaciones, adelantó que “repercute en la forma en que vamos a cobrar las prestaciones”.
Puntualmente en el tema PAMI, aclaró que “el convenio está vigente, pero en la práctica tenemos muchas dificultades, porque veníamos cobrando y en los últimos días hubo un atraso”. Indicó que “en este modelo que se firmó con los laboratorios, donde lo que nos pagan a nosotros es distinto al precio de venta al público, esa diferencia se fue por las nubes y ya no podemos aguantar”.
Más allá de un llamado a los socios, para que sigan atendiendo a quienes tengan PAMI, explicó que “entendemos que quien no puede, especialmente las farmacias de los localidades más chicas, no se le puede pedir que haga milagros”. Ante un desfasaje entre los precios, lamentó que “es un suicidio seguir atendiendo”.
No obstante, aseguró que la gran mayoría de las farmacias siguen atendiendo a los afiliados de la obra social de los jubilados y pensionados, “quizás ya no al 100%, algunas con muchas dificultades en los pueblos chicos, con farmacias medianas a chicas”, admitió Ruiz.
“Se busca desprofesionalizar la función de la farmacia”
Ayer, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), expresó su “profunda inquietud” ante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Según indicaron, los postulados del DNU “ponen en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente, la integridad de la profesión farmacéutica, los principios constitucionales de la división de poderes y el federalismo”.
Advirtieron además que se ve amenazada la esencia misma de la farmacia, concebida como un centro de salud con dispersión territorial, porque el decreto “promueve un modelo probadamente desacertado al intentar desregular y desprofesionalizar la función de la farmacia”.
Indicaron que “esta pretendida acción que viene a salvaguardar la competitividad, deja abierta la comercialización, como si el medicamento fuese una mercancía común y entonces, se asemeja más a un plan de negocios que al uso racional de una herramienta esencial para la salud de los argentinos”.
En este contexto, la FACAF recordó que la actividad farmacéutica está regida por una ley y que el Código Penal nacional tipifica toda acción fuera de la farmacia, como ejercicio ilegal de la farmacia.
Destacaron además que la salud es un derecho de cada provincia no delegado en el Gobierno nacional, “con lo cual creemos necesario gestionar con las autoridades de cada una de nuestras provincias, explicando los riesgos sanitarios que conllevan estas medidas comprometiendo el acceso equitativo a medicamentos de calidad”.
Anticiparon que el equipo jurídico y legal estudia los alcances del DNU, a los fines de trazar un plan de acción consistente con nuestros objetivos institucionales, defender la farmacia y la accesibilidad de la población al medicamento.
