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El Ejecutivo prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero

El Congreso discute el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

20 enero, 2024
Imagen ilustrativa

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El Gobierno prorrogó este viernes las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, en momentos en que el oficialismo de la Cámara de Diputados aceleraba los contactos informales con los legisladores de los bloques considerados dialoguistas para terminar de pulir algunos aspectos de la ley “Bases”, con el objetivo de emitir dictamen del proyecto entre lunes y martes de la semana próxima y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.

Para poder cumplir con estos tiempos, el Poder Ejecutivo estableció la prórroga del período de sesiones extraordinarias desde el 1 hasta el 15 de febrero, teniendo en cuenta que el reglamento de Diputados exige que los dictámenes sean firmados 10 días antes del final del período en el cual el Congreso está habilitado para funcionar.

Además, esta prórroga de extraordinarias también habilita a que el Senado tenga más margen para trabajar, con un borrador que circula en los despachos de LLA que marca un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto el 7 o el 14 de febrero.

En cuanto a las conversaciones en Diputados, este jueves, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, tras reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en consensos que permitirían convocar a un plenario de comisiones entre el lunes y martes de la semana próxima.

El consenso al que se llegó está basado en la posibilidad de modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.

Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.

El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.

En otro punto el texto dice que se fija en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.

Sobre las empresas del Estado a privatizar, solo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.

En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

En relación a la cuestión previsional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó en declaraciones públicas que están en estudio “dos o tres alternativas” para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está sería una” de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a ‘generar la actualización por algún índice'”, como por caso por inflación.

Los avances fueron destacadas este viernes por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien puso de relieve el apoyo de “un sector de la oposición” al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, al igual que empresarios pyme y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Me gustaría destacar el trabajo en la Cámara de Diputados, especialmente con un sector de la oposición que de manera razonable no sólo están acompañando sino que nos han alcanzado un sinfín de mejoras para hacerle a la ley que hemos recibido con mucho agrado”, expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Por su parte, y en declaraciones radiales, el diputado nacional Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), calificó de “cordial” la reunión que ese espacio político mantuvo con funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza para buscar un acuerdo sobre la ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y señaló que se explicaron las discrepancias “con altura y sustancia”.

De este modo, el diputado se refirió al encuentro realizado este jueves entre el ministro del Interior, Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo con los bloques opositores que están dispuestos a apoyar, si se realizan modificaciones, el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional.

Este viernes, en tanto, desde la oposición, el jefe de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó los acuerdos entre legisladores del oficialismo y la oposición considerada dialoguista para avanzar en la ley y afirmó que “están por abrir la puerta al poder absoluto” en manos del presidente Javier Milei, al afirmar que “lo hacen en una negociación a espaldas del Congreso”.

Según Martínez, con esas modificaciones “algunos bloques le van a permitir que pasen núcleos fundamentales sobre el que se basa el plan económico y político de Milei”.

En declaraciones a Futurock, el jefe de la principal bancada opositora dijo seguir “por los medios” las alternativas de esas negociaciones con los bloques más dialoguistas y el oficialismo y recordó “cuando a principios de semana dijimos que había dos ámbitos de negociaciones: uno formal en las comisiones donde recibimos a entidades y referentes sectoriales, con voces del 85 por ciento en contra y enfrente en el primer piso del despacho del presidente Martín Menem se llevaba adelante una negociación sobre el núcleo neurálgico del proyecto”.

A esos cuestionamientos, se sumó un grupo de 10 de los 34 diputados nacionales que integran el bloque de la UCR, que se diferenció del resto de la bancada y le solicitó este jueves al Poder Ejecutivo por vía de la Presidencia de la Cámara extienda las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de febrero para “dar el debido y adecuado tratamiento” al proyecto de ley “Bases”.

Encabezado por el bonaerense Facundo Manes, el mendocino Julio Cobos y el formoseño Fernando Carbajal, este grupo se debate entre “no claudicar ante la inflexibilidad” del Poder Ejecutivo y “no quedar votando junto al kirchnerismo”, mientras miran con recelo “el silencio sobre las definiciones del sector de Martín Lousteau”

En cuanto al escenario de cara a una posible sesión, La Libertad Avanza parte de sus 38 diputados propios y puede sumar con los aliados a Buenos Aires Libre, Unión Mendocina, Creo, Avanza Libertad y Producción y Trabajo, siete apoyos con lo que alcanzaría 45 votos, por lo cual requiere el respaldo de la mayoría de los diputados del PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal para alcanzar los 129 del quórum y de la mayoría para las votaciones

Así, desde LLA miran atentamente a la UCR que suma 34; el PRO, 37; Hacemos e Innovación, 32 y Ser Santa Cruz, 2; en un mapa en el cual Unión por la Patria con 102 votos y la izquierda con 5 que rechazan de plano la iniciativa.

En caso de lograr el acuerdo con los bloques dialoguistas, el oficialismo conseguiría un dictamen con 68 firmas y superarían a Unión por la Patria y la Izquierda, con el rechazo a la ley, que totalizarían 47, sobre las 115 totales que componen el plenario.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: ArgentinaCongresoExtraordinariasLegislativasLey Ómnibus
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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