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El Gobierno da de baja a más de 27 mil planes sociales por incompatibilidades

El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión luego de realizar la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de los titulares de Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. El monto total supera los $2.000 millones.

22 enero, 2024

El Ministerio de Capital Humano confirmó en las últimas horas que dará de baja a más de 27.000 beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo luego de realizar la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares.

El justificativo que esgrimieron desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, es que los beneficiarios tenían irregularidades y no cumplían los requisitos para recibir estos aportes estatales.

“Se detectaron 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000 millones del Estado nacional”, afirmó el organismo dirigido por Pettovello.

“Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000 millones del Estado nacional”, agregaron desde el Gobierno mileísta.

Según fuentes oficiales, algunas de las incompatibilidades, detectadas por el cruce de información entre ANSeS y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS) fueron “beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad”.

El anuncio de la baja actual de las 27.220 beneficiarios se suma al anuncio que realizó el Gobierno de los 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que viajaron al exterior en yates, aviones privados, aerolíneas y autos, entre otros medios de transporte y a la vez cobraban el plan social. Hasta el momento, esta última baja no se hizo efectiva.

El gobierno de Javier Milei quedó, a partir del lunes 8 de enero, habilitado a tomar una demorada decisión que se viene arrastrando de la gestión anterior: la suspensión preventiva de los casi 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad social pero que son cobrados por personas que viajaron al exterior.

Aquel recorte involucró unos $12.000 millones mensuales.

Por, ende el último martes 16, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se están terminando de entrecruzar los datos y que “en cualquier momento la baja se hará efectiva”.

 

Investigación

La causa se inició con la investigación que realizó el fiscal Guillermo Marijuan. “Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, agregó el fiscal.

Tras un entrecruzamiento entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron.

Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Toda esa investigación que se difundió hace más de dos meses y que involucra a 1 de cada 10 subsidios, no había tenido hasta ahora ningún resultado. Los nombres de los beneficiarios estaban en bases de datos que las tenían en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.

$73.000 por mes

En tanto, los montos que reciben los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo están congelados hasta nuevo aviso, según indicó el portavoz de Javier Milei. Actualmente, el pago mensual que reciben los beneficiarios es de $73.000.

En general, los planes sociales están destinados a personas desempleadas o que trabajan en el sector informal, es decir, “aquellas personas que no poseen ingresos aptos o suficientes para garantizar una mínima calidad de vida en cuanto a las necesidades básicas propias y las de su grupo familiar”.

Por ejemplo, “el Programa o Plan Potenciar Trabajo es una iniciativa del Gobierno Argentino que busca promover una mejora en la generación de empleos en el país. Además de la creación de nuevos puestos de trabajo, el programa también tiene el objetivo de capacitar a sus participantes e incentivarlos a que culminen su formación académica entre otras cosas”.

Ingresos

Una familia conformada por dos adultos y dos menores de edad necesitó en diciembre un ingreso de casi $495.798 para no ser considerada en situación de pobreza, informó el (INDEC).

Este número se desprende del costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió 27% el mes pasado. Este indicador a lo largo de 2023 reflejó un incremento acumulado de 225,1%.

Por su parte, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 30,1% en diciembre, lo que determinó que el mismo tipo de familia necesitara ingresos por $240.678 para no caer en la indigencia.

En este último caso, que mide únicamente la evolución de los precios de los alimentos que forman parte de la canasta, el costo sumó una suba de 258.2% en 2023.

La diferencia entre ambas canasta radica en que la total incluye precios regulados, como el transporte, electricidad y gas, que reflejaron menos subas que alimentos y bebidas.

 

En números

A lo largo de 2023, la inflación general fue del 212%, el mayor registro desde 1990 a la fecha. Al respecto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes.

En ese marco, la cantidad de personas en situación de indigencia se ubicó en el 9,6%, según el trabajo de la UCA.

La medición de la casa de altos estudios tiene como período de corte a septiembre 2023, por lo que no contempla las subas de 8,3% registrada en octubre en el índice de precios al consumidor, del 12,8% en noviembre; y del 25,5% en diciembre.

Las cifras de la UCA reflejaron un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia fue del 8,1%.

 

“Situación crítica”

El director del ODSA, Agustín Salvia, dijo recientemente que la sociedad argentina tiene una “gran capacidad de aguante” ante las reciente medidas que impulsó el Gobierno que dispararon la inflación y reconoció que “todavía no hay un shock de cierre del consumo”, pero no lo descartó: “Lo va a haber seguramente”.

“Existe un sistema de programas sociales que hace que haya un piso de ingresos y que ese mismo piso genere demanda de trabajo informal en los propios barrios. La situación es crítica pero no es explosiva”, remarcó el investigador principal del CONICET.

“Todavía no hay un shock de hambruna, pero lo habrá si se tocan los planes”, señaló finalmente.

El economista y director de la consultora, Focus Market, Damián Di Pace, precisó que en Argentina hay 182 planes sociales y más 25 millones de personas reciben estos beneficios.
“En cuanto al dinero que el Estado destina para estas ayudas, el 46%, el mayor porcentaje, pertenece al exMinisterio de Desarrollo Social y en 2021 el número se ubicó en $7.000 millones”, señaló Di Pace.

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Tags: bajasMinisterio de Capital HumanoPlanes socialesPotenciar TrabajoSandra Pettovello
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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