Ante la escalada de fuertes aumentos en las prepagas, que vienen aplicando desde principios de año, el kirchnerismo presentó un proyecto para declarar la emergencia por 365 días para usuarios de empresas de medicina prepaga en todo el país, que en abril implementarán subas entre el 16 y el 19% promedio.
Se trata de un proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha, que se suma a otras iniciativas del radicalismo y otros bloques de la oposición, y que propone suspender los aumentos de las cuotas de las prepagas producidos a partir de diciembre de 2023, tras la desregulación de las cuotas dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La iniciativa dispone además que “solo pueden autorizarse aumentos mensuales de las cuotas de los servicios de Medicina Prepaga según el promedio entre el Índice de Costos de Salud (ICS) establecido en la Resolución 1293/2022 del Ministerio de Salud y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes inmediato anterior publicado, debiéndose reajustar los aumentos a este resultante, a partir del mes de diciembre de 2023”.
Según Macha, “el proyecto se funda, en primer lugar, en la convicción de que la salud y la vida se encuentran por encima de todo criterio económico de mercado, entendiendo que -más allá de su constitución como empresas- los entes de medicina prepaga tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial”.
“Los abruptos aumentos unilaterales experimentados desde diciembre de 2023, y carentes de control gubernamental alguno, configuran una práctica abusiva que no puede ser permitida por desnaturalizar el contrato de medicina prepaga, afectando directamente la salud de miles de usuarios a lo largo y ancho del país”, sostiene la diputada de UP.
Para Macha, “resulta menester, de manera imperiosa, que el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia sea rechazado y declarado nulo de nulidad absoluta e insanable de conformidad con lo establecido en la Carta Magna Nacional. Consideramos que la situación de quienes se han visto agredidos por aumentos a todas luces desproporcionados e irrazonables debe ser abordada de forma específica”.
Según la diputada de UP, “es urgente dar certeza y previsibilidad a las partes, garantizando la protección de los usuarios, usuarias y los consumidores y consumidoras, que ven afectada su capacidad de pago así como profundizada la escasa o nula aptitud de negociación frente a las prestadoras de servicios”.
Con la iniciativa, de acuerdo a los fundamentos, “se busca establecer un mecanismo de actualización que permita a las Empresas de Medicina Prepaga afrontar los mayores costos y mantener la calidad de servicios prestados, sin que ello afecte la capacidad de pago de los usuarios y usuarias”.
Para ajustar las cuotas, el proyecto propone un índice entre el Índice de Costos de Salud (ICS) y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), como una fórmula razonable de actualización de valores. Según Macha, se trata de un mecanismo “más ajustado a la angustiosa realidad económica y social imperante”.
¿Qué dice el proyecto sobre las prepagas?
El proyecto propone declarar por 365 días corridos la emergencia para usuarios de Empresas de Medicina Prepaga en todo el territorio nacional y suspende los aumentos de las cuotas producidos a partir de diciembre de 2023, como consecuencia de la desregulación del precio de las mismas, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Entre otras cuestiones, el proyecto fija además que los aumentos de las cuotas producidos desde el mes de diciembre de 2023 que hayan sido abonados por los usuarios del servicio, deben ser reajustados con ese Índice.
Durante el plazo de emergencia, se suspende además la aplicación de toda normativa o cláusula contractual que implique la desvinculación de los usuarios del servicio por falta de pago de las cuotas correspondientes.
También, establece que los usuarios que hayan sido desvinculados de los servicios de las Empresas de Medicina Prepaga, por cualquier causa, a partir del mes de enero de 2024, deben ser reincorporados de manera inmediata durante el plazo de vigencia de la emergencia, al que se le deben adicionar 90 días corridos posteriores.
Todos los aumentos desde diciembre
El incremento del mes de abril será el cuarto aumento consecutivo en el año, en un intento de las entidades por recuperar el atraso de precios que tuvieron en 2023. De acuerdo a la desregulación que habilitó el mega DNU, los prestadores podrán establecer libremente aumentos y aplicaron subas del 30% en enero, 26% en febrero, y 23% en marzo.
Considerando que las prepagas deben notificar las subas con al menos 30 días de anticipación, algunas ya comunicaron a los usuarios los siguientes aumentos: Galeno 19%, Omint 17%, Swiss Medical 17%, y Medicus 16%.
Ante esos aumentos, ya se presentaron varios amparos para frenar estas subas, que tuvieron resultados favorables, aunque no fue para todos los afiliados sino para casos particulares. Solo en una causa, contra el Hospital Italiano, hubo un amparo colectivo que obligó a la entidad a retrotraer los aumentos a 120 afiliados.
Esta última fue la primera decisión judicial que alcanza a un grupo de afiliados y los efectos se extienden a todas las causas futuras en las mismas circunstancias, es decir con aumentos de cuota similares.
Por eso, en el sector esperan más fallos similares a partir de este precedente. El último fallo contra los aumentos de las prepagas fue con la Justicia federal de San Martín, que ordenó a una empresa de medicina prepaga abstenerse de aplicar los aumentos dispuestos tras el DNU del gobierno de Javier Milei en el caso de una jubilada de 84 años que no puede afrontar el incremento.
Jubilados de distintos puntos del país, que hasta ahora podían pagar una prepaga no pueden afrontar los aumentos y están recurriendo a la Justicia con amparos y medidas cautelares. Muchas causas están demoradas porque juzgados las rechazan para que sean tratadas en un amparo colectivo.
En algunos juzgados del fuero civil y comercial se traban cuestiones de competencia.
Varios abogados se quejan de esta circunstancia, porque explican que todo terminará en la Corte Suprema y sostienen que hasta que no se resuelva sobre la constitucionalidad o no del DNU, no habrá una sentencia definitiva sobre las prepagas.
