La Cámara de Diputados le dio media sanción a las modificaciones del Monotributo incluidas en la Ley Bases, como el reingreso de los excluidos desde enero 2024 y el mantenimiento de la vigencia del Monotributo Social por otros 90 días, pero que el Gobierno planea eliminarlo.
El proyecto del Ejecutivo supone una actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y eliminaría la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado.
También, subirían los montos de toda la escala y los importes a pagar.
Si se aprueba el proyecto en el Senado, los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto ascendería a 68 millones de pesos.
Además, habría un aumento en importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado ($3.000), y de los aportes al régimen jubilatorio ($9.800) y a la obra social ($13.800), totalizando $26.600 mensuales de facturación.
Asimismo, se fijaría en $385.000 el precio unitario de facturación tanto para quienes ofrezcan servicios como para quienes vendan productos. Y se establecería una actualización anual por inflación.
Por otro lado, el proyecto de reforma del régimen simplificado para pequeños contribuyentes prevé la posibilidad de regresar por única vez a quienes hayan pasado al régimen general por haberse excedido en el tope permitido, para que “a partir del 1° de enero de este año puedan volver al régimen sin esperar los tres años, si cumplen con los nuevos parámetros”, según el Blog del Contador.

Monotributo social
El Gobierno plantea la derogación del monotributo social, que alberga a cuentapropistas y personas en situación de vulnerabilidad, que se encuentran fuera del mercado formal laboral o trabajando en relación de dependencia con ingresos brutos inferiores al salario mínimo.
El diputado Itaí Hagman, de Unión por la Patria, aseguró que 1,2 millones de personas pobres van a quedar sin obra social, sin aportes previsionales y sin poder facturar, y pidió que se modifique el artículo 95 del dictamen para que quede como en la ley original, donde los efectores de la economía social no debían ingresar el impuesto integrado.
También los diputados Pedro Galimberti, de la UCR, y Esteban Paulón, de Hacemos Coalición Federal, manifestaron preocupación que se derogue el monotributo social que beneficia a alrededor de 1 millón de personas, algo que no tiene costo presupuestario real, aseguraron. El diputado Nicolás Massot aceptó que se pactó la votación por capítulo, pero consideró que “este es un problema que recorre todos los bloques y que se debe atender”.
Tras un cuarto intermedio, se acordó postergar por 90 días la eliminación del monotributo social para que en ese plazo el Gobierno y la oposición negocien una alternativa para incorporar una categoría inferior a la “A” en el régimen simplificado.
Actualizaciones semestrales
Otra medida contemplada en el proyecto incluye la posibilidad de que el Poder Ejecutivo bonifique hasta el 20% del impuesto integrado total a ingresar en un año fiscal, distribuido en una o más mensualidades. El beneficio se destinaría a los pequeños contribuyentes que cumplan con ciertas modalidades de pago o que mantengan un estricto cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales.
Además, se establece que los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar para cada categoría de pequeño contribuyente, junto con las cotizaciones previsionales y otros importes mencionados en la ley, se actualizarán semestralmente a partir del año fiscal 2025. Esta actualización se realizará en los meses de enero y julio, utilizando el coeficiente resultante de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proporcionado por el Indec.
Asimismo, durante el período fiscal 2024, el Gobierno tendrá la facultad de aumentar los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, así como las cotizaciones previsionales y otros importes correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente.
Fuente: Infobae e iProfesional.